La iniciativa de José María Villalta propone agravar las penas por homicidio y privación de libertad cuando se cometan contra personas defensoras de derechos humanos.
El jefe de fracción del Frente Amplio (FA), José María Villalta Flórez-Estrada, presentó un proyecto de ley (expediente 25.814) que retoma directamente el expediente 21.528, archivado en 2023, que buscaba garantizar la protección de las personas defensoras de derechos humanos.
La iniciativa pretende incorporar al Código Penal como homicidio calificado el asesinato de una persona defensora o activista cometido con ocasión de su activismo, y como privación de libertad agravada la ejecutada contra ella por esa labor.
Asimismo, busca permitir que personas socias, asociadas o integrantes de organizaciones que hayan mantenido una vinculación directa con la víctima por su labor como defensora o activista accedan a medidas de protección y asistencia cuando enfrenten riesgos o amenazas graves contra su vida o integridad física, o contra la de sus familiares.
Aunque la exposición de motivos también anuncia una agravante para el delito de lesiones y plantea reconocer como víctimas a integrantes de esas organizaciones, el articulado no reforma el delito de lesiones y limita el segundo efecto a determinados derechos de protección extraprocesal.
La exposición de motivos argumenta:
Corresponde al Estado enfrentar esta impunidad mediante todos los recursos a su alcance, ya que su persistencia favorece la reiteración de violaciones a los derechos humanos y deja en desprotección a las víctimas y a sus familiares, quienes tienen derecho a conocer lo ocurrido”.
Antecedentes internacionales
La propuesta señala que el derecho a defender los derechos humanos constituye un derecho humano en sí mismo y cita la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, adoptada por consenso por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1998 mediante la Resolución A/RES/53/144.
La resolución señala:
Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”.
La declaración no establece derechos distintos a los ya reconocidos en otros instrumentos, sino que articula derechos existentes como la vida, la integridad personal, la libertad de expresión y asociación, y las garantías y protección judiciales.
A partir de esa declaración, señala el proyecto, Naciones Unidas define a una persona defensora de los derechos humanos como aquella que, individual o colectivamente, actúa o desea actuar para promover, proteger o procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos local, nacional, regional o internacional.
Las personas defensoras promueven y protegen los derechos humanos mediante acciones pacíficas; además, visibilizan violaciones, alertan a las autoridades y contribuyen a la formulación de políticas públicas para el cumplimiento de las obligaciones estatales.
Latinoamérica concentró 79,3% de asesinatos reportados en 2024
La exposición de motivos señala que las personas defensoras de derechos humanos enfrentan amenazas, ataques y violencia relacionados con su labor.
El informe de la relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos del 24 de diciembre de 2020 señaló un problema de impunidad ante este tipo de violencia:
Los encargados de la recopilación de datos coinciden en que el hecho de que muchos casos no se denuncien es un problema común, y también en que la impunidad generalizada favorece la comisión de asesinatos. (…) Los responsables de los asesinatos a menudo escapan de toda responsabilidad, lo que a su vez hace más probable que esos asesinatos continúen”.
Además, la propuesta cita el reporte Global Analysis 2024/25 de Front Line Defenders, que documentó al menos 324 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en 32 países durante 2024.
Según los datos citados por el proyecto, 257 de esos asesinatos ocurrieron en Latinoamérica, equivalentes al 79,3% del total.
El proyecto cuenta con las firmas de apoyo de toda la fracción del Frente Amplio. Tras su presentación el 1 de octubre, el expediente permanece pendiente de que se le asigne una comisión para iniciar su trámite legislativo.