El Consejo Universitario también acordó promover espacios de acompañamiento para personas de la Muskitia que viven en Costa Rica e instó a Migración y al Registro Civil a garantizar los derechos previstos para las personas indígenas transfronterizas.
El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) aprobó este martes 1.º de setiembre, durante su sesión N.° 7024, un pronunciamiento en el que solicitó información sobre la situación de personas indígenas y afrodescendientes de la Muskitia privadas de libertad o reportadas como desaparecidas en Nicaragua.
El acuerdo también plantea acciones de acompañamiento para integrantes de esas comunidades que actualmente viven en Costa Rica.
El pronunciamiento surgió a raíz de la muerte del dirigente indígena miskito Brooklyn Rivera Bryan, ocurrida el pasado 30 de mayo mientras permanecía bajo custodia del Estado nicaragüense.
Rivera había permanecido más de 970 días privado de libertad. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua calificaron su detención como arbitraria y sostuvieron que la negativa prolongada de las autoridades a informar sobre su paradero constituyó una desaparición forzada.
Las autoridades nicaragüenses, por su parte, atribuyeron su muerte a complicaciones de salud relacionadas con infecciones y secuelas posteriores al COVID-19. Organismos internacionales han solicitado una investigación independiente sobre las circunstancias de su fallecimiento.
La UCR condenó lo que calificó como persecución, encarcelamiento arbitrario y desaparición forzada de Rivera y reconoció su trayectoria en la defensa de la autonomía regional, los territorios ancestrales, la participación política y las formas de organización de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la costa Caribe de Nicaragua.
Pide información sobre otras personas detenidas
El Consejo Universitario también acordó solicitar información sobre la condición de otras personas indígenas y afrodescendientes privadas de libertad o cuya situación ha generado preocupación entre organizaciones y mecanismos internacionales de derechos humanos.
Asimismo, pidió la liberación de quienes, según el pronunciamiento, permanecen encarcelados por razones políticas.
Entre las personas mencionadas figura Steadman Fagot Müller, dirigente miskito detenido desde septiembre de 2024. Durante varios meses se desconoció públicamente su paradero, pero en junio de 2026 el Gobierno de Nicaragua difundió fotografías en las que aparece junto con su esposa dentro del Sistema Penitenciario Nacional. Fagot continúa privado de libertad.
El acuerdo también menciona a seis guardabosques mayangnas: Argüello Celso Lino, Ignacio Celso Lino, Donald Andrés Bruno Arcángel, Evertz Bruno Palacios, Stony Bruno Smith y Oliver Bruno Palacios.
El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria examinó sus casos en dos resoluciones distintas y concluyó que sus detenciones fueron arbitrarias, por lo que solicitó al Estado nicaragüense su liberación. Las autoridades nicaragüenses los han procesado por distintos delitos, mientras los organismos internacionales han cuestionado las condiciones de detención y las garantías de los procesos judiciales.
Acompañamiento para personas de la Muskitia en Costa Rica
La UCR también expresó solidaridad con las personas indígenas y afrodescendientes de la Muskitia desplazadas o exiliadas en Costa Rica y acordó promover espacios de diálogo entre la comunidad universitaria y organizaciones miskitas, mayangnas y afrodescendientes presentes en el país.
El objetivo, según el acuerdo, es conocer sus experiencias, necesidades y propuestas.
El Consejo pidió además a la Rectoría, las vicerrectorías y otras instancias universitarias valorar mecanismos de apoyo académico, cultural, de investigación y acción social para personas provenientes de la Muskitia que residen en Costa Rica.
También planteó desarrollar actividades relacionadas con sus lenguas y culturas, así como con el desplazamiento forzado y la movilidad humana en Centroamérica.
UCR pide aplicar mecanismos para indígenas transfronterizos
El pronunciamiento insta además a la Dirección General de Migración y Extranjería y al Registro Civil a realizar las acciones correspondientes para garantizar los derechos de las personas indígenas transfronterizas previstos en la Ley 9710.
Esa normativa, vigente desde 2019, creó procedimientos especiales relacionados con nacionalidad, regularización migratoria e integración para personas pertenecientes a pueblos indígenas cuyo territorio histórico y establecimiento como población existían antes de las actuales fronteras entre Costa Rica y sus países vecinos.
El pronunciamiento divulgado por la UCR no precisa si pretende que ese régimen jurídico se aplique específicamente a las personas miskitas y mayangnas provenientes de Nicaragua ni bajo qué interpretación jurídica podrían ser reconocidas bajo esa categoría.
La propuesta fue presentada por Ilka Treminio Sánchez, Nickolás Guevara Díaz y Pablo Monteagudo Madrigal, integrantes del Consejo Universitario, con apoyo de la Unidad de Estudios del órgano y colaboración del programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social.