La iniciativa de Iztarú Alfaro Guerrero propone descontar el porcentaje del monto bruto de las pensiones de los expresidentes.
La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Iztarú Alfaro Guerrero, presentó un proyecto de ley (expediente 25.904) que establecería una contribución solidaria del 15% sobre el monto bruto de las pensiones de expresidentes de la República. Los recursos se trasladarían a la Benemérita Cruz Roja Costarricense.
Para lograrlo, la iniciativa reformaría el artículo 2 de la Ley N.° 313, Ley de Pensiones para Expresidentes, y adicionaría un artículo 2 bis. La norma vigente establece que esas pensiones no sufrirán mermas ni deducciones de naturaleza alguna; el texto propuesto mantendría esa regla, salvo las deducciones establecidas mediante una ley.
De acuerdo con el articulado, la contribución se aplicaría también a las pensiones que ya se encuentran en curso de pago. El Ministerio de Hacienda retendría el monto y lo trasladaría a la Cruz Roja. Un transitorio dispone que la deducción comenzaría a calcularse sobre las pensiones correspondientes al mes siguiente a la publicación de la ley.
Cuánto se recaudaría
Según la exposición de motivos, el monto bruto de la pensión de expresidente asciende aproximadamente a ₡3.948.786 y el monto neto a ₡3.436.379, después de aplicar la retención del impuesto sobre la renta. Esa pensión se ajusta según el monto total de las dietas que reciben las diputaciones.
Con base en esa cifra y en siete expresidentes que reciben la pensión, la proponente calculó que una contribución de 15% permitiría recaudar ₡4.146.225,3 mensuales y ₡49.754.703,6 al año. La exposición de motivos señala que ese cálculo no incorpora la pensión que reciben una ex primera dama y la hija de un expresidente.
Alfaro reconoce que los recursos no cubrirían el déficit de la institución, pero sostiene que podrían financiar equipo, unidades o combustible destinados al traslado de pacientes.
Situación financiera de la Cruz Roja
La exposición de motivos señala que la Cruz Roja cerró 2025 con un déficit de ₡936 millones y 2024 con uno de ₡865 millones. También indica que las llamadas falsas al Sistema de Emergencias 9-1-1 representaron un gasto aproximado de ₡160 millones.
En abril, la institución indicó que necesita cerca de ₡30.000 millones anuales para operar. Según el proyecto, 40% de su financiamiento proviene de fondos públicos y 60% de donaciones, aportes del sector privado y cooperación internacional. Además, 66 comités auxiliares presentan déficit financiero.
El proyecto recuerda que en setiembre la institución anunció el cierre de los comités de San Pablo y San Rafael de Heredia, después de casi 35 años de servicio, por lo que los comités de Santo Domingo y San Isidro deben atender esas emergencias, con un aumento en los tiempos de respuesta. Previamente también cerraron los comités de Juan Viñas y San Mateo.
La exposición de motivos agrega que la Cruz Roja realizó despidos de personal administrativo y sostiene que el Estado mantiene retenidos más de ₡3.000 millones pendientes de giro.
Aplicación a pensiones ya otorgadas
La exposición de motivos dedica parte de su justificación al principio de irretroactividad establecido en el artículo 34 de la Constitución Política, que impide aplicar una ley en perjuicio de derechos patrimoniales adquiridos. Para ello, cita las sentencias 5817-93 y 7495-94 de la Sala Constitucional, con las que sostiene que eliminar pensiones ya otorgadas resultaría inconstitucional.
Según la proponente, la contribución planteada no elimina el beneficio, sino que establece una carga sobre este. Para respaldar esa posición, cita un informe de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa sobre el expediente 24.786 y las sentencias 19274-2020 y 18678-2024 de la Sala Constitucional, que, según la iniciativa, establecen límites para las cargas aplicables sobre una pensión.
Como la Asamblea Legislativa se encuentra desde el 1 de noviembre en el segundo periodo de sesiones extraordinarias, el expediente debe ser convocado por el Poder Ejecutivo para iniciar su trámite.
