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Lesa patria: las señales de alerta que no deberíamos ignorar

El concepto de lesa patria ha sido utilizado históricamente en el debate político latinoamericano para describir conductas que debilitan las instituciones democráticas, erosionan la confianza pública o comprometen intereses fundamentales del Estado. Más allá de sus distintas interpretaciones, el término remite a una preocupación común: el deterioro de las condiciones que permiten la convivencia democrática.

El asesinato del periodista Camilo Rodríguez ha reabierto una discusión necesaria sobre las condiciones en que se ejerce el periodismo en Costa Rica, el estado de la libertad de prensa y la capacidad de las instituciones para proteger a quienes denuncian asuntos de interés público.

Esta preocupación no surge únicamente a partir de este crimen. Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha advertido sobre el deterioro de las condiciones para el ejercicio del periodismo en el país y señaló que Costa Rica pasó del puesto 8 al 38 en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa entre 2022 y 2026. La organización también ha alertado sobre el aumento de presiones contra periodistas críticos, obstáculos para acceder a información pública y factores que favorecen la autocensura. Estas advertencias no deberían interpretarse únicamente como una crítica al país, sino también como una oportunidad para reflexionar y corregir aquello que pueda estar debilitando nuestras instituciones democráticas.

En ese contexto, el caso trasciende el ámbito de un hecho criminal aislado y plantea interrogantes sobre la fortaleza de las garantías democráticas y el clima en que periodistas, denunciantes y ciudadanos ejercen su libertad de expresión.

Costa Rica fue considerada durante décadas una de las democracias más sólidas de América Latina. Sin embargo, esa imagen no puede sostenerse únicamente sobre nuestra historia, la abolición del ejército o la celebración de elecciones.

La democracia también se mide por la seguridad de sus ciudadanos, la independencia institucional, la libertad de prensa, la transparencia y la posibilidad de cuestionar al poder sin temor.

Durante décadas, los distintos gobiernos, incluido el actual, han tenido la responsabilidad de fortalecer el contrato social costarricense y responder a las necesidades de la población. Sin embargo, la persistencia de problemas en materia de seguridad, desarrollo, transparencia y confianza institucional evidencia vacíos acumulados a lo largo de distintas administraciones. Entre mayo y noviembre se registraron entre 17 y 22 jornadas de protesta, según distintos recuentos periodísticos, reflejo del descontento existente en diversos sectores sociales. Cuando las demandas ciudadanas permanecen desatendidas durante años, se debilita la confianza en las instituciones y se resiente la capacidad del Estado para actuar en función del bien común.

Quienes ejercen el poder deben propiciar un ambiente de confianza y respeto. El Poder Ejecutivo, por su liderazgo y representación nacional, debe dar el ejemplo. La comunicación oficial debe informar con veracidad, explicar las decisiones de gobierno y rendir cuentas, sin alimentar divisiones ni descalificar a quienes piensan diferente. Los medios públicos, financiados por la ciudadanía, deben estar al servicio del interés general. Las decisiones que comprometen los recursos y el futuro del país requieren información clara, escrutinio público y transparencia. Gobernar también significa proteger el ambiente democrático en el que vive la población.

La patria no es propiedad de quienes gobiernan; pertenece a todos

Esta exigencia no significa defender al antiguo bipartidismo ni respaldar al movimiento político que hoy gobierna. Significa comprender que ningún partido ni gobierno está por encima del país. Los gobiernos y partidos pasan, pero las instituciones y los recursos públicos deben permanecer al servicio de la ciudadanía.

A esa responsabilidad se suma la amenaza del narcotráfico y el crimen organizado. Su capacidad económica, su violencia y el riesgo de penetración en estructuras institucionales exigen investigaciones rigurosas, controles independientes y rendición de cuentas. No bastan los discursos contundentes: se necesitan resultados.

Los asesinatos de periodistas como Parmenio Medina e Ivannia Mora dejaron heridas profundas en nuestra historia. La impunidad del caso de Ivannia y los cuestionamientos que rodearon estos crímenes evidencian las dificultades del Estado para garantizar justicia.

No podemos permitir que el miedo se convierta en una forma de censura. Tampoco podemos esperar que sean únicamente los periodistas, los denunciantes o unos pocos ciudadanos quienes asuman la responsabilidad de defender la democracia. Durante demasiado tiempo hemos delegado esa responsabilidad en otros.

La democracia no se defiende sola

La responsabilidad por el país no corresponde únicamente a quienes ocupan cargos públicos. También requiere ciudadanos informados, participativos y capaces de exigir cuentas.

El rumbo de Costa Rica depende también de la forma en que cada ciudadano ejerce su derecho al voto. El voto no es negociable. No debería intercambiarse por dinero, favores o beneficios pasajeros, ni ejercerse sin conocer la trayectoria, actuaciones y compromisos de quienes aspiran a gobernar. La democracia exige ciudadanos con criterio propio, no voluntades condicionadas por intereses ajenos.

Desde FUDECOVITRA creemos que honrar la memoria de Camilo significa asumir el compromiso que nos deja su ejemplo: ejercer nuestra libertad de expresión, denunciar aquello que perjudica el bien común y no guardar silencio ante las injusticias. Su memoria debe impulsarnos a informarnos, participar, fiscalizar, documentar y exigir rendición de cuentas.

No podemos seguir siendo dos bandos enfrentados mientras el país pierde seguridad, confianza y oportunidades. Necesitamos volver a reconocernos como costarricenses antes que como adversarios políticos.

Recordemos a Parmenio Medina, Ivannia Mora, Camilo Rodríguez y a tantas otras víctimas de la violencia. Que sus nombres no sean una estadística o noticia pasajera.

Que el dolor no nos divida todavía más, sino que nos recuerde aquello que debemos defender: la paz, la justicia, la libertad y la dignidad humana.

Porque una democracia no se pierde solamente cuando alguien la destruye desde el poder. También se debilita cuando quienes deberían defenderla deciden guardar silencio.

La patria no se defiende desde una tribuna política. Se defiende desde cada comunidad, desde cada institución y desde cada ciudadano que decide no permanecer indiferente.