Un monitoreo en la frontera de Río Sereno documentó esperas de hasta tres días y carencias de agua, alimentación y alojamiento. Organizaciones sociales piden a Costa Rica y Panamá reforzar la protección de las familias indígenas.
La Clínica de Derechos Humanos Ambientales del Instituto de Estudios Latinoamericanos (Idela) de la Universidad Nacional (UNA) reiteró su llamado a las autoridades de Costa Rica y Panamá para atender las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan las familias indígenas Ngäbe-Buglé que se desplazan hacia las zonas cafetaleras costarricenses. La organización universitaria fundamentó su solicitud en nuevos informes de campo y pronunciamientos que señalan dificultades de acceso a servicios básicos, atención médica y documentación migratoria.
Uno de los principales hallazgos proviene de un monitoreo que realizó Roy Arias Cruz, director de Seprojoven, durante agosto y septiembre de 2026 en el puesto fronterizo de Río Sereno, en Coto Brus. Según el informe, durante esos meses ingresaron por ese punto aproximadamente entre 100 y 300 personas por día, muchas de ellas acompañadas por familiares, incluidos niños, bebés y mujeres embarazadas.
La investigación, que incorporó observaciones de campo, entrevistas y registros fotográficos y audiovisuales, documentó esperas de dos y hasta tres días para completar los trámites necesarios. Durante ese tiempo, algunas familias permanecieron a la intemperie, sin espacios apropiados para descansar, alimentarse o utilizar servicios sanitarios.
El informe también identificó dificultades para acceder a agua potable, alimentación suficiente, vestimenta y lugares seguros donde dormir. Estas condiciones afectaron especialmente a niñas, niños y bebés, según las observaciones que recogió Arias durante el seguimiento en la frontera.
Investigación del OIJ identificó 19 muertes de menores en Los Santos
Las nuevas denuncias se suman a una investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) divulgada por Delfino.cr en julio de 2026, que documentó la muerte de 19 menores de edad del pueblo indígena Ngäbe-Buglé, en la región cafetalera de Los Santos entre 2020 y 2026.
Según los datos, 10 de esas muertes estuvieron asociadas con bronconeumonía. La investigación identificó que los fallecimientos ocurrieron principalmente entre septiembre y enero, periodo que coincide con la cosecha de café, y señaló dificultades relacionadas con el acceso a servicios de salud y las condiciones de alojamiento de algunas familias.
Organizaciones indígenas solicitan una respuesta binacional
La organización Cultura Kare, vinculada al territorio indígena Ngäbe de Conte Burica, difundió un comunicado fechado el 2 de octubre en el que solicitó a los gobiernos de Costa Rica y Panamá actuar ante las dificultades que enfrentan las familias indígenas durante sus desplazamientos. La agrupación relacionó esta movilidad con las necesidades económicas de las comunidades y con antecedentes históricos de pérdida territorial.
Cada año, miles de familias de la población indígena Ngäbe-Buglé se ven forzadas a abandonar sus comunidades. No viajan por elección; se mueven empujadas por la necesidad económica, convirtiéndose en la mano de obra esencial que sostiene la recolección del café, un motor agrícola vital para la región”.
La organización también denunció situaciones de discriminación, obstáculos administrativos y condiciones inadecuadas de alojamiento, tanto durante el desplazamiento como al llegar a algunas zonas de producción cafetalera.
Por su parte, Prilaka, una organización comunitaria que trabaja por los derechos de pueblos indígenas de la Mosquitia nicaragüense, expresó su solidaridad con las familias Ngäbe-Buglé y cuestionó las dificultades para tramitar salvoconductos en puntos fronterizos como Paso Canoas, Río Sereno, Sabalito y Sixaola.
En su pronunciamiento, Prilaka advirtió que los retrasos en la documentación pueden obstaculizar el acceso a servicios de salud y reclamó que las autoridades aborden la situación desde una perspectiva de derechos colectivos, más allá de los procedimientos administrativos y migratorios.
Solicitan inspecciones y mayor acceso a servicios de salud
La Clínica de Derechos Humanos Ambientales del Instituto de Estudios Latinoamericanos (Idela) de la UNA recordó que en julio de 2026 participó en un pronunciamiento público junto con el Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y el Observatorio de Relaciones Laborales de la Facultad de Derecho de la UCR.
Las organizaciones solicitaron fortalecer la atención primaria en salud, la vacunación, el seguimiento epidemiológico y los servicios materno-infantiles durante la temporada cafetalera. También pidieron inspecciones de las condiciones de alojamiento, transporte y trabajo en las fincas, así como medidas para garantizar el acceso a la seguridad social.
La clínica universitaria insistió en establecer mecanismos permanentes de coordinación entre las instituciones de ambos países y las organizaciones indígenas, con el objetivo de atender las necesidades que surgen desde los desplazamientos fronterizos hasta la permanencia de las familias en las zonas de cosecha.
La entidad anunció que continuará dando seguimiento a las denuncias y solicitó que las autoridades traduzcan los hallazgos y testimonios recopilados en medidas de protección para las personas indígenas que participan cada año en la recolección del café.