El proyecto retoma directamente el expediente 21.528, archivado en 2023, para incorporar al Código Penal como homicidio calificado el asesinato de una persona defensora o activista cometido con ocasión de su activismo y como privación de libertad agravada la ejecutada contra ella por esa labor, y para permitir que personas vinculadas con la víctima mediante organizaciones de derechos humanos accedan a medidas de protección y asistencia cuando enfrenten riesgos o amenazas graves derivados de esa relación; aunque la exposición también anuncia una agravante para lesiones y habla de reconocer como víctimas a integrantes de esas organizaciones, el articulado no reforma el delito de lesiones y limita el segundo efecto a determinados derechos de protección extraprocesal.