La cámara advirtió que trasladar la administración del fondo de Sutel a la PCII no resolverá por sí solo los problemas de ejecución.
La Cámara de Infocomunicación y Tecnología de Costa Rica (Infocom) respaldó el objetivo del proyecto de ley (expediente 25.727) presentado por el Poder Ejecutivo para fortalecer la ejecución del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), acelerar el cierre de la brecha digital y trasladar su administración de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) a la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación (PCII), aunque planteó reparos sobre varios aspectos de la propuesta.
Infocom sostuvo que los principales problemas del fondo se relacionan con la coordinación, gobernanza y ejecución de los proyectos, y no con una insuficiencia de recursos, una interpretación que dijo sustentar en pronunciamientos de la Contraloría General de la República (CGR).
La Contraloría documentó en una auditoría de 2025 debilidades en la coordinación interinstitucional que habían impedido la ejecución oportuna de programas y proyectos de Fonatel. Al 30 de junio de ese año, el órgano contralor reportó un saldo de ₡92.926 millones en inversiones y disponibilidades para la ejecución de programas y proyectos y señaló que parte de esos recursos debía asignarse a iniciativas cuyos planes de acción seguían pendientes.
Infocom señaló que trasladar la administración de Fonatel puede formar parte de una solución, pero advirtió que varios de los obstáculos que retrasan los proyectos están fuera del control de la entidad administradora, entre ellos permisos ambientales, consultas indígenas y trámites ante instituciones públicas y gobiernos locales.
Por esa razón, sostuvo que un cambio de administrador no resolverá por sí solo los problemas del fondo mientras esas barreras permanezcan.
Cuestiona posibilidad de elevar contribución hasta el 3 %
Infocom también cuestionó que el proyecto mantenga la posibilidad de fijar hasta en un 3 % la contribución especial parafiscal que financia Fonatel y que su determinación anual pase de Sutel al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).
La banda de entre 1,5 % y 3 % ya está contemplada en la legislación vigente. Actualmente corresponde a Sutel determinar la tarifa cada año y, según información de la propia Superintendencia, esta se ha mantenido en 1,5 % desde 2009 hasta 2026. El proyecto conservaría el mismo rango, pero trasladaría al Micitt la potestad de realizar la fijación anual.
Infocom propuso eliminar esa banda y establecer por ley la contribución en el 1,5 %. También sostuvo que cualquier modificación futura debería sustentarse en criterios técnicos verificables.
Según el gremio, aumentar la carga sobre los operadores podría reducir los recursos disponibles para nuevas inversiones. Para dimensionar esas necesidades de inversión, citó el informe The Mobile Economy Latin America 2026 de la GSMA, que proyecta $75.800 millones en inversiones de capital de los operadores móviles de América Latina entre 2025 y 2030.
El gremio planteó, además, que si la reforma amplía los tipos de actores que pueden participar en proyectos financiados por Fonatel, también debería analizarse quiénes contribuyen al sostenimiento del fondo, en lugar de aumentar únicamente la carga sobre los actuales contribuyentes. También propuso que la ley establezca expresamente que la contribución parafiscal a Fonatel sea deducible del impuesto sobre las utilidades.
Pide ampliar enfoque de la brecha digital
Infocom señaló que la brecha digital ya no se limita al acceso a conectividad y que también incluye aspectos como adopción tecnológica, habilidades digitales y aprovechamiento de los servicios, aunque reconoció que persisten problemas de cobertura en zonas rurales, remotas e indígenas.
La organización indicó que los operadores de telecomunicaciones también participan actualmente en servicios como integración tecnológica, computación en la nube, ciberseguridad, licenciamiento, dispositivos y soluciones administradas, por lo que pidió que las nuevas áreas de intervención de Fonatel contemplen soluciones integrales y no solamente conectividad.
En síntesis, la cámara planteó que los recursos deben mantenerse disponibles para los proyectos, pero que su utilización se vincule con necesidades identificadas, proyectos ejecutables y criterios objetivos.
La propuesta del Poder Ejecutivo
La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, anunció el pasado 19 de agosto la presentación del expediente 25.727 durante la conferencia de prensa por los primeros 100 días de su gobierno, como parte de un paquete de ocho proyectos de ley que el Poder Ejecutivo entregó ante la Asamblea Legislativa.
La Ley General de Telecomunicaciones (Ley 8642) establece actualmente que corresponde a Sutel administrar los recursos de Fonatel, fondo que financia proyectos de acceso universal, servicio universal y solidaridad. El proyecto trasladaría esas funciones a la Junta Directiva de la PCII y modificaría para ello la Ley 8642, la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Ley 7593) y la Ley de Creación de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación (Ley 9971).
Según la propuesta del Ejecutivo, la Promotora tendría que presentar informes semestrales sobre Fonatel a la Contraloría y al Micitt, además de un informe anual a la Asamblea Legislativa. Estos deberán incluir, entre otros datos, estados financieros auditados, información sobre la ejecución de los proyectos, población beneficiaria y evaluaciones de impacto.
El texto crea, además, responsabilidad disciplinaria para funcionarios de las instituciones responsables de metas financiadas con Fonatel que, de manera grave e injustificada, incumplan sus obligaciones y con ello impidan o retrasen sustancialmente su avance. Después del correspondiente procedimiento administrativo, las sanciones podrían abarcar suspensiones sin salario de tres a ocho días por una primera infracción y de ocho días a un mes en caso de reincidencia.
La transición tendría un plazo de 18 meses e incluiría recursos, saldos, derechos, obligaciones, contratos, fideicomisos, expedientes, archivos, bases de datos y sistemas vinculados directamente con la administración de Fonatel. Los contratos, fideicomisos, procedimientos de contratación, proyectos y obligaciones en trámite o ejecución mantendrían su validez, mientras Sutel continuaría ejerciendo las funciones necesarias para garantizar su continuidad hasta formalizar el traslado.