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Imagen principal del artículo: Cuando la oscuridad amenaza con apagar la democracia
Foto: Chil Vera vía Pixabay

Cuando la oscuridad amenaza con apagar la democracia

Costa Rica está de luto. La libertad de expresión está de luto. La confianza está de luto. Y, de alguna manera, también está de luto la vida que durante tantas décadas identificó a este pequeño país ante el mundo.

Llegué a Costa Rica hace 45 años. Recuerdo perfectamente aquel vuelo en el que, al entrar en territorio costarricense, contemplé por primera vez sus montañas verdes, tupidas de árboles, sus innumerables ríos y cuencas, y la extraordinaria geografía de un país abrazado por dos océanos.

Se me erizó la piel. Sentí algo difícil de explicar. Fue una especie de reconocimiento, como si ya hubiera estado allí alguna vez, aunque jamás en mi vida había pisado siquiera sus alrededores.

Me enamoré de Costa Rica. De su naturaleza exuberante, de su gente, de su tranquilidad, de su luz, de esa manera tan particular de entender la vida que resumía una expresión que parecía decirlo todo "PURA VIDA".

En todos estos años he vivido buena parte de mi vida en este país. He sido testigo de sus transformaciones, de sus contradicciones, de sus logros y también de sus errores. Pero nunca imaginé que llegaría a sentir tanta preocupación por el rumbo que estamos tomando.

Hoy, aquella imagen de montañas verdes, ríos generosos, bosques y dos océanos parece contrastar dolorosamente con una oscuridad que amenaza con extenderse sobre nuestras libertades, nuestras instituciones y nuestra convivencia democrática.

El asesinato de Camilo Rodríguez no es solamente la muerte de un comunicador,  es también un golpe a la confianza, a la libertad de denunciar y al derecho de una sociedad a conocer aquello que algunos preferirían mantener oculto.

Sus denuncias, sus advertencias y los materiales que afirmó haber resguardado no pueden desaparecer con él. Deben ser investigados con rigor, preservados y puestos a disposición de las autoridades competentes. La verdad no puede convertirse en otra víctima.

Una sociedad democrática no puede acostumbrarse a que quienes investigan, denuncian o hacen públicas situaciones de interés colectivo vivan bajo amenaza. Tampoco puede aceptar que la violencia termine imponiendo silencios, que el miedo sustituya al debate o que la intimidación se convierta en una forma de regular lo que se puede decir.

No sabemos todavía quiénes están detrás de este crimen ni cuáles fueron sus motivaciones. Precisamente por eso, la investigación debe ser rigurosa, independiente y transparente. No corresponde adelantar culpables ni construir conclusiones sin pruebas. Pero tampoco corresponde mirar hacia otro lado. La gravedad de lo ocurrido exige respuestas y una investigación capaz de llegar hasta sus últimas consecuencias, sin importar a quiénes pueda involucrar.

El país también debe prestar atención a otro fenómeno preocupante, que es justamente el creciente enfrentamiento político alrededor de instituciones cuya función es investigar, fiscalizar, proteger derechos y vigilar el ejercicio del poder.

En días recientes, actuaciones de control e inspección realizadas en el marco de responsabilidades institucionales dieron lugar a fuertes reacciones y cuestionamientos políticos. Más allá de las diferencias que puedan existir sobre procedimientos o decisiones, hay una cuestión que no debería perderse de vista: la independencia de las instituciones y su capacidad de cumplir sus unciones sin presiones ni intimidaciones.

Una democracia necesita instituciones que puedan investigar, fiscalizar y cuestionar, incluso cuando sus actuaciones resulten incómodas. La independencia institucional no es un privilegio de quienes ocupan determinados cargos. Es una garantía para toda la ciudadanía.

Cuando el ejercicio de esas responsabilidades se convierte en una disputa de poder, cuando se desacredita sistemáticamente a quienes tienen el deber de fiscalizar o cuando se pretende condicionar su actuación mediante presiones políticas, el daño puede trascender a las personas involucradas. Lo que está en juego es la confianza pública y el equilibrio que sostiene el sistema democrático.

Y aquí conviene recordar algo elemental, porque ningún gobierno, partido, diputados o bancadas de diputados, ni autoridad están por encima de las instituciones que deben controlar el ejercicio del poder. La democracia no consiste solamente en elegir representantes mediante el voto. También consiste en respetar los límites del poder, garantizar la independencia de los controles y proteger los derechos de quienes piensan diferente.

La historia nos ha enseñado, en distintos países y épocas, que las democracias no siempre desaparecen de un día para otro. A veces se van debilitando lentamente y primero se desacredita a quienes cuestionan, después se deslegitima a quienes fiscalizan, más tarde se normalizan las amenazas y finalmente la sociedad comienza a guardar silencio por temor a las consecuencias.

No afirmo que Costa Rica haya llegado a ese punto. Pero sí creo que existen señales que merecen atención, reflexión y una respuesta ciudadana responsable. Ignorarlas sería una irresponsabilidad.

Tampoco podemos separar esta preocupación del avance del crimen organizado, de la penetración de estructuras criminales en distintos espacios de la sociedad y de los desafíos que enfrenta el Estado para garantizar la seguridad, la justicia y la protección de quienes colaboran con la verdad.

El crimen organizado no necesita necesariamente destruir las instituciones para debilitarlas. Le basta con encontrar espacios de impunidad, aprovechar las divisiones, intimidar a quienes denuncian y alimentar la desconfianza de la ciudadanía. Por eso, combatirlo exige mucho más que discursos o medidas coyunturales, eso requiere instituciones sólidas, cooperación, transparencia, independencia judicial y voluntad de investigar sin excepciones.

La libertad de expresión no es un asunto exclusivo de periodistas o comunicadores. Es el derecho de todos a informarnos, a preguntar, a cuestionar y a participar en la vida pública sin temor. Cuando una persona es silenciada mediante la violencia, la amenaza o la intimidación, la sociedad entera pierde una parte de su libertad.

Y cuando la ciudadanía comienza a preguntarse si es mejor callar para evitar problemas, algo esencial de la democracia ya está siendo afectado.

Costa Rica ha construido durante décadas una imagen internacional asociada a la paz, la educación, la protección de la naturaleza, el respeto a los derechos humanos y la convivencia democrática. Esa imagen no puede sostenerse únicamente con discursos, campañas de promoción o recuerdos de un pasado que nos enorgullece. Se sostiene con hechos, con instituciones que funcionan, con justicia independiente y con una ciudadanía capaz de ejercer sus derechos.

No se trata de idealizar el país ni de negar sus problemas. Costa Rica siempre ha tenido contradicciones y desafíos. Pero precisamente porque conocemos el valor de lo que hemos construido, tenemos la responsabilidad de no permitir que se deteriore sin reaccionar.

No podemos aceptar que la violencia se vuelva paisaje, que la impunidad se convierta en costumbre o que la intimidación termine definiendo los límites de nuestra libertad.

Hoy más que nunca necesitamos serenidad, responsabilidad y firmeza. Necesitamos investigaciones que lleguen hasta el fondo, instituciones que puedan cumplir sus funciones sin interferencias, autoridades que respondan por sus actos y ciudadanos que no renuncien a su derecho de pensar, preguntar y expresarse.

No escribo estas líneas con nostalgia soñando de un país perfecto que nunca existió. Las escribo con el afecto profundo por una tierra que me recibió hace 45 años y que terminó convirtiéndose en parte de mi vida. Desde la preocupación de ver cómo aquello que nos hacía sentir orgullosos puede deteriorarse si dejamos de cuidarlo.

Todavía estamos a tiempo de defender la luz.

Esa luz no pertenece a ningún partido, gobierno ni persona. Pertenece a Costa Rica. Y protegerla es una responsabilidad que nos corresponde a todos.