Los días 9 y 10 de noviembre participé en el XI Diálogo Presidencial del Grupo IDEA, en Miami Dade College. Fue una enorme alegría volver a estos encuentros después del tiempo en que, gracias a Dios, pude acompañar a Lorena en su valiente lucha contra la enfermedad. Fue muy grato compartir con admirados colegas expresidentes, con Nelson Mezerhane, patrono de IDEA, con mi querido amigo Asdrúbal Aguiar, su secretario general, y con la admirada presidenta de Miami Dade College, Madeline Pumariega, y sus gentiles colaboradores.
En la primera sesión escuchamos a los 26 becarios de 21 países que integraron la primera promoción del Instituto para la Libertad de las Américas de Miami Dade College, que imparte sus cursos en la icónica Torre de la Libertad. Nos expusieron sus inquietudes sobre cuánto estamos dispuestos a ceder en nuestros derechos en aras de la seguridad y sobre la crisis de confianza y la polarización que vivimos. A partir de sus intervenciones, los expresidentes compartimos nuestras reflexiones.
En la segunda sesión, también privada, conversamos con María Corina Machado, Rosa María Payá y Juan Sebastián Chamorro sobre la lucha por la democracia y la libertad en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Fue doloroso escuchar lo que viven sus países. El encuentro reafirmó nuestro compromiso de apoyarlos y de cuidar las libertades en nuestras propias naciones.
En la jornada pública compartí con Federico Franco, Jorge Tuto Quiroga y Álvaro Uribe una mesa moderada por Claudia Gurisatti sobre libertad de expresión e información, poder corporativo y libertades económicas. ¿Quién controla el espacio digital y su capitalismo de vigilancia?
De esa mesa quiero retomar una pregunta que nos concierne en Costa Rica: ¿cómo protegemos nuestra intimidad cuando las plataformas digitales pueden deducir de nuestros hábitos información que jamás decidimos compartir?
Estas plataformas nos han dado posibilidades extraordinarias para comunicarnos, informarnos, aprender y emprender. La inteligencia artificial amplía esas oportunidades. También permite reunir datos dispersos y extraer de ellos conclusiones sobre nuestras preocupaciones, preferencias y vulnerabilidades. Una búsqueda, un video que miramos hasta el final o el tiempo que nos detenemos ante una noticia pueden parecer hechos insignificantes. Juntos permiten elaborar un perfil y decidir qué mensajes mostrarnos y en qué momento.
¿Basta para protegernos que hayamos pulsado «Acepto»? Pensemos en quien necesita una aplicación para comunicarse con su familia o para trabajar. Se le presenta un texto extenso y se le pide que decida en unos segundos si acepta compartir su información. Difícilmente puede anticipar qué se llegará a saber de él al combinar sus datos con otros o qué uso se dará a esa información. Y aunque lea cada palabra, tiene escaso poder para negociar las condiciones.
Por eso, la protección de la intimidad exige obligaciones para quienes usan nuestros datos. Deben explicar para qué los necesitan, recoger solo los necesarios y respetar los fines para los que los obtuvieron. La persona debe poder conocer qué información se conserva sobre ella, corregirla y, cuando corresponda, pedir que se elimine. Y si la empresa desatiende su reclamo, debe poder acudir a una autoridad independiente y a un juez. De poco sirve reconocer un derecho si ejercerlo cuesta más de lo que la mayoría de las personas puede pagar.
El derecho a la intimidad y a la protección de los datos personales pertenece a cada persona. Al Estado le corresponde garantizarlo y respetarlo en su propia actuación. Una ley concebida para protegernos de la vigilancia empresarial puede facilitar la vigilancia oficial si concede a los gobernantes acceso indiscriminado a los datos. La experiencia de la democracia y del Estado de derecho nos ha enseñado a exigir que las facultades públicas tengan límites, que su ejercicio pueda revisarse y que los afectados puedan defenderse. Esas garantías son tan necesarias en el espacio digital como en cualquier otro ámbito de nuestra vida.
¿Qué puede hacer un país como Costa Rica ante empresas que operan en todo el mundo? Podemos establecer garantías para quienes usan sus servicios en nuestro territorio y ofrecer vías efectivas de reclamo. Pero cuando los datos, las decisiones y las empresas están repartidos entre varias jurisdicciones, hacer cumplir esas garantías requiere cooperación internacional. Si compartimos reglas básicas y nuestras autoridades pueden colaborar para investigar abusos y hacer valer sus decisiones, aumentan las posibilidades de que una persona obtenga respuesta, aun cuando la empresa se encuentre fuera del país.
La inteligencia artificial hace más urgente esa tarea porque aumenta la capacidad de inferir información íntima y de influir en nuestras decisiones. Tenemos mucho que ganar con su desarrollo. Para disfrutar de esas ventajas con libertad, necesitamos poder decidir qué compartimos, saber qué uso se da a nuestros datos y reclamar ante un abuso. Esas son condiciones que podemos exigir tanto a las empresas como a nuestros propios gobiernos.









