El PPSD votó contra la iniciativa, mientras la oposición intentó mantenerla con vida. El proyecto proponía reconocer la medicina tradicional, la partería indígena y prácticas culturales durante el parto y los funerales.
La Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos archivó este martes el expediente 24.506, que buscaba incorporar en la Ley General de Salud disposiciones para garantizar una atención con pertinencia cultural a las personas indígenas.
Los cuatro diputados del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) presentes en la comisión votaron contra mantener vivo el proyecto, mientras las tres diputaciones de oposición lo respaldaron. La iniciativa proponía reformar los artículos 9, 12, 44 y 330 de la Ley General de Salud para incorporar disposiciones relacionadas con la medicina tradicional, la atención de mujeres embarazadas indígenas, el ejercicio de parteras y personas sabedoras tradicionales y las prácticas funerarias de los pueblos indígenas.
El proyecto lo presentó en 2024 la entonces diputada Sonia Rojas Méndez. Entre otros cambios, planteaba que los servicios de salud tomaran en cuenta métodos de prevención, prácticas curativas y medicina tradicional indígena, así como que la atención durante el embarazo y el parto respetara las prácticas culturales de estas poblaciones.
También pretendía exceptuar de determinadas reglas sobre el ejercicio de las profesiones de salud a parteras tradicionales y personas que ejercen funciones de medicina tradicional indígena dentro de sus territorios, siempre que contaran con reconocimiento de sus autoridades. Además, proponía incorporar a la Ley General de Salud el deber de respetar prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales indígenas relacionadas con la preparación y entierro de personas fallecidas.
Mayoría alegó riesgos sanitarios y vacíos regulatorios
El informe negativo acogido por la mayoría sostuvo que el texto presentaba riesgos para la salud pública y la seguridad de los pacientes, principalmente porque incorporaba prácticas curativas y medicamentos tradicionales al sistema de salud sin establecer mecanismos de validación científica, regulación y supervisión.
El dictamen también cuestionó la excepción planteada para parteras y personas dedicadas a la medicina tradicional porque, según sus autores, el proyecto no establecía con suficiente claridad requisitos de formación, habilitación, supervisión, responsabilidad ni delimitación de competencias. En materia obstétrica, el informe señaló particularmente la necesidad de garantizar capacidad de respuesta ante emergencias como hemorragias, preeclampsia, sepsis o complicaciones neonatales.
La mayoría también consideró que algunas disposiciones podían generar duplicidad normativa, pues determinados derechos durante el embarazo, parto y posparto ya están contemplados en legislación específica. A ello agregó que el proyecto no definía una fuente presupuestaria para gastos como capacitación del personal, contratación de intérpretes, adaptación de equipos y tratamientos o eventuales mecanismos de registro de personas dedicadas a la medicina tradicional.
Otro cuestionamiento se relacionó con la diversidad de los pueblos indígenas. El informe señaló que Costa Rica cuenta con ocho pueblos distribuidos en 24 territorios y sostuvo que el proyecto abordaba a estas poblaciones de manera general, sin desarrollar suficientemente sus particularidades. Asimismo, indicó que no existía certeza sobre el cumplimiento de una consulta previa a todos los pueblos indígenas afectados por la propuesta.
Villalta defendió cambios al texto
El diputado del Frente Amplio José María Villalta Flórez-Estrada presentó un informe afirmativo de minoría en el que propuso mantener vivo el expediente y modificar su contenido mediante un texto sustitutivo para atender parte de las observaciones técnicas recibidas durante la tramitación.
La propuesta de Villalta planteaba aclarar que reconocer la medicina tradicional indígena no obligaría a incorporarla a la lista oficial de medicamentos de la CCSS ni sustituiría la atención convencional. También proponía delimitar las funciones de las personas sabedoras tradicionales, establecer la referencia a servicios médicos cuando existieran señales de riesgo y precisar las reglas sanitarias para las prácticas funerarias.
El informe de minoría coincidió, además, en que el proyecto debía someterse al Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas antes de continuar su trámite. La Mesa Nacional Indígena había advertido durante las consultas legislativas que la iniciativa afectaba directamente a estos pueblos y que debía cumplir con el procedimiento establecido a partir del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).