La iniciativa de Karen Alfaro busca desarrollar un mecanismo público de reconocimiento que visibilice las buenas prácticas que garanticen la sostenibilidad y mejore el posicionamiento internacional del café costarricense.
La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Karen Alfaro Jiménez, presentó un proyecto de ley (expediente 25.823) que crearía el Programa Nacional de Caficultura Sostenible, Educación Alimentaria y Desarrollo Rural Territorial.
El programa tendría como objetivo —en el contexto histórico y cultural de la actividad cafetalera en el país— visibilizar buenas prácticas que garanticen la sostenibilidad y promuevan valor agregado, con el fin de mejorar el posicionamiento internacional del café costarricense, unido a la imagen país vinculada a la protección de la biodiversidad, señala el texto.
La participación sería voluntaria y no constituiría un requisito para producir, beneficiar, comercializar o exportar café. El programa tendría alcance nacional para la actividad cafetalera.
La propuesta busca reformar la Ley Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), Ley 9036.
La exposición de motivos señala:
La propuesta no pretende crear una nueva institución, duplicar competencias ni sustituir sistemas de certificación existentes. Más bien, aprovecha la capacidad instalada del Ministerio de Agricultura y ganadería (MAG), del Instituto de Desarrollo Rural (Inder, el Instituto del Café de Costa Rica (Icafé), las municipalidades, las instituciones ambientales, de salud y educativas, así como la investigación y extensión de las universidades y centros de investigación, dentro de sus respectivas competencias”.
Articulación de competencias
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) ejercería la rectoría del programa y tendría a su cargo el otorgamiento de la Bandera "Cafetalero Sostenible de Costa Rica", previa evaluación técnica. También podría ordenar el cese de su uso cuando no exista un reconocimiento vigente o haya una revocatoria firme, administraría el registro de participantes y definiría los indicadores de seguimiento.
El Inder apoyaría la ejecución y articulación territorial del programa y lo vincularía con los instrumentos de planificación del desarrollo rural territorial.
Por su parte, el Icafe podría participar, dentro de sus competencias y mediante los instrumentos jurídicos correspondientes, en asistencia técnica, investigación, capacitación, innovación y emisión de criterios especializados en materia cafetalera.
El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Ministerio de Salud, las municipalidades, las universidades públicas, los centros de investigación, las asociaciones de desarrollo, las cooperativas y otras organizaciones también podrían participar mediante convenios, proyectos, programas o mecanismos de cooperación compatibles con sus competencias. La participación de universidades públicas y municipalidades respetaría su autonomía, mientras que las acciones con centros educativos serían complementarias y no crearían obligaciones curriculares generales.
Incorporación al programa
Quienes opten por integrarse y utilizar el distintivo visual deberán cumplir requisitos objetivos, proporcionales y verificables fijados por reglamento, entre ellos buenas prácticas agrícolas, manejo de suelos, agua y residuos, protección de la biodiversidad, cumplimiento de la normativa aplicable y capacitación técnica.
La Bandera "Cafetalero Sostenible de Costa Rica" sería un reconocimiento institucional, voluntario, temporal y renovable. No constituiría ni sustituiría una certificación orgánica, comercial, ambiental, fitosanitaria, de origen o de calidad, ni generaría derechos económicos automáticos.
Las personas físicas y jurídicas vinculadas a la actividad cafetalera podrían participar cuando cumplan los requisitos técnicos. En el caso de personas jurídicas con fines de lucro, la participación se limitaría a pequeñas y medianas empresas y organizaciones de pequeños y medianos productores agropecuarios.
La ejecución del programa se financiaría con capacidades y recursos institucionales disponibles, convenios, proyectos de extensión y cooperación nacional o internacional, según la disponibilidad presupuestaria, y no le asigna una fuente de financiamiento nueva al programa.
Rendición de cuentas
El artículo 13 nonies de la propuesta establece obligaciones e indicadores:
El MAG, con apoyo del INDER y las instituciones participantes, establecerá indicadores verificables para evaluar la ejecución y resultados del programa. Los indicadores deberán considerar, al menos, cobertura y participación; capacitación y transferencia tecnológica; adopción de buenas prácticas; protección del recurso hídrico y biodiversidad; innovación; generación de valor agregado y encadenamientos; participación de jóvenes y mujeres rurales; y resultados territoriales".
El MAG deberá publicar periódicamente un informe de resultados y podrá actualizar, con base en evidencia técnica, los criterios operativos del programa mediante reglamento o instrumentos técnicos cuando corresponda.
También mantendrá un registro administrativo de los participantes reconocidos y de la vigencia de sus reconocimientos, de conformidad con la normativa de protección de datos y transparencia.
El Poder Ejecutivo tendría un plazo de 12 meses desde la publicación de la eventual ley para reglamentarla. Durante ese mismo período, el MAG, el Inder y el Icafe realizarían las acciones preparatorias para poner en operación el programa, y durante la fase inicial podrían desarrollarse proyectos piloto en zonas cafetaleras.
Tras su presentación el 5 de octubre, el expediente ahora deberá ser asignado a una comisión legislativa asignada para iniciar su trámite correspondiente.