Iniciativa del diputado Antonio Trejos fija un límite de diez salarios base para el pago en efectivo de honorarios por la defensa privada de personas imputadas o condenadas por delitos vinculados al narcotráfico y el crimen organizado.
El diputado del Frente Amplio (FA), Antonio Trejos Mazariegos, presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 25.744) que pretende incorporar una regla de trazabilidad para el pago de honorarios profesionales en la defensa privada de personas imputadas o condenadas por delitos vinculados al narcotráfico y el crimen organizado.
La iniciativa propone adicionar un artículo 25 bis a la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (Ley 7786) para regular la forma en que deben cancelarse los honorarios profesionales de quienes ejercen la defensa técnica en este tipo de procesos.
El proyecto establece que los honorarios profesionales derivados de la representación legal de personas imputadas o condenadas por los delitos previstos en la Ley 7786, incluidos aquellos relacionados con investigaciones y procesos por delincuencia organizada, podrán pagarse en efectivo hasta por un monto de diez salarios base.
Cuando los honorarios superen ese monto o los pagos fraccionados alcancen acumulativamente el límite establecido, los pagos posteriores deberán realizarse mediante medios emitidos o procesados por entidades financieras supervisadas.
La propuesta permite fraccionar los honorarios cuando los pagos respondan a distintas etapas o actuaciones del servicio profesional. Sin embargo, establece que deberán acumularse cuando correspondan a una misma relación profesional de defensa, independientemente de la fecha en que se realicen o de la actuación procesal a la que correspondan.
Según señala la exposición de motivos, la iniciativa parte de la necesidad de "garantizar que los honorarios percibidos por abogados que ejercen la defensa de personas imputadas por ciertos delitos asociados al narcotráfico, crimen organizado, así como por aquellos otros delitos que, de conformidad con el ordenamiento jurídico, puedan presentar riesgos asociados a la legitimación de capitales, tengan un origen verificable y se cancelen mediante mecanismos de pago trazables".
La exposición de motivos justifica esta medida al indicar:
La evolución del crimen organizado ha demostrado que la persecución del delito no puede concentrarse exclusivamente en los autores materiales. Los estándares internacionales promueven identificar y rastrear los flujos financieros que permiten la conservación y disfrute de las ganancias obtenidas mediante estas actividades".
El proyecto señala que la medida no impediría a una persona elegir libremente a su abogado ni establecería límites al monto de los honorarios profesionales. La restricción recaería únicamente sobre la forma de pago una vez alcanzado el límite establecido para el uso de efectivo.
La exposición de motivos también cita como referencia las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre actividades y profesiones no financieras consideradas vulnerables a la legitimación de capitales, así como restricciones al uso de efectivo existentes en países como España, Francia, Grecia y Uruguay.
Adicionalmente, la iniciativa establece que los abogados defensores estarán obligados a conservar durante cinco años las facturas electrónicas que acrediten el servicio prestado. El plazo comenzaría a contabilizarse a partir de la fecha del último pago correspondiente a la relación profesional.
El proyecto dispone que cualquier incumplimiento de estas nuevas reglas por parte del abogado defensor deberá comunicarse a la Fiscalía del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica para lo que corresponda conforme al régimen disciplinario aplicable.
La iniciativa fue presentada con la firma de respaldo de:
- Edgardo Araya Sibaja (FA).
- Joselyn Sáenz Núñez (FA).
- María Eugenia Román Mora (FA).
- Sigrid Segura Artavia (FA).
- José María Villalta Florez-Estrada (FA).
- José Miguel Villalobos Umaña, del Partido Pueblo Soberano (PPSO).
- Zaira Murillo Marín (PPSO).
- Osvaldo Artavia Carballo (PPSO).
- Grethel Ávila Vargas (PPSO).
- Ángela Aguilar Vargas, del Partido Liberación Nacional (PLN).
- Vianey Mora Vega (FA).
- Abril Gordienko López, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
- Claudia Dobles Camargo, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).
Tras su presentación este 25 de agosto, el proyecto debe ser asignado a una comisión legislativa para que inicie su trámite correspondiente.