La fracción oficialista cuestionó la advertencia de cierre del TEC en Limón y acusó a las fundaciones universitarias de facilitar presuntos abusos financieros.
La fracción legislativa del Partido Pueblo Soberano (PPSO) anunció este lunes que impulsará un proyecto de ley para permitir que las universidades públicas destinen recursos de sus superávits a las sedes regionales, en medio de la controversia por el financiamiento del Tecnológico de Costa Rica (TEC) en Limón. Durante la misma conferencia de prensa, la bancada oficialista también cuestionó la administración de los fondos universitarios y advirtió que podría promover una reforma para prohibir las fundaciones vinculadas con esas instituciones.
Los anuncios se produjeron mientras el Gobierno y el oficialismo mantienen propuestas para rebajar recursos de las universidades públicas correspondientes a los presupuestos de 2026 y 2027, iniciativas que las autoridades universitarias rechazan por sus posibles efectos sobre becas, proyectos académicos y sedes regionales.
La diputada limonense Kristel Ward Hudson anunció una iniciativa que, según explicó, permitiría utilizar recursos libres del superávit universitario para financiar necesidades de los centros académicos regionales, especialmente aquellos que enfrentan dificultades presupuestarias. La legisladora sostuvo que la propuesta fue elaborada con estudiantes del TEC en Limón y solicitó a los partidos de oposición respaldarla mediante una dispensa de trámites legislativos.
Ward señaló que el objetivo es mejorar las condiciones de estudio, ampliar la oferta académica, fortalecer las becas y disponer de profesores suficientes en las sedes regionales. Durante su intervención afirmó que el proyecto constituye una respuesta a las advertencias de la rectora del TEC, María Estrada Sánchez, sobre el riesgo de un cierre técnico del centro académico limonense.
Lo que pretendemos es que con este proyecto de ley, los recursos libres llamados superávit, puedan dirigirse a las sedes regionales, esas sedes regionales que más lo necesitan, como la sede de Limón".
La diputada cuestionó que Estrada señalara específicamente al centro de Limón como una de las dependencias afectadas por las decisiones presupuestarias del Gobierno. Afirmó que la prioridad debería ser mejorar los servicios académicos en esa provincia y rechazó que, a su juicio, se utilice la situación de los estudiantes como un mecanismo de presión política.
Kristel Ward Hudson, diputada del PPSO.
El conflicto por los recursos del TEC en Limón
El anuncio ocurre después de que la rectora del TEC advirtiera que el Centro Académico de Limón, donde estudian 417 personas, enfrenta dificultades para mantener su funcionamiento por la falta de giro de recursos que estaban presupuestados para el último trimestre de 2026.
Según explicó el TEC en una publicación institucional del 18 de octubre, el Gobierno pretende rebajar ₡492.879.477 mediante el expediente 25.803, correspondiente al segundo presupuesto extraordinario de la República para este año. El Ministerio de Educación Pública (MEP) confirmó a la universidad el 13 de octubre que no realizó el giro correspondiente a ese mes y que tampoco efectuaría los de noviembre y diciembre.
La universidad sostuvo que los fondos tienen una protección legal específica. La Ley 9131, aprobada en 2013, destinó una parte de la recaudación del impuesto sobre la renta al desarrollo de sedes del TEC en Limón y la península de Osa. Aunque ese mecanismo fue derogado posteriormente, el artículo 24 del título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, reformado por la Ley 9732, estableció una protección para las asignaciones presupuestarias de las sedes regionales cuyos destinos específicos fueron eliminados.
De acuerdo con el TEC, los recursos previstos para Limón son necesarios para cubrir gastos ordinarios de funcionamiento y su ausencia podría impedir mantener las actividades académicas. La institución explicó que ha utilizado temporalmente recursos propios para cubrir becas y salarios, pero advirtió que esa solución no es sostenible.
Durante la conferencia, Pueblo Soberano proyectó un video en el que cuestionó esa advertencia y señaló que el TEC dejó sin ejecutar alrededor de ₡11.000 millones durante 2025, además de mantener recursos en efectivo e inversiones de corto plazo. A partir de esas cifras, la producción oficialista puso en duda que la institución enfrente una situación que comprometa la continuidad de su centro académico en Limón.
El argumento coincide con cuestionamientos formulados anteriormente por el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez Hernández, quien sostuvo que el TEC dispone de recursos acumulados que podrían utilizarse para cubrir sus necesidades.
Sin embargo, la rectora rechazó que la existencia de superávits o fondos destinados a inversiones implique que puedan utilizarse para pagar los gastos de operación del centro académico. Estrada afirmó que las restricciones legales impiden financiar esas obligaciones con los recursos mencionados por el ministro.
Marta Esquivel cuestiona salarios, fundaciones y manejo del FEES
Marta Esquivel Rodríguez, diputada del PPSO.
Durante la misma actividad, la diputada Marta Eugenia Esquivel Rodríguez dirigió críticas a las autoridades de las universidades públicas por el manejo del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), los salarios y las estructuras administrativas.
Esquivel sostuvo que el FEES debe priorizar las necesidades de los estudiantes y el financiamiento de becas. Afirmó que la autonomía universitaria no debe servir para impedir la rendición de cuentas y acusó a las instituciones de mantener sistemas de remuneración que, a su juicio, favorecen privilegios salariales y sobresueldos.
La legisladora cuestionó particularmente las anualidades, los pluses acumulativos y las dificultades para implementar esquemas de salario global. También afirmó que existen criterios de la Contraloría General de la República que respaldan sus preocupaciones.
Esquivel también cuestionó la distribución de los recursos entre las universidades y recordó un financiamiento internacional aprobado en la década anterior para desarrollar infraestructura universitaria. Señaló que algunas construcciones de la Universidad de Costa Rica presentan problemas o permanecen inconclusas y afirmó que determinados asuntos están siendo examinados por el Ministerio Público.
Uno de los anuncios más relevantes de su intervención se relacionó con las fundaciones universitarias, organizaciones vinculadas con las instituciones de educación superior que pueden desarrollar actividades de cooperación, investigación, extensión y administración de proyectos.
La diputada sostuvo que esas fundaciones estarían siendo utilizadas para evitar que determinados ingresos se incorporen directamente a los presupuestos de las universidades y aseguró que impulsará una fiscalización de sus operaciones.
Vamos a hacer una fiscalización total y absoluta del uso de las fundaciones universitarias para cometer fraude a la ley".
Esquivel agregó que, si lo considera necesario, promoverá una reforma legal para prohibir esas fundaciones y disponer que los recursos correspondientes ingresen directamente a cada universidad.
Rebajas propuestas para 2027 y disputa por armonización eléctrica
La conferencia se realizó en medio de la discusión del Presupuesto Nacional de 2027, expediente 25.754, que incluye propuestas del oficialismo para modificar las transferencias destinadas a la educación superior pública.
En particular, la moción 16, impulsada por el jefe de fracción de Pueblo Soberano, Nogui Acosta Jaén, planteó trasladar ₡8048,1 millones del FEES al MEP para financiar contribuciones patronales a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema). Otra propuesta, identificada como moción 104, busca reducir aproximadamente ₡8918,1 millones de las transferencias de operación destinadas a universidades públicas.
El TEC advirtió que, si ambas rebajas llegaran a aprobarse, perdería más de ₡4129 millones de su presupuesto de 2027, con posibles consecuencias para sus actividades regionales, becas, investigación y extensión.
Este lunes, la moción 16 fue rechazada inicialmente en la Comisión de Asuntos Hacendarios por seis votos contra cinco, luego de que la diputada oficialista Kattia María Ulate Alvarado votara en contra de la propuesta. Posteriormente, Ulate afirmó que se había equivocado y el oficialismo presentó una moción de revisión para intentar revertir el resultado.
La disputa presupuestaria también provocó un enfrentamiento político alrededor del proyecto de armonización del sistema eléctrico nacional, expediente 23.414. La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) condicionó la continuación de las negociaciones sobre esa reforma a que el oficialismo retirara las propuestas de recorte universitario.
Durante la conferencia, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez Fallas, y el subjefe de fracción oficialista, Juan Manuel Quesada Espinoza, acusaron al PLN de utilizar el financiamiento de las universidades como condición para obtener concesiones en la negociación eléctrica.
Los oficialistas calificaron esa posición como un intento de chantaje político y cuestionaron la coordinación entre el PLN, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Frente Amplio.