El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes, con 43 votos a favor y 9 en contra, una dispensa de trámites para el expediente 25.847, "Ley para el fortalecimiento de las sedes regionales del sistema universitario estatal", presentado por la diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Kristel Ward Hudson, junto con otros legisladores oficialistas.
La dispensa, aprobada mediante el artículo 177 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, permite que el proyecto avance hacia su discusión en primer debate sin pasar previamente por una comisión legislativa. En su lugar, el Plenario deberá conocer las mociones de fondo mediante el procedimiento de comisión general. La votación de este lunes no representa, por tanto, una aprobación del contenido de la iniciativa.
El proyecto pretende que las universidades públicas utilicen sus superávits presupuestarios, es decir, los recursos que quedan disponibles al cierre de un ejercicio económico, para financiar la operación, las inversiones, las becas y las ayudas estudiantiles de sus sedes regionales y recintos ubicados fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).
La propuesta establece que esos recursos deberán distribuirse siguiendo un orden de prioridad territorial. En primer lugar figuran las regiones Huetar Caribe, Huetar Norte y Brunca, seguidas por la Chorotega, el Pacífico Central y, finalmente, las sedes de la Región Central ubicadas fuera de la GAM.
Además, permitiría utilizar superávits provenientes tanto de transferencias corrientes como de capital para financiar esos gastos, mediante una excepción a la prohibición de financiar gastos corrientes con ingresos de capital que establece el artículo 6 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos.
El texto también contempla que los recursos destinados a las sedes regionales bajo esta disposición queden exceptuados de la obligación de reintegro prevista en el artículo 17 del título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. No obstante, señala que no podrán utilizarse para esos fines los superávits que tengan un destino específico distinto fijado por ley o por convenios con terceros, ni destinarse a crear plazas permanentes.
Otra disposición establece que los superávits universitarios que no se ejecuten durante el ejercicio fiscal deberán transferirse a las sedes regionales y señala expresamente que las instituciones de educación superior estatal tendrán prohibido mantener superávits en sus cuentas. El proyecto también obligaría a las universidades a presentar, antes del 31 de marzo de cada año, un informe a la Asamblea Legislativa y a la Contraloría General de la República sobre la ejecución de los recursos y los resultados obtenidos en cada sede.
Proyecto surge en medio de controversia por financiamiento del TEC
La iniciativa fue presentada el pasado 19 de octubre, en medio de la controversia entre el oficialismo y las universidades públicas por el financiamiento del Tecnológico de Costa Rica (TEC) en Limón.
La rectoría del TEC advirtió que la falta de giro de recursos presupuestados para el último trimestre de 2026 ponía en riesgo el funcionamiento de su Centro Académico de Limón. La institución cuestionó una propuesta del Poder Ejecutivo para rebajar ₡492,9 millones de su presupuesto mediante el segundo presupuesto extraordinario de la República.
En la exposición de motivos del proyecto, los legisladores oficialistas sostienen que el TEC dejó de ejecutar ₡11.000 millones de los recursos recibidos mediante el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y que mantiene más de ₡20.000 millones en efectivo e inversiones de corto plazo. Las cifras forman parte de los argumentos de los proponentes para justificar la redistribución de los recursos.
El proyecto contiene, sin embargo, algunas diferencias entre su justificación y las disposiciones propuestas. Mientras la exposición de motivos plantea que el Ministerio de Hacienda pueda presupuestar los superávits universitarios, el articulado asigna directamente a las universidades la obligación de distribuir y presupuestar esos fondos, sin establecer expresamente esa facultad para Hacienda.
Asimismo, uno de los artículos dispone utilizar el Índice de Desarrollo Social de Mideplan para priorizar las regiones beneficiarias, mientras otro hace referencia al Índice de Desarrollo Humano elaborado por esa institución. Las disposiciones también presentan diferencias sobre el tratamiento de los recursos que tienen un destino específico previamente establecido.
La iniciativa plantea, además, una discusión sobre los alcances de la autonomía universitaria, protegida por el artículo 84 de la Constitución Política, en tanto pretende establecer por ley obligaciones sobre el destino de recursos que administran las instituciones públicas de educación superior.
La dispensa de trámites recibió el respaldo de 43 legisladores, mientras que los nueve votos negativos correspondieron a los siete diputados del Frente Amplio, Claudia Dobles Camargo, de Coalición Agenda Ciudadana, y Abril Gordienko López, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Dobles del CAC, y José María Villalta del FA señalaron que el proyecto requiere la etapa de comisión para escuchar criterios institucionales, al tiempo que advirtieron que la iniciativa tiene roces de índole constitucional.
Breves
— Este lunes inició la discusión por el fondo, en primer debate, del presupuesto nacional 2027. El oficialismo extendió la sesión hasta las 9 p.m., en aras de agotar lo más pronto posible el espacio de discusión de esta iniciativa.
— No se votaron proyectos de ley este lunes.
Proyectos dictaminados
Este lunes no se reportaron proyectos dictaminados en las comisiones.
Leyes publicadas
Este lunes no se publicaron nuevas leyes en La Gaceta.
