Hay una ventaja cuando una discusión pública ocurre durante suficiente tiempo: eventualmente deja de ser necesario inventar estándares sobre la marcha. Y por dicha, porque en Costa Rica llevamos varias semanas hablando de violencia política, insultos, agresiones verbales, respeto a la investidura y responsabilidad de quienes ocupan cargos públicos.
Así que para hablar de lo ocurrido este fin de semana con la diputada Nayuribe Guadamuz no tenemos que preguntarnos cuál debería ser la vara. La Asamblea Legislativa acaba de fijarla. Y lo hizo, literalmente, por unanimidad. A ver... arranquemos por el principio.
El jueves pasado el exdiputado Ariel Robles acudió al segundo juicio contra la influencer chavista Yendry Quirós, conocida como “La Colocha”, utilizando un chaleco antibalas y acompañado por agentes del Organismo de Investigación Judicial. Quirós enfrenta nuevamente un proceso por unas manifestaciones realizadas en 2023, cuando dijo públicamente que a Robles le iban a “sacar el sirope de la nariz” y que con él podían hacerse un “churchill”.
El primer juicio terminó con una absolutoria, pero posteriormente el Tribunal de Apelación anuló esa sentencia y ordenó repetirlo. El Tribunal cuestionó severamente la interpretación jurídica empleada en la primera sentencia y señaló que las expresiones utilizadas tenían una connotación objetivamente violenta e intimidatoria que no podía descartarse simplemente como parte del intercambio áspero de opiniones políticas.
Otro detalle a tener presente es que a pesar de los memes y las burlas y la chota Robles no apareció con un chaleco comprado por cuenta propia para montar una escena. Su inclusión en programas de protección por amenazas es pública y notoria. En 2024 ya constaba que estaba acogido al Programa de Protección de Víctimas y Testigos y en marzo de 2025 acudió al primer juicio acompañado por personal de esa oficina. Además, la amenaza que originó este juicio no ha sido el único episodio conocido durante su paso por la Asamblea: en 2023 un hombre ingresó al Congreso y amenazó de muerte a Robles y al entonces diputado Francisco Nicolás, y posteriormente también se reportaron amenazas relacionadas con las denuncias alrededor del sonado caso Gandoca-Manzanillo.
Usted puede o no estar de acuerdo con las medidas: el punto es que existen. ¿Cuáles de esos antecedentes justifican hoy cada medida concreta? ¿Quién las autorizó? ¿Cuánto cuestan? ¿Qué criterios técnicos se aplican? ¿Recibe cualquier ciudadano bajo circunstancias equivalentes una protección semejante? Todo eso se puede preguntar y no tiene nada de malo hacerlo.
De hecho, eso fue exactamente lo que hizo la diputada oficialista Nayuribe Guadamuz luego de ver a Robles ingresar al juicio con chaleco antibalas. Guadamuz solicitó explicaciones al Poder Judicial sobre el origen, costo y criterios de las medidas aplicadas al exlegislador. Hasta ahí, cero problema, al menos de mi parte. Los recursos públicos deben fiscalizarse y las instituciones deben poder explicar bajo qué criterios los utilizan. Que una persona esté amenazada no significa que las decisiones administrativas adoptadas para protegerla deban quedar fuera del escrutinio.
Robles respondió públicamente a Guadamuz y explicó que el chaleco formaba parte de las condiciones impuestas para ser trasladado por la unidad encargada de su protección. Según dijo, esas medidas no son optativas a la carta: quien ingresa al programa acepta el protocolo establecido o renuncia a él. Perfecto también. La diputada pregunta. El exdiputado responde. Eventualmente el Poder Judicial tendrá que contestar formalmente y podremos valorar si las explicaciones satisfacen o no las preguntas planteadas.
Eso es política.
El problema empezó después.
Un tercero llamado Maximiliano Ovares publicó en Facebook una extensa diatriba contra Robles. El texto lo llama cobarde, se burla del chaleco antibalas, sostiene que la protección es un montaje político, cuestiona que exista peligro real y dedica varios párrafos a insultar y descalificar al exdiputado. Todo bastante desagradable, pero hasta ahí estamos hablando de los insultos y opiniones de un ciudadano desde una cuenta personal.
El problema viene después. Ovares escribió que sería “rico” que algún “buen samaritano” le “reviente el marco del hocico” a Robles y que todos pudieran verlo llorar mientras recoge los dientes del piso. Añadió que sabía que no era el único que deseaba algo semejante.
Aquí entra Guadamuz. La exministra de Cultura y actual diputada de la República compartió íntegramente la publicación en su página oficial. Y no lo hizo tomando distancia del contenido, condenando el cierre o aclarando que compartía únicamente alguna reflexión específica. Todo lo contrario: encabezó la publicación diciéndole a su autor que tenía “la boca, totalmente embarrada de RAZÓN”. Luego llamó a Robles “chuchinga” y “pendejo”, preguntó si él creía que con su respuesta conseguiría hacerla “recular” y añadió: “No AFLOJARÉ… ahora más bien voy a APRETAR y fuerte”.
Estamos claros: Nayuribe Guadamuz no escribió originalmente que quería ver a Ariel Robles recogiendo sus dientes del piso. La frase es de Ovares, así que sería incorrecto atribuírsele textualmente. Pero Guadamuz sí decidió compartirla completa con sus seguidores y sí decidió presentar a su autor diciendo que tenía “totalmente” la razón. Eso no requiere una interpretación particularmente sofisticada. Permítanme recordar que esta señora fue nuestra ministra de Cultura, nada menos.
Ahora bien. Tal vez hace diez años este episodio habría obligado a discutir durante varios días cuál es la frontera entre una expresión vulgar, una agresión política y una conducta incompatible con la responsabilidad propia de una persona que ocupa una curul. Por suerte, no hace falta. La Asamblea acaba de pasar todo agosto explicándonos dónde está la vara.
El 5 de agosto, el frenteamplista Edgardo Araya dijo que la presidenta Laura Fernández “se hace la tontita”. La bancada de Pueblo Soberano consideró la expresión suficientemente grave como para abandonar el Plenario y romper el cuórum. Araya se disculpó ese mismo día y su partido remitió el caso al Tribunal de Ética. Dos días después, la propia Fernández condenó la expresión y habló de la importancia de no normalizar la violencia política contra las mujeres.
Correcto, bien por eso.
El 6 de agosto, la oficialista Kattia Calvo respondió a aquella polémica mediante una transmisión en vivo en la que llamó a Araya, entre otras cosas, “maricón”, “chuchinga”, “pernicioso”, “vulgar”, “animal” y “chancletudo barato de quinta categoría”. Y dijo que ella le habría recetado un “manotazo en el marco del hocico”.
Ajá, el marco del hocico otra vez. El legado de Oldemar de Tierra Blanca vive. Lástima que vive donde no debería porque una cosa es que un personaje cómico para sketches de YouTube utilice esas frases y otra muy diferente escuchar a diputadas y diputados usándolas para aludir a políticos de otros partidos.
En fin, el tema no paró ahí. Una semana después del numerito de doña Kattia la también oficialista Cindy Murillo llamó “damas de compañía” a Claudia Dobles y Abril Gordienko. El asunto terminó en el Plenario. Gordienko calificó la expresión como violencia política; Dobles recordó que Pueblo Soberano acababa de romper el cuórum para defender a Fernández por el “tontita” y preguntó si el mismo estándar se aplicaría cuando la ofensa proviniera del oficialismo.
Murillo pudo retractarse. No quiso. Repitió la expresión. La oposición abandonó el plenario, Nogui Acosta terminó ofreciendo disculpas en nombre de la bancada y Pueblo Soberano emitió un comunicado diciendo explícitamente que no avalaba las palabras de su diputada.
Después ocurrió algo particularmente importante. El Plenario aprobó por 27 votos contra 26 una moción de reproche contra Murillo. Para conseguirlo, dos diputados oficialistas, José Miguel Villalobos y Antonio Barzuna, rompieron con su bancada. Villalobos explicó correctamente por qué: había que utilizar la misma vara. Si días antes habían exigido responsabilidad a un diputado opositor por ofender a la presidenta, no podían mirar hacia otro lado cuando la responsable era una compañera de fracción.
Pero todavía faltaba algo. Ese mismo 13 de agosto, los 53 diputados presentes aprobaron por unanimidad una moción general contra la violencia verbal y física en la función pública. Reitero: unanimidad. No Frente Amplio. No Pueblo Soberano. No PLN. No chavismo. No antichavismo. Todos.
Ocho días después, la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, hizo un llamado público a evitar discursos de odio, amenazas, estigmatización y expresiones que normalicen la violencia. Advirtió específicamente contra convertir a quien piensa distinto en enemigo y cerró con una frase bastante sensata: “La democracia no exige unanimidad; exige respeto a las personas”.
Eso fue el 21 de agosto. Hace nueve días.
Por eso el episodio de Nayuribe Guadamuz importa. No porque Ariel Robles sea Ariel Robles, no porque estemos obligados a creerle todo lo que dice, no porque sus medidas de protección deban quedar fuera del escrutinio y tampoco porque una diputada oficialista tenga prohibido cuestionarlo, confrontarlo o inclusive señalar contradicciones en su discurso. Todo eso es perfectamente válido.
Lo que no puede depender de nuestra simpatía política es el estándar que aplicamos a la violencia.
Si “tontita” ameritó romper el cuórum; si “damas de compañía” ameritó horas de crisis legislativa, disculpas de una jefatura de fracción y una moción de reproche; si el Congreso entero acaba de votar que rechaza la violencia verbal y física, entonces no puede convertirse en una anécdota que una diputada comparta una publicación que fantasea con que un adversario político termine recogiendo sus dientes del suelo y la presente diciendo que su autor tiene “totalmente” la razón. Sobre todo cuando ese adversario está precisamente bajo medidas de protección por amenazas y, sobre todo, cuando la misma diputada venía de cuestionar públicamente la necesidad de esas medidas...
Aquí tampoco sirve el comodín favorito de nuestra política contemporánea: “pero los otros también”. Seguro. Los otros también. Por eso mismo acabamos de pasar semanas señalándolos cuando ocurre. Es facilísimo denunciar violencia política cuando quien agrede lleva la bandera del partido contrario. La prueba empieza cuando la barbaridad la comete alguien de nuestro equipo.
Y esa prueba no es solamente para Pueblo Soberano. Es para todos: para los partidos, para los medios, para nosotros y para ustedes. Porque si empezamos a medir la gravedad de una agresión según cuánto nos guste la persona contra quien va dirigida, no tenemos un principio, tenemos una camiseta.
Ariel Robles puede irritar a medio país. Puede ser confrontativo, puede equivocarse, puede exagerar, puede ser objeto de investigación, fiscalización, crítica feroz y sátira. Y si las instituciones están gastando recursos públicos en protegerlo, corresponde saber por qué y bajo cuáles criterios.
Nada de eso vuelve aceptable fantasear públicamente con verlo escupiendo dientes. Mucho menos desde una curul. Muchísimo menos nueve días después de que la Defensoría nos pidiera no normalizar amenazas y diecisiete días después de que la Asamblea Legislativa entera votara contra la violencia verbal y física.
No necesitamos otra discusión interminable sobre cuál debería ser la vara. Ya la pusimos. Ahora solo falta decidir si de verdad pensábamos usarla.