Plenario rechazó dos propuestas anteriores impulsadas por la oposición y, tras horas de enfrentamientos, aprobó investigar el financiamiento político de las dos últimas elecciones nacionales.
El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves, por unanimidad de 52 diputados presentes, la creación de una comisión especial que investigará los presuntos vínculos del narcotráfico, el crimen organizado y la legitimación de capitales con el financiamiento de los partidos políticos durante las campañas electorales de 2021-2022 y 2025-2026. El acuerdo llegó después de que el Plenario dedicara buena parte de su sesión de la tarde a discutir tres propuestas de investigación, en medio de diferencias entre el oficialismo y la oposición sobre los períodos y los hechos que debía abarcar la comisión.
La Asamblea terminó acogiendo, por último, una moción de la fracción oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO), que amplió a las dos últimas campañas electorales el alcance de una propuesta que las fracciones de Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA) y Coalición Agenda Ciudadana (CAC) negociaron el miércoles, pero que no consiguió los votos necesarios este jueves. La diferencia central entre ambos textos radica en que la iniciativa conjunta de oposición limitaba la investigación a la campaña de 2025-2026, mientras que el PPSO incorporó también la de 2021-2022, cuando Rodrigo Chaves Robles alcanzó la Presidencia de la República con el Partido Progreso Social Democrático.
La comisión tendrá como objeto investigar los presuntos nexos políticos y el financiamiento electoral realizado por personas supuestamente vinculadas con el narcotráfico, el crimen organizado y la legitimación de capitales. También podrá examinar las relaciones de esas personas con partidos políticos, comandos de campaña, candidaturas, funcionarios públicos y dependencias del Poder Ejecutivo, así como los controles institucionales que pudieron prevenir o detectar posibles irregularidades.
Además, deberá determinar si la legislación costarricense dispone de herramientas suficientes para prevenir el ingreso de recursos procedentes de actividades ilícitas al sistema político-electoral y, a partir de sus hallazgos, podrá formular recomendaciones para fortalecer la transparencia, la trazabilidad y la fiscalización del financiamiento partidario.
Tres mociones y una negociación sin acuerdo
La discusión comenzó con una moción presentada por el PLN para investigar específicamente los presuntos nexos políticos, financieros y comerciales del ciudadano costarricense de origen chino Guobin Tam Zhang, también conocido como Juan Carlos Tam Cheong, detenido el 2 de octubre con fines de extradición a Estados Unidos por investigaciones relacionadas con el narcotráfico internacional y la legitimación de capitales. Los liberacionistas plantearon la necesidad de esclarecer su presencia en actividades políticas y sociales en las que participaron dirigentes del PPSO y personas cercanas al Gobierno.
La propuesta liberacionista contemplaba una investigación de 12 meses y no excluía posibles relaciones del detenido con otras agrupaciones políticas o con el financiamiento de las elecciones de 2022 y 2026. Sin embargo, 29 diputados votaron en contra y 23 a favor, por lo que el Plenario la rechazó, al igual que una posterior moción de revisión que obtuvo idéntico resultado.
El jefe de fracción del PPSO, Nogui Acosta Jaén, cuestionó que la propuesta se concentrara en una persona y defendió la necesidad de investigar a todas las agrupaciones políticas, incluidos los hechos relacionados con la campaña electoral anterior. Durante su intervención sostuvo que el oficialismo estaba dispuesto a apoyar una investigación más amplia, pero rechazó lo que calificó como un intento de hacer "politiquería" a partir de las relaciones del detenido con integrantes del partido gobernante.
Por su parte, el jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez Bogantes, defendió la necesidad de esclarecer las relaciones de Tam Zhang con personas vinculadas al Gobierno, sin perjuicio de investigar las finanzas de otras agrupaciones políticas. El legislador insistió en que el caso ameritaba una investigación particular por la naturaleza de las acusaciones que motivaron la detención del ciudadano requerido por las autoridades estadounidenses.
El liberacionista Marco Badilla Chavarría también cuestionó que se pretendiera condicionar la investigación específica del detenido a una revisión general del financiamiento político y defendió la posibilidad de desarrollar ambas investigaciones sin que una sustituyera a la otra.
Posteriormente, el Plenario conoció una segunda moción que suscribieron el PLN, el FA y la CAC, producto de conversaciones entre las distintas fracciones legislativas. Este texto proponía investigar posibles relaciones entre el financiamiento de los partidos políticos y personas vinculadas con actividades ilícitas durante la campaña de 2025-2026, sin limitar el objeto a Tam Zhang ni a una sola agrupación política.
Pese a que integrantes de la oposición afirmaron que habían alcanzado un entendimiento con el oficialismo sobre esa propuesta, los 29 diputados del PPSO presentes votaron en contra y los 23 integrantes de oposición lo hicieron a favor. El resultado se repitió durante la votación de la moción de revisión, después de que varias diputaciones cuestionaran el incumplimiento del acuerdo que, según afirmaron, negociaron el miércoles.
La diputada Claudia Dobles Camargo, de la CAC, recordó que las conversaciones habían abordado el objeto de la investigación, su duración, la distribución de integrantes y la posibilidad de prorrogar el plazo, por lo que cuestionó que el oficialismo rechazara el texto consensuado. Acosta respondió que el PPSO también participó en su elaboración, pero reclamó que la propuesta llegara al Plenario sin firmas de su fracción y sostuvo que debía incluirse la investigación de la campaña de 2022.
Acuerdo unánime tras horas de discusión
Tras el rechazo de la segunda propuesta, y antes de conocerse la moción oficialista, los diputados discutieron si determinadas personas debían abstenerse de votar una investigación que podría comprender campañas electorales en las que tuvieron participación directa, a raíz de una consulta del frenteamplista Antonio Trejos Mazariegos sobre la aplicación del artículo 105 del Reglamento legislativo.
El oficialista José Miguel Villalobos Umaña señaló que la disposición permite a las diputaciones excusarse cuando consideren que existe un interés directo, pero no establece una obligación general de retirarse de la votación por haber participado en las campañas objeto de investigación. El intercambio incluyó cuestionamientos sobre eventuales conflictos de interés y sobre la validez de las votaciones anteriores.
Finalmente, el Plenario conoció la tercera moción, presentada por el PPSO, que mantuvo la estructura de la propuesta anterior, pero extendió expresamente el período investigado a las campañas de 2021-2022 y 2025-2026.
Durante su defensa, Villalobos Umaña aseguró que el oficialismo no protegería a ninguna persona del partido que llegara a aparecer vinculada con actos irregulares. El legislador expresó:
Si de esta investigación resulta que alguna persona del partido Pueblo Soberano, diputado, secretario, tesorero, persona allegada al partido, aparece con una relación comercial perversa con el señor Tam, caerá, caerá y se hundirá. Aquí nadie va a proteger a nadie".
La oficialista Marta Esquivel Rodríguez también defendió la ampliación del período investigado y sostuvo que la comisión debería examinar los controles bancarios sobre el origen de los recursos que circulan por el sistema financiero nacional.
Concluidas las intervenciones, los 52 diputados presentes votaron a favor de la moción, sin votos en contra. Posteriormente, el Plenario rechazó por unanimidad, con 48 votos en contra y ninguno a favor, una moción de revisión, con lo cual quedó en firme la creación de la comisión.
La instalación está prevista para el 27 de octubre
La comisión contará con nueve diputados: cinco del PPSO, dos del PLN, uno del FA y uno de las dos fracciones unipersonales, correspondientes a la CAC y al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Sus integrantes deberán rendir un informe en un plazo de seis meses a partir de su instalación, aunque el Plenario podrá prorrogarlo mediante una moción de orden debidamente fundamentada.
La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez Fallas, solicitó a las jefaturas de fracción remitir los nombres de sus representantes a más tardar el jueves 15 de octubre y anunció que la instalación de la comisión tendrá lugar el martes 27 de octubre.
La comisión dispondrá de las facultades de investigación que establece el inciso 23 del artículo 121 de la Constitución Política, incluida la posibilidad de solicitar documentos, recabar pruebas y convocar comparecencias, aunque deberá respetar el debido proceso, la presunción de inocencia, los derechos de las personas comparecientes y las competencias de las autoridades judiciales y electorales.
Su mandato también contempla trasladar al Ministerio Público, al Tribunal Supremo de Elecciones, a la Contraloría General de la República o a otras autoridades competentes los hallazgos que puedan constituir indicios de delitos, infracciones electorales u otras responsabilidades.
Plenario también rechazó moción para fortalecer recursos contra el narcotráfico
En medio de la discusión sobre las comisiones investigadoras, el Plenario también rechazó una moción que promovió la diputada Dobles Camargo junto con otras diputaciones, mediante la cual proponían reconocer el trabajo de las instituciones nacionales y agencias estadounidenses que participaron en operativos recientes contra el narcotráfico y la legitimación de capitales.
La iniciativa incluía un compromiso de la Asamblea Legislativa para dotar de recursos presupuestarios suficientes al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Ministerio Público, Policía de Control de Drogas (PCD), Fuerza Pública y Servicio Nacional de Guardacostas, especialmente durante el trámite del presupuesto ordinario de 2027 y los presupuestos extraordinarios de 2026.
La iniciativa obtuvo 21 votos a favor y 29 en contra, mientras que su revisión también fracasó por 19 votos favorables y 29 contrarios. Durante la discusión de esta última, el diputado oficialista José Miguel Villalobos Umaña explicó que su fracción rechazó la propuesta por dos razones: consideró innecesario que el Congreso aprobara mociones para felicitar a otras instituciones por el cumplimiento de sus funciones y cuestionó que el texto planteara asignar recursos presupuestarios suficientes sin precisar cuáles serían esos montos.
Villalobos calificó la moción de "casi zalamera", "dócil", "servil" y "obsecuente" y sostuvo que la Asamblea no debería dedicar su tiempo a aprobar reconocimientos cada vez que una institución obtiene resultados positivos, ni mociones de condena cuando ocurre algo negativo. Sobre el compromiso presupuestario, afirmó que los recursos suficientes serán aquellos que el Plenario determine cuando apruebe el presupuesto nacional, por lo que consideró que la propuesta constituía un "saludo a la bandera" sin efectos concretos.
En respuesta, Claudia Dobles Camargo rechazó que la iniciativa pretendiera simplemente felicitar a las instituciones y sostuvo que su propósito principal consistía en comprometer al Congreso a fortalecer sus capacidades mediante la asignación de recursos. La legisladora cuestionó que el PPSO defendiera públicamente la necesidad de combatir el narcotráfico, pero rechazara una moción que planteaba priorizar el presupuesto de las instituciones encargadas de esa tarea.
Dobles también contrapuso las necesidades presupuestarias de los cuerpos policiales y de investigación con los recursos destinados al Ministerio de la Presidencia para vehículos, drones y asesorías. Afirmó que la seguridad requiere más patrullas, equipamiento, tecnología y personal para combatir el crimen organizado, y acusó al oficialismo de no respaldar con decisiones presupuestarias las prioridades que expresa en sus discursos.