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Silenciar a la prensa: el síntoma que una democracia no puede ignorar

La tarde del lunes 16 de noviembre, el periodista Camilo Rodríguez Chaverri fue asesinado a tiros mientras conducía por la ruta 32, en Santo Domingo de Heredia. En los últimos años se había dedicado a denunciar públicamente presuntos vínculos entre el narcotráfico, la política y otros sectores del país. Según el fiscal general, Carlo Díaz, Rodríguez había denunciado amenazas contra su vida y fue referido al programa de protección de víctimas y testigos, al cual decidió no ingresar.

El móvil todavía no está esclarecido y corresponde a las autoridades determinarlo. Sería irresponsable atribuir la autoría a alguien sin prueba. Pero hay algo que no necesita esperar al resultado de la investigación: cuando en un país se mata a una persona que hacía denuncias públicas, el daño no recae solo sobre la víctima y su familia. Recae sobre el derecho de todos a saber.

Un derecho que no es solo del periodista

La libertad de expresión tiene una doble dimensión. Es el derecho de cada persona a decir lo que piensa, pero también el derecho de la sociedad a recibir información e ideas. Así lo reconoce el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y así lo ha sostenido la Corte Interamericana desde hace décadas. Por eso el Colegio de Periodistas acertó al advertir que «cuando se callan las voces de quienes hacen periodismo profesional se está silenciando a todo el país».

La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana es aún más directa. Su principio noveno establece que el asesinato, el secuestro, la intimidación y la amenaza a comunicadores sociales violan los derechos fundamentales de las personas y coartan severamente la libertad de expresión. Agrega que es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.

Este deber no depende de que el periodista sea simpático, prudente o compartido. Camilo Rodríguez era una figura polémica y algunas de sus denuncias fueron cuestionadas por las personas señaladas, varias de las cuales acudieron a los tribunales. Esa es precisamente la vía legítima para responder a una afirmación que se considera falsa. La libertad de expresión no protege únicamente las voces moderadas. Su prueba real está en las voces incómodas.

La violencia no es el único silenciador

Costa Rica ya conoce este dolor. Rodríguez es, según recordó Teletica, el tercer periodista asesinado a tiros en el país, después de Parmenio Medina en 2001 y de Ivannia Mora en 2003. Sin embargo, una democracia no se debilita solo con balas. También se erosiona cuando se normaliza el descrédito sistemático de la prensa desde el poder, cuando se restringe el acceso a la información pública o cuando el derecho penal se usa como herramienta para disuadir a quien critica.

Los datos muestran esa tendencia. En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras, Costa Rica pasó del puesto 8 en 2022 al 38 en 2026. Entre las causas, la organización citó la restricción del acceso a la información pública, la confrontación verbal con medios críticos y el creciente riesgo de autocensura. Por su parte, el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión concluyó en su informe sobre 2025 que los ataques a la prensa dejaron de ser aislados y que el discurso estigmatizante es hoy la forma predominante de agresión.

El estigma no mata por sí mismo, pero prepara el terreno. Cuando desde las más altas esferas se presenta al periodista como enemigo, se le resta protección social a quien ya asume riesgos por publicar. El país tiene, además, un precedente que debería pesar en la memoria institucional. En 2004, la Corte Interamericana condenó a Costa Rica en el caso Herrera Ulloa por haber sancionado penalmente a un periodista de La Nación por reproducir información de interés público. Aquella sentencia nos recordó que el Estado también puede convertirse en un instrumento de silencio.

Lo que corresponde ahora

La primera respuesta es la justicia. La presidenta Laura Fernández condenó el crimen y lo calificó como una «mancha contra la libertad de expresión». Esa condena debe traducirse en una investigación seria, independiente y con recursos, que alcance tanto a los autores materiales como a los intelectuales. La impunidad es el mensaje más peligroso que puede recibir quien piensa silenciar a otro.

La segunda es institucional. El propio fiscal general reconoció que el Estado no puede proteger a una persona las veinticuatro horas, y el programa de protección de testigos exige condiciones que muchos periodistas no pueden cumplir sin dejar de trabajar. Costa Rica necesita discutir un mecanismo de protección pensado para quienes ejercen el periodismo, como el que ya existe en otros países de la región.

La tercera depende de todos, y en especial de quienes ejercen el poder: bajar el tono, abandonar el estigma y responder a la crítica con datos y no con descalificaciones. Una democracia sana no se mide por la ausencia de denuncias incómodas, sino por la seguridad con la que pueden hacerse. Si en Costa Rica denunciar se vuelve peligroso, lo que estará en riesgo no será solo el periodismo. Será la democracia misma.