En plena guerra civil inglesa, un predicador realista exhortaba a orar sin escrúpulo alguno contra los “incendiarios santurrones”: hombres que habían bajado fuego del cielo para poner a su patria en llamas y que fingían religión para levantar y sostener una rebelión perversa. Casi cuatro siglos después, la figura conserva una vigencia incómoda. Nuestros incendiarios también fingen devoción: a la patria, a la familia, a Dios, al pueblo. Y también alimentan con ese fuego una rebelión. Solo que la suya no es contra un rey: es contra los valores democráticos, republicanos y liberales. Y se explica menos por convicción que por miedo. Cada hora que esos valores sobreviven es una hora en que la caquexia moral y ética de los caquistócratas corre el riesgo de hacerse evidente.
Conviene precisar el término. Caquistocracia significa, literalmente, el gobierno de los peores. No de los más torpes, que sería casi un consuelo, sino de quienes carecen de las virtudes que el ejercicio del poder público exige. Y lo saben, aunque jamás lo admitan. De ahí que sus miedos sean violentos: quien teme ser descubierto no discute, ataca, hace burla, insulta.
¿Y a qué le temen los caquistócratas? A un catálogo bastante preciso de valores republicanos. Le temen a la virtud cívica, porque quien la practica exige cuentas. Le temen a la participación política activa, porque la ciudadanía que delibera es más difícil de administrar que la clientela que aplaude. Le temen a la educación cívica, porque un pueblo que entiende cómo funcionan sus instituciones no confunde un fallo adverso con una conspiración. Le temen a la lucha contra la corrupción, por razones que no requieren mayor elaboración. Le temen al gobierno limitado y equilibrado por leyes constitucionales, a la libertad entendida como no dominación —no basta que el poderoso no me golpee hoy; hace falta que no pueda golpearme mañana a su antojo— y le temen, sobre todo, al Estado de derecho y a la noción misma de bien común, que subordina el apetito privado al interés público.
Proteger a la ciudadanía del poder arbitrario o descontrolado de su propio gobierno mediante un buen diseño institucional es, quizás, la preocupación clásica del republicanismo. Costa Rica la tomó en serio. La Sala Constitucional ha sostenido durante décadas que una de las funciones cardinales de los tribunales en general, y de la jurisdicción constitucional en particular, es la interdicción de la arbitrariedad: el poder público debe actuar con fundamento, con razones, dentro de cauces. Y antes de la Sala Cuarta ya estaba la decisión deliberada de la Constituyente de 1949 de crear una presidencia débil, repartida, vigilada. No fue descuido ni timidez: fue memoria. El republicanismo aborrece la acumulación de poder, y la división de poderes existe precisamente para dispersarlo, robustecer el Estado de derecho y proteger al público de la tiranía. Un país que venía de comprobar lo que cuesta el poder concentrado optó por hacerlo estructuralmente difícil. Y lo selló con el acto costarricense por excelencia de dispersión del poder coactivo: la abolición del ejército, elevada a rango constitucional. Ningún gesto republicano es más elocuente. Donde no existe una institución armada permanente, el aspirante a caudillo pierde de entrada el instrumento clásico para clausurar congresos, intimidar jueces y convertir el desacuerdo político en delito.
Ese diseño tiene, además, una virtud que los caquistócratas presentan como defecto: la lentitud. Una democracia pura puede degenerar en tiranía de la mayoría. Las instituciones republicanas y la separación de poderes hacen más lento el proceso legislativo a propósito, para que ningún arrebato de pasión popular —genuino o fabricado— arrase de un plumazo con los derechos de las minorías. Donde el ciudadano ve una garantía, el caquistócrata ve un estorbo y llama “trabas” a los frenos y “burocracia” a los contrapesos.
Por eso detestan también el liberalismo, que insiste en la separación de poderes y, en particular, en la independencia judicial; que le encarga al Estado garantizar los derechos humanos, los derechos civiles, las libertades públicas y los derechos políticos de todos, incluidos los antipáticos, los minoritarios, los opositores y los vulgares más depravados. Y por eso les incomoda la idea misma de contrato social: si el poder emana del consentimiento de los gobernados, entonces quien manda tiene límites, fronteras, obligaciones. Preferirán invocar, de manera oblicua, alguna versión de la voluntad general; pero la invocan como si fuera un cheque en blanco para el gobierno de la turba, no como el fundamento de una autoridad acotada.
Como todo eso es difícil de decir en voz alta, el caquistócrata necesita espantajos. Le encanta fabricarlos y los rota según la necesidad del momento: un día las minorías étnicas, otro las minorías sexuales, luego los migrantes, después quien haga falta. El enemigo tangible es una tecnología política de primer orden: una vez que existe, se le puede atribuir cualquier antivalor —una amenaza a la familia, a la tradición, a alguna idiosincrasia nacional nunca definida—.
El antivalor no necesita ser real; basta con que parezca real, porque su función es ser yuxtapuesto a los valores entrañables y emocionalmente cargados de las personas a quienes se pretende manipular. La “ideología de género” es el ejemplo de manual: una niebla con nombre propio. Todo esto sirve, desde luego, para construir y sostener una base de poder. Pero hay algo más profundo: los ideales republicanos, liberales y democráticos no son, para el caquistócrata, cortesías prescindibles; son conceptos que exceden su comprensión, tanto por su torpeza moral y ética como por su caquexia intelectual. Se ataca con especial saña lo que no se alcanza a entender.
El repertorio incluye siempre una promesa de restauración: el retorno a un pasado idílico, ficticio pero verosímil, donde los espantajos de turno y sus antivalores tóxicos aún no habían destruido a la sociedad y al país. Y cuando llegan al poder, los caquistócratas aprenden a hablar en un dialecto que suena republicano, democrático y hasta liberal. Invocan la propiedad privada, pero sin la menor consideración por sus costos sociales o ambientales. Invocan la libertad de expresión, pero solo para quienes los apoyan y, de preferencia, sin una prensa libre, independiente, preguntona y crítica de por medio. Invocan la libertad de asociación, mientras buscan asfixiar sindicatos, grupos ambientalistas, organizaciones de derechos humanos y a cualquiera que ose cuestionar su proyecto de poder, no digamos desafiarlo. Invocan la democracia, pero la quieren reducida a un trámite formal, curado y administrado desde arriba.
Hay una sola cosa que el caquistócrata desprecia con más fervor que a la prensa libre: un Poder Judicial fuerte, independiente y sin miedo. ¿Por qué? Porque es el espantajo perfecto. Los tribunales no son instituciones plebiscitarias; deciden con base en preceptos jurídicos aplicados a hechos objetivos, no en encuestas. Pero, en una sociedad con niveles educativos en deterioro, el conocimiento sobre lo que los jueces pueden hacer, lo que tienen prohibido hacer y las razones por las que existen los procedimientos y las garantías es escaso.
Esa ignorancia convierte a las cortes en un cómodo montón de abstracciones “contrarias al bien común”, fáciles de caricaturizar. La aversión, sin embargo, tiene un fondo más serio: los tribunales trabajan con hechos y con interpretaciones razonadas, incluso con desacuerdos razonados sobre unos y otras, mientras que el caquistócrata necesita que los hechos sean materia maleable, dependiente de quien los controla; de preferencia, su propio gobierno. Un juez que no le teme es un testigo que no se puede comprar.
Al final, todo el aparato —los espantajos, la niebla, la nostalgia prefabricada, la guerra contra jueces y periodistas— es humo y espejos para ocultar el objetivo real: atrincherarse en el poder. Lo que el caquistócrata persigue es una oclocracia que se viste de gobierno de las mayorías, pero que en el fondo apenas encubre una nueva oligarquía o una plutocracia de cuño reciente. Sus miedos son violentos porque el tiempo juega en su contra.
Cada hora que sobreviven la Constitución, la Sala Constitucional, la prensa, la escuela pública y el ciudadano que pregunta es una hora en que la máscara se afloja. Aquel predicador del siglo XVII pedía orar contra los incendiarios santurrones. Nosotros podemos hacer algo más eficaz que orar: sostener, con paciencia y sin miedo, las instituciones que ellos necesitan quemar. No hay espantajo que resista a una ciudadanía que entiende por qué existen sus garantías.