La presente iniciativa legislativa tiene como propósito fortalecer el marco jurídico costarricense en materia de prevención y combate de la legitimación de capitales, mediante la incorporación de una regla de trazabilidad respecto del pago de honorarios profesionales en la defensa privada de personas investigadas o acusadas por delitos previstos en la Ley N.º 7786, del 30 de abril de 1998, así como por aquellos otros delitos que, de conformidad con el ordenamiento jurídico, puedan presentar riesgos asociados a la legitimación de capitales. Establece un límite para el pago de honorarios en efectivo, dispone que, una vez alcanzado dicho umbral, los pagos posteriores se realicen mediante mecanismos financieros que permitan identificar al ordenante, al beneficiario, el monto y la fecha de la operación.