Jueces e investigadora del OIJ que habrían tramitado asuntos relacionados con el Caso Colorado, que alcanzó a familiares y personas cercanas a alias Diablo, fueron suspendidos durante seis meses.
El Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José dictó un año de prisión preventiva contra un oficial de Fuerza Pública de apellido Ureña, a quien las autoridades investigan por presuntamente colaborar con la organización criminal vinculada a Alejandro Arias Monge, alias Diablo.
Ureña, de 34 años, trabajaba como oficial de Operaciones en la Delegación de Puerto Viejo de Sarapiquí. La Fiscalía lo investiga por los presuntos delitos de infracción a la Ley de Psicotrópicos, procuración de impunidad, peculado y divulgación de secretos.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sostiene que el funcionario habría suministrado a Randall Delgado Mora, alias Míster Músculo, información sobre operativos y movimientos policiales que posteriormente llegaba a Arias Monge. Los investigadores también le atribuyen la entrega de dos radios portátiles de Fuerza Pública a integrantes de la estructura, con los cuales habrían tenido acceso a comunicaciones policiales.
Durante los allanamientos, las autoridades encontraron en la delegación donde laboraba Ureña boletas correspondientes a decomisos de droga y sustancias que aparentemente estaban relacionadas con esos registros. La hipótesis del OIJ es que parte de la droga decomisada habría sido sustraída y entregada a Delgado para su posterior comercialización, mientras la investigación busca determinar si otros funcionarios pudieron colaborar en esas actuaciones.
El Ministerio Público tramita la investigación bajo el expediente 26-000047-1981-PE.
Tres funcionarios judiciales quedan suspendidos durante seis meses
En una causa distinta (expediente 25-009138-0042-PE), el Juzgado Penal de Hacienda impuso durante seis meses medidas cautelares contra los jueces del Juzgado Penal de Pococí de apellidos Valverde y Ramírez y contra Rojas, investigadora del OIJ y esposa de Valverde. La Fiscalía investiga a los tres por presuntos actos de corrupción relacionados con la agrupación dedicada al narcotráfico de alias Diablo.
El juzgado les ordenó firmar cada 15 días, no salir del país, mantener un domicilio determinado, separarse temporalmente de sus cargos, no acercarse a los Tribunales de Pococí y no comunicarse con personal de los despachos donde laboran. El Ministerio Público apeló únicamente lo resuelto respecto de Valverde, ya que en un inicio había solicitado prisión preventiva en su contra.
La investigación busca determinar si los funcionarios utilizaron sus puestos, entre 2023 y 2026, para favorecer a personas relacionadas con una organización dedicada al narcotráfico, así como si recibieron dádivas o utilizaron instalaciones judiciales para fines ajenos a sus funciones. Según publicó La Nación, Valverde y Ramírez intervinieron en distintos momentos en asuntos vinculados con el denominado Caso Colorado.
En ese expediente figura Gelen Magaly Arias Monge, hermana de alias Diablo, quien enfrenta una acusación por presunta legitimación de capitales relacionada con su supuesto control de actividades de lotería clandestina en Pococí. Arias también quedó detenida el 2 de setiembre en el marco de la investigación contra los funcionarios judiciales, pero el juzgado no le impuso medidas cautelares, por lo que recuperó su libertad.
La investigación analiza además la relación que Arias habría mantenido con el juez de apellido Valverde. Según información publicada por el medio digital Crhoy.com, el juez intervino en 2023 en una solicitud de prisión preventiva contra Arias dentro del Caso Colorado y resolvió imponerle medidas cautelares distintas a la cárcel.
Las pesquisas de la Oficina Anticorrupción del OIJ también documentaron encuentros entre Arias y Valverde dentro del despacho judicial durante 2026. La Fiscalía investiga si la relación personal entre ambos tuvo alguna incidencia en actuaciones judiciales favorables a Arias.