La reforma liderada por José María Villalta obligaría al Estado a definir políticas para garantizar el acceso a alimentos suficientes, nutritivos y seguros, y a fomentar la producción nacional de alimentos básicos.
Un grupo de 21 congresistas de oposición, liderados por el diputado del Frente Amplio José María Villalta Flórez-Estrada, presentó un proyecto de reforma constitucional (expediente 25.874) para incorporar expresamente al artículo 50 de la Constitución Política el derecho humano a la alimentación y establecer obligaciones estatales relacionadas con la seguridad y la soberanía alimentaria.
La iniciativa, propone reconocer que toda persona tiene derecho a una alimentación suficiente, nutritiva y segura, junto con acceso al agua potable, que le permita llevar una vida sana y desarrollarse integralmente de acuerdo con su edad y condiciones particulares.
El proyecto establece que el Estado deberá garantizar y preservar ese derecho y definir políticas y estrategias sostenibles para la producción, distribución y consumo de alimentos.
Además, incorporaría a la Constitución la obligación de fomentar, proteger y asegurar la producción nacional de alimentos básicos con el objetivo de satisfacer de forma sostenida, en cantidad y calidad, las necesidades alimentarias de la población.
La reforma señala que esas políticas deberán desarrollarse respetando la diversidad cultural y productiva de las comunidades.
Según la exposición de motivos, el proyecto busca alcanzar tres objetivos: reconocer expresamente el derecho humano a la alimentación, establecer la obligación estatal de garantizar la seguridad alimentaria y elevar a rango constitucional la protección de la soberanía alimentaria.
La exposición de motivos sostiene que la soberanía alimentaria implica la capacidad del país para definir sus políticas de producción, distribución y consumo y mantener una producción suficiente de alimentos básicos.
El texto también cita datos internacionales sobre hambre, costo de las dietas saludables y acceso a alimentos, y cuestiona los efectos que, según sus proponentes, han tenido las políticas de apertura comercial sobre la producción agrícola nacional.
Trámite de reforma constitucional
Las reformas constitucionales deben seguir un procedimiento especial. La propuesta debe presentarse con la firma de al menos diez diputaciones y durante un período de sesiones ordinarias. Posteriormente, debe leerse tres veces, con intervalos de seis días, antes de que el Plenario realice una votación para admitir el proyecto a discusión que requiere mayoría simple y su estudio por una comisión.
Luego, la reforma debe ser aprobada en primer debate de primera legislatura con mayoría simple, pasar a revisión obligatoria de la Sala Constitucional, y luego volver a votarse en segundo debate de primera legislatura, donde requiere al menos 38 votos para superar esa etapa.
Si el proyecto obtiene esos votos, la presidencia de la República debe dar su recomendación de aprobación o no de la reforma en el informe anual que rinda al Congreso en el mes de mayo, posterior a lo cual la reforma debe votarse otras tres veces en una segunda legislatura (año legislativo que va de mayo a junio del año siguiente) para poder aplicar la enmienda constitucional. La última votación de la segunda legislatura también requiere 38 votos.