La organización atribuyó la decisión del Gobierno a la presión de los sectores sociales y productivos. También pidió crear un mecanismo permanente para evaluar los efectos de los tratados comerciales y garantizar la participación ciudadana.
El Parlamento Cívico Ambiental (PCA) celebró la decisión de la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, de abandonar el proceso de adhesión de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico y anunció su respaldo a la marcha nacional convocada para el próximo 3 de noviembre en defensa del sector agropecuario.
Mediante un manifiesto divulgado el 29 de octubre, la organización atribuyó el cambio de posición del Gobierno a las movilizaciones y los cuestionamientos de organizaciones ambientales, agrícolas, campesinas, estudiantiles y ciudadanas que se opusieron al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).
El Parlamento calificó la decisión como "una importante victoria de los movimientos sociales, populares, ambientales, agrícolas, campesinos, estudiantiles y de las organizaciones ciudadanas" y sostuvo que la presión social resultó determinante para detener el proceso.
El pronunciamiento llega después de que Fernández anunciara el 28 de octubre que no firmaría el protocolo de adhesión al CPTPP y ordenara archivar el proceso. La mandataria también destituyó a la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos Gallo, tras cuestionar el manejo de la información sobre las condiciones negociadas.
Respaldan movilización en defensa del sector agropecuario
Aunque recibió favorablemente el anuncio presidencial, el PCA advirtió que la decisión de no incorporarse al acuerdo no resuelve los problemas que enfrenta la producción nacional, ni elimina las preocupaciones relacionadas con las comunidades rurales y la protección ambiental.
La organización afirmó que su oposición al CPTPP respondió a los posibles efectos del acuerdo sobre las actividades agropecuarias, la soberanía alimentaria, la biodiversidad y la capacidad del Estado para definir políticas públicas. También cuestionó la transparencia de las negociaciones y los espacios de participación ciudadana.
Por esa razón, el Parlamento respaldó mantener la marcha nacional del martes 3 de noviembre, convocada por organizaciones agropecuarias y otros movimientos sociales, pese a la decisión gubernamental de abandonar el proceso de adhesión.
Según la convocatoria difundida por las organizaciones participantes, la manifestación comenzará a las 10:00 a.m. en la Fuente de la Hispanidad y avanzará hacia la Plaza de la Democracia, en San José.
El PCA considera que la movilización debe servir para exigir políticas que fortalezcan la producción nacional, protejan el ambiente y atiendan las necesidades de las comunidades rurales.
Piden evaluar los tratados comerciales mediante un mecanismo permanente
El Parlamento también solicitó al Gobierno establecer un mecanismo permanente, transparente, participativo y jurídicamente vinculante para evaluar los tratados comerciales y dar seguimiento a sus resultados.
La propuesta contempla indicadores verificables, informes públicos periódicos y planes de acción para corregir los problemas que las evaluaciones identifiquen. Según la organización, estos instrumentos permitirían valorar las consecuencias económicas, sociales y ambientales de los compromisos comerciales del país.
En su manifiesto, el PCA sostuvo que Costa Rica debe aprovechar el cierre del proceso de adhesión al CPTPP para revisar su política comercial y diplomática, con mayor atención a las condiciones de los sectores productivos, las comunidades y el patrimonio natural.
El pronunciamiento lleva las firmas de Bernardo Aguilar González, presidente del Parlamento Cívico Ambiental; Victoria Rudín Vega, vicepresidenta; Oscar Moya Cantero, primer secretario; y Melanie Pérez Vargas, segunda secretaria.
La posición del PCA se suma a las reacciones que generó el anuncio presidencial. Mientras distintas organizaciones agropecuarias respaldaron el retiro del acuerdo, la Cámara de Comercio de Costa Rica y la Cámara de Comercio Exterior cuestionaron la decisión por considerar que limita oportunidades para diversificar mercados, atraer inversiones y generar empleo.
