Presidenta legislativa sostiene que las 11 rondas de votación mantienen activo el procedimiento; recurrente cuestiona falta de justificación para devolver la nómina.
La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez Fallas, pidió a la Sala Constitucional declarar sin lugar un recurso de amparo presentado contra el manejo del proceso de elección de nueve magistraturas suplentes y alegó que la Constitución Política no establece un plazo determinado para que el Congreso concrete los nombramientos.
Jiménez rindió el informe solicitado por la Sala dentro del expediente 26-021074-0007-CO, correspondiente a un recurso presentado por Giovanni Delgado Castro, quien cuestionó las dos devoluciones de la nómina de 18 candidaturas remitida por la Corte Suprema de Justicia.
La presidenta legislativa sostuvo que no existe una omisión constitucional, dado que el procedimiento ha permanecido activo y el Plenario realizó 11 rondas de votación sin que ninguna candidatura alcanzara los 38 votos necesarios.
“La falta de consenso entre las distintas fracciones legislativas no puede equipararse a una omisión constitucional ni a una negativa institucional de ejercer la competencia que corresponde al Plenario Legislativo”, indicó Jiménez.
Según el informe, el artículo 164 de la Constitución atribuye a la Asamblea la competencia de nombrar magistraturas suplentes, pero no establece un plazo fatal para concluir el procedimiento. La Presidencia legislativa sostiene que mientras el trámite continúe activo y se respeten las etapas parlamentarias y la mayoría calificada requerida, no puede considerarse que exista una omisión.
Jiménez también argumentó que la elección de magistraturas constituye un acto político y discrecional del Plenario y que la Comisión de Nombramientos únicamente emite valoraciones que no obligan a las diputaciones a respaldar determinadas candidaturas.
Además, señaló que imponer mediante una resolución judicial un plazo para completar los nombramientos supondría sustituir una valoración que corresponde al Poder Legislativo.
Recurrente cuestiona justificación de las devoluciones
Tras conocer el informe, Delgado presentó un nuevo escrito en el que mantuvo su solicitud para que el recurso sea declarado con lugar y cuestionó que la respuesta de Jiménez no explique por qué se decidió devolver la nómina de candidaturas a la Corte.
El recurrente argumentó que el informe no identifica a ninguna de las 18 personas postuladas que incumpla requisitos constitucionales o legales, ni señala problemas de experiencia, formación jurídica, probidad, elegibilidad o irregularidades en el procedimiento desarrollado por Corte Plena.
Delgado sostuvo que su cuestionamiento no consiste en exigir que los diputados voten a favor de una persona determinada, sino en determinar si podían interrumpir el proceso mediante devoluciones sucesivas de la nómina.
“El recurso nunca sostiene o pretende que los diputados estén obligados a votar por una persona específica”, señaló Delgado, quien planteó que existe una diferencia entre votar en contra de una candidatura e impedir que el proceso de elección continúe.
Según el recurrente, la explicación de las competencias constitucionales del Plenario y de su potestad para determinar la idoneidad de las candidaturas no responde por qué la nómina de 18 personas fue devuelta a la Corte.
Dos devoluciones y 11 rondas fallidas
La Asamblea Legislativa realizó 11 rondas de votación sin conseguir elegir las nueve magistraturas suplentes de la Sala Constitucional. El 10 de junio, el Plenario aprobó una moción impulsada por la bancada del Partido Pueblo Soberano (PPSO) para devolver la nómina a la Corte y solicitar una nueva lista.
Corte Plena acordó posteriormente remitir nuevamente las mismas 18 candidaturas, al considerar que la Asamblea no había señalado razones objetivas que permitieran determinar qué debía corregirse en el proceso. El 15 de julio, Jiménez volvió a devolver la nómina y solicitó a la Corte remitir una lista de 24 personas distintas.
Otro recurso ya dejó sin efecto las devoluciones
El recurso presentado por Delgado es distinto del que la Sala Constitucional resolvió el pasado 30 de julio a favor de Miguel Ángel García Martínez.
En aquella resolución, el tribunal dejó sin efecto las devoluciones de la nómina, ordenó a Jiménez someter las candidaturas al conocimiento del Plenario “en la próxima oportunidad posible” y prorrogó temporalmente el nombramiento de las anteriores magistraturas suplentes para atender asuntos urgentes e indispensables mientras la Asamblea realiza las nuevas designaciones.
La decisión fue adoptada por mayoría de cuatro votos contra tres y posteriormente generó cuestionamientos del oficialismo. La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, calificó la resolución como un “golpe de Estado” y anunció junto con Jiménez una querella por presunto prevaricato contra los cuatro magistrados que conformaron la mayoría.