Claudia Dobles, Abril Gordienko y un diputado del PLN pierden la remuneración de la sesión de este lunes por negarse a votar la moción contra Robles.
La aprobación de una moción relacionada con las declaraciones del exdiputado del Frente Amplio Ariel Robles Barrantes desencadenó este lunes una prolongada confrontación entre diputados de distintas fracciones, que incluyó insultos personales, acusaciones cruzadas, reclamos contra la Presidencia legislativa y reiteradas solicitudes para restablecer el orden en el plenario.
El enfrentamiento se produjo durante la última parte de una jornada legislativa en la que también se rechazó definitivamente el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, una decisión que ya había provocado fuertes diferencias entre el oficialismo y la oposición. La discusión sobre Robles prolongó esas tensiones hasta el cierre de la sesión, a las 7:01 p. m..
La controversia comenzó cuando la Asamblea Legislativa sometió a conocimiento una moción de orden que cuestionaba el llamado de Robles a participar en la manifestación nacional del martes 20 de octubre y a acampar frente al Congreso y el Gobierno, tomando como referencia las protestas desarrolladas en Francia y España.
El texto fue aprobado con 42 votos a favor y seis en contra. La propuesta recibió el respaldo de 29 diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y 13 del Partido Liberación Nacional (PLN), mientras que seis legisladores del Frente Amplio votaron en contra. Otros seis congresistas estuvieron ausentes y tres, aunque permanecían dentro del recinto, decidieron no votar.
APROBADO
CONSIDERANDO:
Que las declaraciones del exdiputado y excandidato presidencial Ariel Robles Barrantes, al llamar a seguir el ejemplo de las protestas ocurridas en Francia y España, generan preocupación por el tipo de movilización que se promueve en nuestro país. La manifestación pacífica es un derecho democrático que debe respetarse y protegerse; sin embargo, la violencia, los saqueos y el vandalismo no son mecanismos legítimos de protesta ni representan los valores de la sociedad costarricense.POR TANTO:
La Asamblea Legislativa condena los llamados a la violencia y rechaza cualquier intento de promover en Costa Rica acciones de vandalismo, saqueos o destrucción como mecanismos de presión política. Los costarricenses defendemos nuestras diferencias mediante el diálogo, el respeto y las vías democráticas. La violencia no representa nuestros valores ni el país que queremos construir; por el contrario, es precisamente aquello que debemos erradicar para proteger la paz social, la convivencia y la seguridad de todas las familias costarricenses. https://t.co/YXJKs0rlXa— Barra de Prensa (@barradeprensa) October 20, 2026
La moción señala en sus considerandos que las declaraciones de Robles "generan preocupación por el tipo de movilización que se promueve en nuestro país", pero reconoce que la manifestación pacífica constituye un derecho democrático que debe respetarse y protegerse.
En su parte resolutiva, el Congreso acordó:
La Asamblea Legislativa condena los llamados a la violencia y rechaza cualquier intento de promover en Costa Rica acciones de vandalismo, saqueos o destrucción como mecanismos de presión política. Los costarricenses defendemos nuestras diferencias mediante el diálogo, el respeto y las vías democráticas. La violencia no representa nuestros valores ni el país que queremos construir; por el contrario, es precisamente aquello que debemos erradicar para proteger la paz social, la convivencia y la seguridad de todas las familias costarricenses".
Claudia Dobles denuncia atropello y se niega a votar
La primera confrontación ocurrió durante el procedimiento de votación, cuando la diputada de la Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles Camargo, solicitó a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez Fallas, un receso para revisar las declaraciones originales de Robles antes de decidir su voto.
Dobles explicó que desconocía el contenido de la publicación y que necesitaba examinarlo para determinar si correspondía respaldar la moción. No obstante, Jiménez continuó con el procedimiento y señaló que la legisladora podía votar y, posteriormente, solicitar una revisión.
La presidenta legislativa también advirtió que aplicaría el artículo 105 del Reglamento de la Asamblea Legislativa a quienes estuvieran dentro del recinto y se negaran a emitir su voto, por lo que podrían perder la dieta correspondiente a la sesión.
Tras aprobarse la moción, Dobles cuestionó la decisión de Jiménez y pidió que su protesta quedara consignada en el acta legislativa. La diputada calificó lo ocurrido como "un absoluto atropello" y sostuvo que no podía exigírsele votar sobre declaraciones que no había tenido oportunidad de conocer.
La legisladora insistió en que su solicitud no pretendía impedir la votación, sino disponer del tiempo necesario para informarse sobre el asunto. También cuestionó que la Presidencia no atendiera una petición que consideraba elemental para ejercer responsablemente sus funciones parlamentarias.
La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko López, respaldó el reclamo y señaló que el plenario pudo haber proyectado la publicación de Robles para que los legisladores conocieran el contenido cuestionado.
Gordienko manifestó que tampoco había visto las declaraciones y que prefería asumir las consecuencias de no votar antes que pronunciarse sobre un asunto sin contar con suficiente información. La legisladora consideró que la decisión de la Presidencia constituyó una práctica parlamentaria inadecuada.
Posteriormente, el liberacionista Ronald Campos Villegas explicó que tampoco escuchó la lectura de la moción y que, por esa razón, decidió no participar en la votación, aunque aclaró que rechazaba cualquier manifestación de violencia y se mostró dispuesto a asumir la sanción reglamentaria.
La presidenta legislativa confirmó que se rebajaría la dieta de la sesión a Dobles, Gordienko y Campos, pues los tres se encontraban dentro del recinto sin emitir su voto. También advirtió que aplicaría el mismo criterio si situaciones equivalentes se repiten en el futuro.
Villalta cuestiona la moción y desata un enfrentamiento con Wilson Jiménez
Diputados de oposición presentaron una moción de revisión para intentar revertir el acuerdo. Durante su discusión, el jefe de fracción del Frente Amplio, José María Villalta Flórez-Estrada, acusó al oficialismo de utilizar la controversia con Robles para desviar la atención de otros acontecimientos ocurridos durante la jornada.
Villalta mencionó la reelección unánime de Carlo Díaz Sánchez como fiscal general de la República y el rechazo de la Ley de Armonización Eléctrica, que obtuvo 31 votos a favor y 23 en contra, pero no alcanzó los 38 necesarios para superar su segundo debate.
El frenteamplista defendió que Robles había propuesto una acampada pacífica frente a la Asamblea Legislativa y que su referencia a las movilizaciones de Francia y España no constituía una invitación a reproducir actos de vandalismo.
También cuestionó las afirmaciones de la diputada oficialista Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, quien había defendido la moción y asegurado que algunos llamados a la protesta estaban promoviendo el uso de pasamontañas y la quema de llantas.
Villalta sostuvo que esas afirmaciones carecían de sustento y criticó las referencias históricas que Esquivel había realizado anteriormente sobre la Revolución Francesa. En particular, cuestionó los conocimientos de la diputada sobre ese acontecimiento y su relación con los principios de libertad, igualdad y fraternidad.
La intervención provocó una respuesta del oficialista Wilson Jiménez Cordero, quien acusó a Villalta de realizar comentarios machistas y misóginos por cuestionar las capacidades de su compañera de bancada.
Jiménez exigió al frenteamplista una disculpa pública y afirmó que no tenía derecho a poner en duda la capacidad de Esquivel para haber ocupado una magistratura. También reprochó al Frente Amplio que defendiera los derechos de las mujeres mientras, según su interpretación, uno de sus dirigentes descalificaba públicamente a una diputada.
La moción de revisión fue rechazada por 42 votos en contra y ocho a favor, por lo que se mantuvo el pronunciamiento original.
Insultos y acusaciones cruzadas dominaron la sesión
Aunque la revisión había sido rechazada, el debate continuó durante numerosos turnos de palabra en los que diputados oficialistas y opositores intercambiaron descalificaciones y cuestionamientos personales.
La diputada oficialista Cindy Murillo Artavia acusó al PLN, el Frente Amplio y el PUSC de conformar una "alianza diabólica", y calificó a Liberación Nacional como el "caballo de Troya de la izquierda" y el "títere faldero" del partido frenteamplista.
Murillo también sostuvo que la oposición mantiene una alianza con el Poder Judicial y las universidades públicas, a las que acusó de adoctrinar estudiantes. Sus afirmaciones estuvieron acompañadas de descalificaciones contra sectores de izquierda, a los que responsabilizó de fomentar confrontaciones sociales.
La diputada del Frente Amplio Vianey Mora Vega respondió que la intervención de Murillo consistía en una sucesión de insultos y cuestionó la calidad del debate legislativo. También defendió el calificativo de "buitres" que había utilizado anteriormente contra el oficialismo, al afirmar que sus políticas perjudican a las personas de menores ingresos.
En otra intervención, el oficialista Nogui Acosta Jaén rechazó que la reelección de Carlo Díaz representara un revés político para su fracción, sostuvo que ese nombramiento no tenía trascendencia para Pueblo Soberano y reiteró que, desde su perspectiva, los perjudicados por el rechazo de la reforma eléctrica fueron los sectores productivos del país.
Diputados del Frente Amplio insistieron, por el contrario, en que la continuidad del fiscal general garantiza que prosigan las investigaciones penales sobre personas vinculadas con el poder político.
Diputados piden a la Presidencia restablecer el orden
Ante la continuidad de los enfrentamientos, varias diputaciones pidieron a Yara Jiménez intervenir para impedir que las diferencias políticas siguieran derivando en ataques personales.
La frenteamplista Sigrid Segura Artavia cuestionó que la Presidencia llamara al orden ante determinadas expresiones, pero permitiera otras igualmente ofensivas provenientes del oficialismo. La legisladora sostuvo que el debate había alcanzado un nivel inaceptable y pidió mayor consistencia en la aplicación de las reglas parlamentarias.
En la misma línea, Claudia Dobles reclamó que las discusiones estaban llegando a niveles de insultos incompatibles con el respeto que debe prevalecer en la Asamblea Legislativa, y solicitó expresamente a Jiménez utilizar sus atribuciones para detener las descalificaciones y conducir nuevamente la sesión hacia un debate institucional.
La oficialista Karol Matamoros Montoya también criticó el comportamiento de los legisladores y llamó a recuperar la solemnidad del recinto, señalando que algunas personas podían contar con numerosos títulos universitarios, pero carecían de educación para tratar respetuosamente a sus compañeros.
Matamoros cuestionó que se dedicara tiempo legislativo a discusiones personales en lugar de avanzar con los asuntos para los que fueron electos. Además, pidió a quienes participen en la manifestación del martes evitar daños a la infraestructura pública.
La diputada liberacionista Janice Sandi Morales anunció, por su parte, que el PLN presentará una moción para condenar los insultos del ministro de la Presidencia contra su jefe de fracción, Álvaro Ramírez Bogantes, a quien el funcionario había dirigido calificativos como "sátrapa", "títere" y "payaso".
Sandi sostuvo que el respeto debe exigirse tanto a las diputaciones como a las autoridades del Poder Ejecutivo, especialmente a quienes tienen la responsabilidad de mantener canales de diálogo con la Asamblea Legislativa.
La liberacionista Diana Murillo Murillo respaldó esa posición y explicó que su fracción había votado a favor de la moción contra los llamados a la violencia, pero que esperaba la misma disposición del oficialismo para rechazar las descalificaciones provenientes del Gobierno.
Convocatoria a una manifestación pacífica
La controversia que desencadenó los enfrentamientos se originó en una publicación de Ariel Robles en redes sociales, en la que propuso que la manifestación nacional del martes 20 de octubre incluyera una acampada frente al Congreso y el Gobierno, tomando como referencia movilizaciones realizadas en Francia y España.
¡Salgamos a defender el futuro de la sociedad Costarricense!
El 20 no solo deberíamos marchar por educación pública, deberíamos acampar frente una Asamblea Legislativa y Gobierno que no quiere escuchar. Así como está sucediendo en Francia y España, defender que la política deje de ser de ficción y resuelva problemas reales.
— Ariel Robles Barrantes 🇵🇸 🏳️ (@RoblesBarrantes) October 16, 2026
El mensaje no incluía un llamado explícito a cometer saqueos, incendios, agresiones u otros actos violentos. Robles rechazó este lunes haber incitado a la violencia y explicó que su propuesta consistía en realizar una acampada como mecanismo de protesta pacífica.
Horas antes de la sesión legislativa, Pueblo Soberano anunció que presentaría una denuncia penal contra el exdiputado por presunta instigación pública. La bancada también proyectó un video con imágenes de disturbios registrados en Francia para cuestionar sus declaraciones.
Durante los últimos minutos del plenario, varias diputaciones de oposición insistieron en la necesidad de que la movilización del martes se desarrollara pacíficamente. Dobles pidió a las personas participantes manifestarse con respeto y evitar que terceros provocaran incidentes violentos.
La diputada frenteamplista María Eugenia Román Mora también invitó a participar en la marcha y llamó a las organizaciones estudiantiles a mantenerse alertas para evitar provocaciones.
Finalmente, después de más de una hora de intervenciones posteriores a la presentación de la moción, la presidenta Yara Jiménez levantó la sesión a las 7:01 p. m., sin que los enfrentamientos entre las fracciones llegaran a resolverse.