Con cautela
— Ay, Costa Rica, cómo dueles. El Reporte de hoy viene pesado, así que agárrense. Y si están esperando “ganadores” en el cansino pleito político que abruma al país desde hace rato, les adelanto que no: con lo que hoy les relataré no gana absolutamente nadie; perdemos todos.
— A ver... hay semanas en que la actualidad nacional decide impartirnos un curso intensivo sobre alguna rama del derecho. Esta semana tocaron (otra vez) las medidas cautelares. Y créanme: nadie matriculó la materia, pero a estas alturas ya estamos todos sentados en el aula.
— Empecemos por Jeydi Smith De La O, esposa de Edwin López Vega, alias Pecho de Rata. La mujer había regresado al país desde Suiza el domingo y fue detenida por el caso Riverside, donde se le investiga por presunta legitimación de capitales y asociación ilícita. La Fiscalía pidió un año de prisión preventiva. El Juzgado Penal de Limón decidió que bastaban medidas menos gravosas: firma cada quince días, entrega del pasaporte e impedimento de salida del país durante un año. La Fiscalía apeló.
— Luego vino Pococí. Como ya saben, dos jueces y una investigadora del OIJ fueron detenidos en una investigación por presuntos favorecimientos a personas vinculadas con la estructura de Diablo. La Fiscalía pidió seis meses de prisión preventiva específicamente para el juez Ricardo Valverde López y para Gelen Arias Monge, hermana de Diablo; para el juez Olivier Ramírez Valverde y la investigadora Hazel Rojas Víquez solicitó medidas menos gravosas. Finalmente, los tres funcionarios judiciales quedaron en libertad, suspendidos de sus cargos, con firma quincenal, impedimento de salida y prohibiciones de acercamiento y contacto. Gelen quedó en libertad sin ninguna medida cautelar. La Fiscalía apeló lo resuelto respecto de Ricardo Valverde y Gelen.
— Para complicar todavía más la foto, otro expediente vinculado con la misma estructura produjo exactamente el resultado contrario: al oficial de Fuerza Pública investigado por presuntamente entregar información, radios policiales y hasta droga decomisada a gente relacionada con Diablo le impusieron un año de prisión preventiva. Es decir, no estamos ante una regla sencilla de “los jueces sueltan a todo el mundo”. Las valoraciones son individuales y los resultados también.
— El sospechómetro echando humo, en cambio, sí es generalizado.
— Antes de seguir, hay que hacer un alto obligatorio porque en este punto es facilísimo caer en la demagogia. La prisión preventiva (lo hemos señalado mil veces) no es una condena anticipada. La persona investigada sigue siendo inocente y la libertad durante el proceso es la regla. Nuestro Código Procesal Penal exige no solo elementos suficientes para sospechar participación en un delito castigado con cárcel, sino además presupuestos cautelares concretos: que la persona pueda fugarse, obstaculizar la investigación, continuar la actividad delictiva o poner en peligro a víctimas o testigos. La Sala Constitucional ha insistido durante décadas en que la medida debe aplicarse restrictivamente, con proporcionalidad y mediante una resolución fundamentada.
— Hasta ahí, perfecto. Nadie sensato quiere un país donde una acusación fiscal baste para mandar a cualquier persona un año a la cárcel sin sentencia. El problema comienza cuando miramos hacia atrás y vemos qué ocurrió después de algunas decisiones anteriores.
— Esta misma semana apareció un dato extraordinario. Según confirmó CRHoy, el juez Ricardo Valverde López, hoy investigado por presuntamente favorecer al entorno de Diablo y actuar incluso como una especie de asesor jurídico de su estructura, fue también el juez que en octubre de 2016 sustituyó la prisión preventiva de Alejandro Arias Monge por medidas no privativas de libertad. Ojo: eso no demuestra automáticamente que haya habido algo irregular en aquella decisión de 2016. La investigación actual gira alrededor de hechos mucho más recientes y no tenemos prueba alguna de que entonces existiera la relación que hoy investiga la Fiscalía. Pero el dato, claramente, obliga a revisar la historia con lupa...
— Ese relato, por cierto, pide a gritos precisión. Diablo había pasado 14 meses y seis días en prisión preventiva por el llamado caso Perritos. La Fiscalía pidió prorrogarla; la defensa solicitó sustituirla y el juzgado acogió esta última petición, imponiéndole firma periódica e impedimento de salida del país. Diablo debía seguir enfrentando el proceso y finalmente no se presentó al juicio; en 2019 fue declarado rebelde y se ordenó su captura. Permaneció prófugo hasta julio de este año. Es decir: no podemos resumir aquello como “un juez lo soltó y se fugó diez años”. Pero sí podemos preguntar qué tan eficaces fueron las medidas que debían mantenerlo sometido al proceso.
— Traguen grueso, porque continuamos...
— Ya les hablé antes de Randall Delgado Mora, alias Míster Músculo. Exagente del OIJ, señalado posteriormente por la propia Policía Judicial como hombre de confianza de la estructura de Diablo. El 3 de febrero de 2025 fue detenido dentro de la investigación por el ataque contra Geiner Zamora —quien murió al día siguiente— y quedó nuevamente en libertad con medidas cautelares. CRHoy reportó esta semana, citando una fuente judicial, que uno de los dos jueces detenidos ahora en Pococí fue quien participó en aquella decisión. No sabemos cuál de los dos. Lo que sí sabemos es cómo terminó la historia de Míster Músculo: el martes por la noche intercambió disparos con agentes del OIJ que intentaban detenerlo y murió durante la madrugada del miércoles.
— Ninguno de esos desenlaces demuestra, por sí mismo, que la medida cautelar original fuera ilegal. Eso hay que repetirlo porque este tema no admite atajos ni batazos. Una decisión judicial se juzga con la información y los riesgos existentes cuando fue tomada, no con el privilegio retrospectivo de saber cómo terminó la película. Pero cuando varias películas terminan particularmente mal, es perfectamente legítimo revisar cómo se estaban valorando los riesgos.
— Y entonces llegamos al caso que me terminó de botar de la silla: Luis Miguel Mora Herrera.
— En abril de 2021, Guardacostas detuvo a dos colombianos vinculados con 805 kilos de cocaína. Ambos quedaron en prisión preventiva por riesgo de fuga. En marzo de 2022, durante la audiencia preliminar, el juez Mora Herrera no se limitó a cambiarles las cautelares: dictó sobreseimiento definitivo, archivó la causa y ordenó su libertad. La Fiscalía apeló. Menos de un mes después, el Tribunal de Puntarenas declaró ineficaz aquella resolución, señaló que Mora había dejado de valorar abundante prueba y ordenó repetir la audiencia con otro juez. Para entonces, los dos colombianos habían desaparecido.
— Atención: aquello tampoco fue una “medida cautelar”. Fue una resolución de fondo que produjo como consecuencia la libertad de los imputados. La distinción importa. Lo que conecta ese episodio con nuestra historia viene después.
— En 2023, Corte Plena ordenó despedir a Mora Herrera. Diecinueve magistrados votaron por revocarle el nombramiento. La propia Corte calificó los errores de su resolución como “graves y sin justificación”, contrarios a la ley, y habló de un ejercicio arbitrario de la función. Sin embargo, Mora acudió al Tribunal Contencioso Administrativo y obtuvo una medida cautelar provisionalísima que suspendió el despido mientras se discutía el fondo del asunto. Así que siguió siendo juez.
— Y cuando digo que siguió siendo juez no estamos reconstruyendo una leyenda urbana. Una visita oficial de Inspección Judicial realizada en 2025 lo registra todavía como juez propietario del Juzgado Penal de Garabito y ¡coordinador interino del despacho!
— Muy bien. Saltemos a esta semana. La Fiscalía Anticorrupción detuvo a este mismo caballero en una nueva investigación por presuntos delitos de prevaricato y divulgación de secretos. Allanaron su oficina, decomisaron su celular, su computadora y dispositivos de almacenamiento y le tomaron declaración indagatoria. ¿Qué pidió la Fiscalía como medida cautelar? ¿Un año de cárcel? ¿Seis meses? ¿Arresto domiciliario?
— No. Pidió únicamente que lo suspendieran del cargo mientras se desarrolla la investigación. Legítimo: “Manda huevo, que al menos nos den esto”.
— El Juzgado Penal de Hacienda rechazó incluso esa petición.
— La Fiscalía apeló.
— Repasemos porque cuesta creer que la secuencia sea real. Tras el “incidente” con los 805 kilos de coca, la propia Corte Plena concluyó en 2023 que Mora no debía seguir siendo juez y ordenó despedirlo. Una medida cautelar contencioso-administrativa le permitió continuar ejerciendo. Tres años después, la Fiscalía lo investiga penalmente por presuntos delitos de prevaricato y divulgación de secretos y pide, como medida cautelar, que al menos deje temporalmente de ejercer como juez. Otro juez responde que no.
— ...
— Respiremos hondo.
— Hay que decirlo o me terminan de desconocer mis profesores de la facultad: puede existir una excelente explicación jurídica para todo eso. En serio. Además, la cautelar contencioso-administrativa que suspendió un despido no es jurídicamente la misma cosa que una medida cautelar dentro de un proceso penal. Cada jurisdicción protege bienes distintos, analiza presupuestos distintos y toma decisiones en momentos distintos. Precisamente por eso no podemos meter todo en la misma licuadora y gritar “¡garantismo, carajo!”. Sería facilísimo. También sería intelectualmente mediocre. Podemos y debemos exigirnos más.
— Pero esa explicación jurídica tiene que existir fuera de los expedientes. Porque el ciudadano está viendo otra cosa: sospechosos de narcotráfico que quedan libres y luego desaparecen; un fugitivo que permaneció años fuera del alcance de las autoridades; un exagente ligado a estructuras criminales que quedó libre y terminó enfrentándose a balazos con sus antiguos compañeros; jueces actualmente investigados por posibles favorecimientos al delincuente más buscado del país; y otro juez a quien la propia Corte intentó expulsar que, gracias a una cautelar, todavía conserva el cargo mientras la Fiscalía investiga una nueva causa y ni siquiera consigue apartarlo temporalmente.
— Decir ante ese panorama “la prisión preventiva es excepcional” es correcto, sí, pero claramente insuficiente. La pregunta no es si debemos encarcelar automáticamente a toda persona acusada de narcotráfico. Claro que no. La pregunta es si nuestro régimen de medidas cautelares —y sobre todo la forma en que se están valorando y explicando los riesgos— está respondiendo adecuadamente al tipo de criminalidad organizada que Costa Rica enfrenta hoy.
— Porque ese contexto, aunque nos duela, cambió radicalmente. Estamos hablando de organizaciones con capacidad económica enorme, operaciones transnacionales, sicariato, posibilidad de fuga, intimidación de testigos, acceso a información reservada y, como aprendimos brutalmente esta semana, presunta penetración de las propias instituciones encargadas de perseguirlas. No significa que los principios constitucionales deban tirarse por la ventana. Significa exactamente lo contrario: que necesitamos saber (¡para empezar!) si las herramientas existentes están siendo aplicadas con toda la rigurosidad que ese escenario exige.
— Y aquí el Poder Judicial tiene una bronca adicional que ya he abordado en otras ocasiones: comunica estas decisiones terriblemente. El país se entera de que alguien “quedó libre con medidas cautelares” y arde Roma sin contexto. Probablemente detrás exista una resolución extensa que analizó arraigo, peligro de fuga, obstaculización, reiteración, proporcionalidad y alternativas. Excelente. Entonces explíquenla. ¿Qué riesgo alegó la Fiscalía? ¿Por qué el juez consideró que otra medida bastaba? ¿Qué mecanismo existe para revisar esas valoraciones cuando posteriormente fracasan? ¿Qué aprende el sistema cuando una persona sometida al proceso desaparece?
— Si todavía no se han dado cuenta de cómo cambió el tablero de juego y de que no basta con repetir el mismo coro normativo, les voy a pedir que pongan a todo volumen 2 + 2 = 5, de Radiohead, con especial énfasis en la parte de “¡Usted no está prestando atención!”. A estas alturas ya parecen el perrito del meme en medio de un incendio: “Todo está bien”.
— Y ojo: en el caso Mora la pregunta es todavía más sencilla: ¿por qué una persona a la que la propia Corte Plena quiso expulsar del Poder Judicial, que pudo continuar ejerciendo gracias a una cautelar y que ahora enfrenta una nueva investigación penal no requiere siquiera ser apartada provisionalmente de la función mientras esa investigación avanza?
— Puede haber una respuesta impecable, sí, pero definitivamente queremos escucharla. Necesitamos escucharla. Porque, señores, el rancho está ardiendo y apenas aludí a tres o cuatro anécdotas de esta semana, pero bien sabemos que la hemeroteca no perdona ni olvida y el humarascal ya no pasa por neblina.
— Para cerrar: no nos confundamos. La prisión preventiva no puede convertirse en la respuesta automática al miedo de un país que está viendo crecer la violencia y el narcotráfico. Sería una pésima respuesta y eventualmente una injusticia. Pero tampoco podemos pedirle a ese mismo país que vea cómo se acumulan estos casos, diga “ah bueno, seguro jurídicamente tiene sentido” y siga caminando.
— Si tiene sentido, el Poder Judicial tiene que explicarlo. Porque, a estas alturas, como vienen las cosas, hasta la confianza necesita una medida cautelar.
— Eeeeeen fin. De todo esto y más conversaremos esta noche en Café Para Tres. Y claro, también hablaremos del Pilarcalipsis de ayer. El programa, en vivo por YouTube a las 6:00 de la noche, estará más cargado que de costumbre. ¡Hasta entonces!
Bonus track: Cinpe-UNA advierte que deflación no se ha traducido en crédito más barato ni mayor empleo.
Hidden track: Fiscalía notifica a Pilar Cisneros en plena conferencia: deberá asistir este viernes a ser indagada.
Remix: Procomer desconoce si Costa Rica puede detectar bienes israelíes producidos en Palestina ocupada.
Asamblea Legislativa
Subjefe del PPSO presenta cuatro reformas al reglamento del Congreso: esto hace cada una
El subjefe de fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Juan Manuel Quesada Espinoza, presentó cuatro proyectos para reformar el Reglamento de la Asamblea Legislativa y reducir los tiempos que puede tomar la tramitación de los asuntos legislativos. Las propuestas fijarían un plazo máximo para que las diputaciones emitan su voto, eliminarían los recursos de revisión y las mociones de reiteración, y reducirían distintos espacios para el uso de la palabra en comisiones, el Plenario y las Comisiones Legislativas Plenas.
Los detalles en Barra de Prensa.
Reporte Internacional
Maduro pide desestimar cargos en EE. UU. al alegar inmunidad como jefe de Estado
El expresidente venezolano Nicolás Maduro pidió a un juez federal de Nueva York que desestime los cargos por narcotráfico que enfrenta en Estados Unidos, al alegar que conserva inmunidad como jefe de Estado de Venezuela y que, por esa razón, los tribunales estadounidenses carecen de jurisdicción para procesarlo. Además, la Unión Europea estudia nuevas sanciones contra Rusia después de que Alemania responsabilizara a Moscú por un ataque frustrado con drones cargados de explosivos contra el aeropuerto de Leipzig, ocurrido a comienzos de agosto y que tenía como objetivo aviones de carga ucranianos. Por último, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró este jueves que España tomará medidas contra Marruecos si las investigaciones demuestran que las autoridades de ese país participaron en la entrada masiva de migrantes registrada a finales de julio en Ceuta.
Los detalles en el Reporte Internacional.
La Jornada
Contraloría detecta graves problemas de gestión en cuatro comités cantonales de deportes
La Contraloría General de la República (CGR) identificó brechas importantes en la gestión de los Comités Cantonales de Deportes y Recreación (CCDR) de Escazú, Goicoechea, Moravia y Santa Ana, luego de analizar durante 2025 aspectos relacionados con planificación, administración de recursos, integridad y supervisión municipal. Además, Costa Rica será sede de dos competencias internacionales de bádminton del 4 al 13 de setiembre en el Gimnasio Nacional, mientras nuestro país participará con cinco atletas en el ISA World Para-Surfing Championship 2026, que se realizará del 19 al 22 de noviembre en DSRT Surf, Palm Desert, California, Estados Unidos.
Los detalles en La Jornada.
Botonetas
— Exposición: La artista costarricense Sara Morales Reyes presenta desde este jueves 3 de setiembre la exposición Indomitus, una muestra compuesta por 10 obras que combinan técnicas como la acuarela, el acrílico y el dibujo. La exposición se encuentra en la Galería Siegfried Schosinsky, ubicada en el primer piso de las Oficinas Centrales del Banco de Costa Rica.
— Creatividad: El fotógrafo y cineasta documental JP Monge participó en el episodio 24 de A220 Podcast, titulado Crear sin límites, contexto y proceso creativo, donde conversa sobre su trabajo con la fotografía, el contexto que rodea la creación y el propio proceso creativo, con reflexiones aplicables a creadores de distintas disciplinas.
— Agenda Cultural: Del 4 al 6 de septiembre, el programa RIDE Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud recorrerá distintas comunidades del Pacífico Central con una agenda gratuita que incluirá espectáculos, talleres, exposiciones y otras actividades culturales.
— Sinfónica: La Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica (OSNCR) llevará su gira de conciertos educativos Aventuras sobre las olas a seis centros educativos del país entre el 4 y el 11 de septiembre, con presentaciones dirigidas a estudiantes.
— Concierto: A 25 años del fallecimiento de José Capmany, la música costarricense rendirá homenaje al cantautor con JOSE VIVE, un concierto que se realizará el próximo 3 de octubre en el Teatro Nacional y que reunirá a artistas de distintas generaciones para celebrar su trayectoria y legado.
— San José: La organización ChepeCletas realizará el próximo martes 8 de setiembre un recorrido nocturno por el denominado “Cuadrante Infinito” de San José, un circuito de varias cuadras conectadas que forman un trayecto continuo de aproximadamente 1,7 kilómetros en el centro de la ciudad.