Hace algunas semanas escribí que la Corte Suprema de Justicia no necesitaba más ruido. Sigo pensando lo mismo.
Costa Rica atraviesa un momento en el que la tensión política ha tocado con particular intensidad las puertas del Poder Judicial y, precisamente por eso, la elección de su Presidencia no era una decisión sencilla.
Este 26 de octubre, después de varias rondas de votación, Corte Plena eligió a Patricia Vargas González como presidenta de la Corte Suprema de Justicia. La decisión merece una lectura que vaya más allá de quién ganó y quién perdió.
Pensar que nuestras instituciones pueden continuar funcionando exactamente de la misma forma en que lo hicieron durante décadas es desconocer una regla básica de toda sociedad: los tiempos cambian y las instituciones deben saber leer esos cambios.
Adaptarse no significa destruir lo construido ni abandonar los principios que nos han dado estabilidad. Significa comprender que nuevas realidades políticas, tecnológicas, criminales y sociales requieren nuevas respuestas.
En esta elección se presentaron tres mujeres con perfiles de liderazgo distintos y un hombre con una importante orientación hacia la gestión y un sentido humano. Gerardo Rubén Alfaro representaba una candidatura particularmente vinculada con los desafíos de la justicia penal y la administración judicial. Quizás, y así lo espero, en otro momento histórico ese perfil encuentre una nueva oportunidad.
Pero la decisión que finalmente tomó Corte Plena parece transmitir otro mensaje. La Corte quiere capacidad de respuesta, firmeza y defensa institucional, pero no parece querer convertir su Presidencia en una nueva trinchera de confrontación.
Esa diferencia importa. Defender la independencia del Poder Judicial no significa participar en cada confrontación política que aparezca. Tampoco significa guardar silencio cuando corresponda defender la Constitución, el presupuesto, la independencia judicial o la posibilidad misma de administrar justicia.
Significa saber cuándo hablar, para qué hablar y desde qué lugar institucional hacerlo. Durante el proceso de elección, Patricia Vargas dejó una idea que me parece especialmente relevante: ocupará su espacio en las mesas de discusión cuando precisamente ese sea su espacio. No es una declaración menor.
Puede ser una señal de una Presidencia enfocada en las competencias propias de su cargo, en el respeto por la división de poderes y en el reconocimiento de los límites que también acompañan al ejercicio del poder.
Conocer el espacio que corresponde ocupar es también una forma de liderazgo. El país necesita una Presidencia de la Corte que pueda sentarse en las mesas de discusión cuando deba hacerlo, que defienda con firmeza al Poder Judicial cuando corresponda, pero que comprenda al mismo tiempo que la institucionalidad también significa respetar las competencias ajenas.
Hay, además, un elemento de esta elección que para mí tiene un significado especialmente personal. Soy padre de tres niñas. Y como padre me gusta que ellas puedan crecer en un país en el que mirar hacia los puestos más altos del Estado y encontrar mujeres ejerciendo esas responsabilidades deje de ser algo extraordinario.
No porque una mujer deba ser elegida únicamente por ser mujer. La preparación, la trayectoria y las capacidades siguen siendo indispensables. Pero durante demasiado tiempo las niñas crecieron viendo que determinados espacios parecían reservados casi exclusivamente para los hombres.
Que Patricia Vargas se convierta en apenas la segunda mujer en presidir la Corte Suprema de Justicia en dos siglos tiene entonces un valor que trasciende a la propia institución. Me gusta poder decirles a mis hijas que ningún lugar debería estar cerrado para ellas.
La elección ocurre, además, en el mismo mes en que Corte Plena decidió reelegir a Carlo Díaz como fiscal general de la República. La cercanía de ambas decisiones también ofrece una oportunidad para recordar algo elemental: el Poder Judicial no es una sola voz ni una estructura en la que todas sus instituciones deban confundirse.
El Ministerio Público tiene sus competencias y su independencia funcional. Los jueces tienen las suyas. La Presidencia de la Corte tiene responsabilidades distintas. El OIJ también. Esa separación debe preservarse. Precisamente por eso no veo necesariamente un fraccionamiento del Poder Judicial. Veo una oportunidad para fortalecerlo mediante una distribución más clara de responsabilidades.
Debe ser posible examinar la actuación de la Fiscalía sin convertir esa crítica en un ataque contra los jueces. Debe ser posible cuestionar una resolución judicial sin que esa crítica alcance automáticamente al Ministerio Público.
Debe ser posible evaluar a la Sala Tercera, al OIJ, a la Fiscalía General o a la propia Presidencia de la Corte conforme a las competencias y responsabilidades que corresponden a cada uno.
Ese escrutinio diferenciado fortalece la institucionalidad.
La Sala Tercera atraviesa, además, un proceso de transformación. Algunos de sus liderazgos están cambiando y todavía existen movimientos pendientes en su integración. Esos cambios coinciden con una Presidencia de la Corte que parece apostar por institucionalidad, firmeza y respeto entre poderes. Eso no significa ausencia de diferencias. La democracia no necesita unanimidad permanente.
Necesita instituciones fuertes, controles, discusión interna y personas capaces de ejercer poder sin pensar que todo el poder les pertenece. Patricia Vargas recibe una Corte con enormes desafíos: mora judicial, delincuencia organizada, nuevas manifestaciones criminales, transformación tecnológica, presión presupuestaria y una ciudadanía que exige respuestas mucho más rápidas.
Por eso su elección no puede ser un punto de llegada. Es apenas el comienzo. Dentro de cuatro años tendremos derecho a preguntarnos si la Corte mejoró sus tiempos de respuesta, modernizó sus procesos, defendió correctamente su independencia, fortaleció sus controles y recuperó confianza ciudadana. Ese será el verdadero examen.
Pero la decisión tomada por Corte Plena permite hacer hoy una primera lectura. La Corte parece querer defenderse sin convertir cada discusión en una batalla. Parece querer una voz firme sin construir su Presidencia alrededor de la confrontación. Y parece comprender que fortalecer la institucionalidad no consiste únicamente en arrebatar espacios de poder, sino también en respetar aquellos que corresponden a los demás.
Hace algunas semanas escribí que la Corte no necesitaba más ruido. Después de la elección de Patricia Vargas, quizás el desafío pueda formularse de otra manera: que la Corte se haga escuchar cuando corresponda, que sepa guardar silencio cuando no le corresponda hablar y que, sobre todo, deje que sus resultados hablen por ella.