La evolución de la actividad bananera costarricense no puede evaluarse únicamente a partir de certificaciones, auditorías y cifras proporcionadas por el propio sector. La verdadera sostenibilidad exige transparencia, fiscalización independiente y evidencia sobre sus impactos laborales, sociales y ambientales.
“La sostenibilidad no se proclama: se demuestra”
El artículo de Ángela Torelli Rodríguez, «La evolución del banano costarricense: del estereotipo a la evidencia», publicado el 20 de noviembre pasado en Diario Extra, pretende desmontar lo que considera una percepción estereotipada de la actividad bananera costarricense.
Para ello, presenta cifras sobre salarios, aportes a la seguridad social, certificaciones internacionales, reciclaje de plásticos y protección de bosques, entre otros indicadores.
Sin embargo, hay un problema de fondo en su argumentación: confunde la existencia de mecanismos de certificación y determinados avances en la gestión empresarial con una demostración suficiente de sostenibilidad social y ambiental. Y esa equivalencia merece ser cuestionada.
Nadie debería desconocer que la actividad bananera ha experimentado transformaciones importantes respecto de las condiciones que caracterizaron a las grandes plantaciones durante buena parte del siglo pasado. Tampoco sería razonable negar que existen empresas que han incorporado mejores prácticas laborales y ambientales.
Pero reconocer esos avances no obliga a aceptar, sin mayor escrutinio, la imagen de una industria que parece haber resuelto satisfactoriamente sus principales desafíos.
El primer aspecto que merece atención es la diferencia entre cumplir la legislación y garantizar condiciones laborales dignas.
El artículo señala que los salarios del sector superan el mínimo legal y destaca los aportes mensuales de la industria a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Son datos relevantes, pero insuficientes para evaluar la calidad del empleo.
¿Cuáles son los salarios efectivamente percibidos por los trabajadores, considerando las jornadas reales y las modalidades de contratación? ¿Qué ocurre con las condiciones de quienes realizan labores agrícolas mediante contratistas? ¿Qué garantías existen para el ejercicio de la libertad sindical, la organización de los trabajadores y la negociación colectiva?
Pagar por encima del salario mínimo y cotizar a la seguridad social son obligaciones y condiciones básicas de una actividad empresarial formal. No constituyen, por sí solas, pruebas de excelencia laboral.
Un segundo aspecto es la utilización de las certificaciones internacionales como argumento concluyente de sostenibilidad.
La autora destaca que las fincas bananeras cuentan con certificaciones y auditorías como Rainforest Alliance, GLOBALG.A.P., GRASP y SMETA/Sedex. Sin embargo, conviene recordar que estos instrumentos tienen alcances, criterios y mecanismos de evaluación diferentes. Su existencia no significa que todos los problemas laborales y ambientales estén resueltos, ni que sus resultados puedan sustituir la fiscalización pública.
Más aún, el propio artículo reconoce que estas auditorías son financiadas por los productores. Aunque ello no invalida automáticamente sus resultados, sí hace necesario examinar las garantías de independencia, transparencia y rendición de cuentas de los procesos de evaluación.
Una certificación acredita el cumplimiento de determinados requisitos bajo un esquema específico. No constituye un certificado universal de sostenibilidad ni una garantía de ausencia de impactos negativos.
En materia ambiental, las cifras presentadas también requieren una lectura más rigurosa.
Se afirma que durante 2025 la industria recicló aproximadamente 12.558 toneladas de plásticos y que el 100 % de las fincas gestiona adecuadamente los envases de plaguicidas. Son iniciativas que merecen reconocimiento. Sin embargo, reciclar residuos y gestionar envases no equivale a demostrar que se ha reducido suficientemente la generación de desechos, la dependencia de agroquímicos tóxicos o la exposición de trabajadores y comunidades a sustancias peligrosas.
El problema no es solamente qué se hace con los envases después de utilizar los productos, sino también qué sustancias se utilizan, en qué cantidades, con qué frecuencia, bajo cuáles condiciones y cuáles son sus posibles efectos sobre los ecosistemas y la salud humana.
El artículo tampoco ofrece información sobre el consumo de agua, la calidad de las fuentes hídricas en las zonas de producción, los residuos de plaguicidas, la afectación de organismos no objetivo o los impactos acumulativos de las actividades agrícolas.
Son dimensiones indispensables para evaluar el desempeño ambiental de una industria cuya producción depende de sistemas agrícolas intensivos.
También se destaca que más del 30 % del área cultivada está certificada como Carbono Neutro y que existen miles de hectáreas de bosques protegidos. Pero estos datos deben interpretarse en su justa dimensión: si el 30 % de la superficie cuenta con esa certificación, ¿qué sucede con el 70 % restante? ¿Cómo se contabilizan las emisiones de toda la cadena productiva? ¿Qué mecanismos independientes verifican la conservación efectiva de las áreas boscosas?
Presentar cifras positivas sin explicar sus alcances, limitaciones y métodos de verificación puede generar una imagen incompleta de la realidad.
Hay, además, una cuestión conceptual que no debería pasar inadvertida: la sostenibilidad no puede reducirse a la capacidad de una industria para satisfacer los requisitos de los mercados internacionales.
Estos pueden establecer estándares importantes, pero sus exigencias responden también a intereses comerciales y no necesariamente abarcan todas las preocupaciones de las comunidades, los trabajadores y la sociedad costarricense.
La verdadera evaluación de una actividad productiva debe considerar no solamente su competitividad y capacidad exportadora, sino también sus consecuencias sobre los territorios, los recursos naturales, la salud pública y las condiciones de vida de las poblaciones vinculadas con ella.
Por eso, el debate no debería plantearse como una confrontación entre quienes reconocen la evolución de la industria y quienes supuestamente permanecen anclados en estereotipos del pasado. La discusión debe centrarse en la calidad y suficiencia de las evidencias, en la transparencia de la información y en la posibilidad de someter los resultados empresariales a una evaluación independiente.
La industria bananera constituye una actividad económica de enorme importancia para nuestro país. Precisamente por ello, sus responsabilidades deben ser proporcionales a su dimensión económica, territorial y ambiental.
No se trata de desconocer sus avances ni de descalificar indiscriminadamente a sus productores. Se trata de evitar que las certificaciones se conviertan en argumentos para cerrar el debate y que los indicadores seleccionados por el propio sector sean aceptados como prueba definitiva de sostenibilidad.
Superar los estereotipos del pasado es necesario. Pero sustituirlos por una imagen complaciente, construida a partir de indicadores parciales, tampoco contribuye a conocer la realidad.
La mejor defensa de la industria bananera costarricense no consiste en pedir que se reconozca su evolución, sino en demostrarla mediante información pública, verificable, independiente y suficientemente amplia.
Una actividad verdaderamente comprometida con la sostenibilidad no debería temer el escrutinio crítico de la sociedad.









