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Foto: Asamblea Legislativa / Dominio público

Cuando nuestros datos se venden en la dark web, ¿quién nos avisa?

El 12 de setiembre supimos que un actor de amenaza ofrecía en la dark web una base de datos con información de costarricenses: direcciones, salarios, datos crediticios y otros datos personales. Dos meses después, la pregunta más básica sigue sin respuesta: ¿están mis datos ahí? ¿Y los suyos?

Como perito informático forense, he seguido este caso desde el primer día. El 5 de octubre presenté al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) una solicitud de información pública con sesenta preguntas. La respuesta, el oficio MICITT-OF-1340-2026, aclara algunas cosas, pero, sobre todo, deja ver un problema de fondo que va más allá de este incidente: en Costa Rica, cuando una filtración masiva no tiene un responsable formalmente identificado, nadie está obligado, en la práctica, a avisarle a la gente.

Dos versiones de la misma historia

El 29 de setiembre, en el programa Nuestra Voz, la ministra Paula Bogantes afirmó que el Micitt tenía la base de datos y que “otros” se la habían comprado al atacante. Según La Nación, también dijo que avisar a las personas una por una podría “crear algún tipo de histeria”. Días después, el ministerio aclaró que no la había comprado ni tenía la totalidad de los datos. El viceministro contradijo a la ministra y los oficios oficiales, incluido uno firmado por ella, sostienen que el Micitt solo analizó las muestras que el atacante publicó.

No me corresponde decidir cuál versión es la verdadera. Sí me parece grave que la ciudadanía haya recibido dos relatos incompatibles sobre algo tan delicado como la tenencia de datos robados de millones de personas. La confianza en las instituciones que gestionan incidentes de ciberseguridad se construye con versiones consistentes y verificables, no con aclaraciones posteriores.

El vacío: nadie está obligado a notificar

El Reglamento a la Ley de Protección de Datos Personales, en sus artículos 38 y 39, es claro: quien sufre una vulneración debe informar a los titulares dentro de los cinco días hábiles siguientes y comunicar a la Prodhab qué datos se comprometieron y qué medidas se tomaron.

Pero el Micitt reconoce por escrito que no ha determinado de qué institución o sistema provienen los datos, que no ordenó una auditoría de seguridad ni un peritaje forense en la entidad de origen y que la notificación individual “corresponde al responsable de la base de origen”. Como no se ha determinado quién es ese responsable, la obligación queda en el aire.

Esa explicación es difícil de aceptar. Desde el 23 de setiembre se informó que las autoridades ya habían identificado al atacante, conocido como “Jarol1488”. Desde el 13 de setiembre, el propio actor afirmaba haber comprometido una agencia de informes crediticios, y la ministra anunció que el Micitt contactaría al buró de crédito para informarle del contenido de la base. Conocer al atacante no equivale automáticamente a conocer la fuente, pero cualquier investigador sabe que es una pista de primer orden. Si ya se sabe quién robó los datos y hay indicios públicos sobre de dónde los sacó, dos meses sin un responsable identificado no se explican por falta de información.

El resultado es un círculo cerrado: no se determina al responsable, por eso nadie notifica y, por eso, nadie puede ejercer su derecho a saber. Mientras tanto, los delincuentes sí saben qué datos tienen.

Los datos no causan histeria; la incertidumbre sí

Desde el trabajo forense en fraudes bancarios, lo veo todos los días: la suplantación de identidad y la ingeniería social funcionan mejor cuando la víctima no sabe que sus datos están expuestos. Una persona que sabe que su número de cédula, su salario y su dirección circulan en un foro criminal desconfía de la llamada del “banco” que conoce esos datos. Una persona que no lo sabe cae.

Estimada ministra Paula Bogantes: avisar no genera histeria. Lo que genera desprotección es dejar a la gente sin la información que necesita para defenderse. Las campañas generales de prevención son útiles, pero no sustituyen el derecho de cada titular a saber si sus datos fueron comprometidos.

Llama la atención, además, que, según el mismo oficio, no existe un protocolo de coordinación entre el Micitt, la Sugef y el Conassif para este tipo de incidentes, aunque las propias muestras incluían datos útiles para cometer fraudes financieros.

Pagarle al delincuente también tiene consecuencias

El Micitt también confirma que no existe una política o un lineamiento del ministerio que prohíba pagar a actores de amenaza o adquirir información de ellos. Más allá de quién haya negociado en este caso, el mensaje es preocupante. Cada pago a un ciberdelincuente financia su próxima operación y le enseña que robar datos de costarricenses tiene compradores.

Esa ausencia es difícil de conciliar con los compromisos del país. Al adherirse al Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia (Ley N.° 9452), Costa Rica se comprometió a sancionar no solo los delitos informáticos, sino también la complicidad en ellos, y a cooperar con otros Estados para perseguirlos. Nuestro propio Código Penal, en su artículo 196 bis, sanciona con prisión a quien, sin autorización de sus titulares y en beneficio propio o de un tercero, compre o venda datos personales. No tiene sentido que el país persiga estos delitos con una mano y que, con la otra, carezca de reglas claras para impedir que se les pague a quienes los cometen, directamente o por medio de terceros que actúan en coordinación con el Estado.

Lo que hace falta

No escribo esto para buscar culpables, sino porque el próximo incidente llegará y es mejor tener respuestas antes. Propongo cuatro cosas concretas:

  1. Que la Prodhab asuma el vacío. Cuando el responsable de una filtración no está identificado, la agencia debería poder ordenar o coordinar la notificación y habilitar un mecanismo para que cada persona verifique si sus datos están expuestos.

  2. Auditoría forense del origen. Confirmar que una muestra contiene datos reales es apenas el primer paso. Con el atacante identificado e indicios sobre el tipo de entidad comprometida, el Estado debe ordenar un análisis técnico de la estructura de los datos y auditorías en las entidades que podrían haberlos originado.

  3. Protocolo con el sistema financiero. El Micitt, la Sugef y el Conassif necesitan un mecanismo formal para que las entidades financieras refuercen sus controles cuando circulan datos útiles para cometer fraudes.

  4. Una política clara contra los pagos a actores de amenaza, coherente con el Convenio de Budapest, que incluya también a los terceros que actúan en coordinación con el Estado.

Ante la respuesta incompleta del Micitt sobre los documentos que solicité, presenté un recurso de amparo, al que la Sala Constitucional ya dio curso. Pero el problema de fondo no se resuelve en un expediente. Se resuelve cuando entendamos que, en ciberseguridad, informar a la gente no es un riesgo que hay que administrar: es parte de la protección.