La Corte Internacional determinó que los Estados deben diferenciar sus relaciones económicas con Israel de las vinculadas a territorios ocupados.
La gerente general de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer), Laura López Salazar, afirmó este jueves que la institución desconoce si el Estado costarricense tiene capacidad técnica para determinar que los productos importados desde Israel no procedan de territorios palestinos ocupados, un asunto sobre el cual el derecho internacional exige a los Estados diferenciar en sus relaciones con Israel entre su territorio y los territorios ocupados desde 1967.
La consulta surgió durante la comparecencia de López ante la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa, que estudia el proyecto para aprobar el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Costa Rica e Israel. La diputada Jocelyn Sáenz Núñez, del Frente Amplio, preguntó si el país puede comprobar que las certificaciones de origen israelíes no amparen productos elaborados en asentamientos ubicados en territorio palestino ocupado.
López respondió que Procomer únicamente verifica el origen de las mercancías costarricenses que salen hacia mercados internacionales y que, por ello, no podía pronunciarse sobre la capacidad que tengan otras instituciones públicas para controlar el origen de los bienes importados desde Israel.
Procomer no se dedica a eso. Procomer solo verifica origen de Costa Rica al mundo y no podría darle respuesta sobre si otras instituciones tienen esa capacidad".
En su resolución 2334 de 2016, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas llamó a todos los Estados a distinguir, en sus relaciones pertinentes, entre el territorio del Estado de Israel y los territorios ocupados desde 1967. El mismo órgano había pedido desde 1980, mediante su resolución 465, que los Estados no proporcionaran a Israel asistencia destinada específicamente a los asentamientos en territorios ocupados.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) profundizó sobre el alcance de esa obligación en su opinión consultiva del 19 de julio de 2024 sobre las consecuencias jurídicas de las políticas y prácticas israelíes en el territorio palestino ocupado. La Corte concluyó que todos los Estados tienen la obligación de no reconocer como legal la situación derivada de la presencia ilegal de Israel en esos territorios y de no prestar ayuda o asistencia para mantenerla.
La CIJ agregó que el deber de diferenciar entre Israel y el territorio ocupado de Palestina comprende abstenerse de establecer relaciones económicas o comerciales con Israel referentes a esos territorios cuando puedan consolidar su presencia ilegal, así como adoptar medidas para impedir relaciones comerciales o de inversión que contribuyan al mantenimiento de esa situación.
Costa Rica está vinculada desde el 15 de octubre de 1969 al IV Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra. En su opinión de 2024, la CIJ recordó que todos los Estados parte del convenio tienen la obligación de garantizar el respeto del derecho internacional humanitario incorporado en ese instrumento.
La Asamblea General de las Naciones Unidas retomó las conclusiones de la Corte en septiembre de 2024 y llamó a los Estados, entre otras medidas, a tomar acciones para que sus nacionales, empresas, entidades y autoridades no presten ayuda al mantenimiento de la presencia ilegal de Israel en territorio palestino ocupado y a avanzar hacia el cese de las importaciones de productos originados en asentamientos israelíes.
Costa Rica se abstuvo de votar esa resolución. La Cancillería explicó entonces que el país respaldaba las conclusiones de la CIJ y reafirmaba "la importancia del acatamiento de todas sus decisiones", pero objetó que la resolución de la Asamblea General incorporara medidas adicionales a las señaladas por la Corte.
Procomer dice que derechos humanos no forman parte de sus funciones
Sáenz también preguntó a López si Procomer toma en consideración las obligaciones internacionales de Costa Rica en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario cuando busca mercados para productos nacionales o promueve inversión extranjera directa. La gerente respondió:
Esas no son las funciones de Procomer, son solamente la promoción de las exportaciones y la atracción de inversión".
La diputada cuestionó esa respuesta y sostuvo que, como entidad perteneciente al sector público, Procomer debe desarrollar sus competencias respetando las obligaciones internacionales asumidas por Costa Rica. López aclaró posteriormente que la promotora es una institución pública no estatal y que no recibe recursos del Presupuesto Nacional, pues se financia mediante el canon que pagan las empresas acogidas al Régimen de Zona Franca.
Sáenz también preguntó si el TLC contiene salvaguardas para impedir que bienes o servicios costarricenses exportados hacia Israel terminen incorporados a cadenas de suministro de las fuerzas militares israelíes o beneficien asentamientos en territorios palestinos ocupados. López respondió nuevamente que Procomer no negoció el acuerdo ni evalúa ese tipo de disposiciones.
Procomer no negocia, no evalúa los alcances del tratado, más allá de utilizar la herramienta para promover exportaciones, que es lo que hacemos".
López insiste en límites de competencias de Procomer
Las preguntas sobre derechos humanos, certificaciones de origen, compras públicas, importaciones, ciberseguridad y las condiciones específicas negociadas en el TLC llevaron a López a reiterar en numerosas ocasiones que Procomer no define la política comercial del país, no selecciona los mercados con los cuales Costa Rica negocia acuerdos y tampoco participa en las mesas de negociación.
La gerente explicó que el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) conduce esas negociaciones y que Procomer tiene acceso al texto del acuerdo cuando las conversaciones terminaron y el documento se hace público. Según dijo, la función de la promotora consiste posteriormente en aprovechar las condiciones negociadas para colocar productos costarricenses en otros mercados y atraer inversión extranjera.
La Promotora de Comercio Exterior hace promoción comercial basándose en las herramientas que negocia el Ministerio de Comercio Exterior. Esa es la función de la promotora. No es la negociación de tratados, no es la selección de los mercados con las que se van a negociar esos tratados, ni las negociaciones o las características propias de esas negociaciones".
La posición generó reacciones distintas entre las diputaciones. Sáenz cuestionó que Procomer acudiera a una audiencia sobre el tratado sin responder varias consultas relacionadas con sus posibles efectos, mientras que el diputado Juan Manuel Quesada Espinoza, subjefe del oficialismo, afirmó que correspondía a la propia comisión conocer las competencias de cada institución antes de convocarla.
López también declinó responder técnicamente si empresas israelíes podrían participar en procesos de contratación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para suministrar dispositivos o equipo médico, pues señaló que las compras públicas no forman parte de las competencias de Procomer.
Ante consultas sobre una eventual promoción de importaciones de armas israelíes, la gerente indicó que Procomer no promueve importaciones y agregó que esos sectores están expresamente excluidos del Régimen de Zona Franca.
Exportaciones a Israel se duplicaron en cinco años
López defendió durante su exposición el potencial comercial del mercado israelí para las empresas costarricenses. Según los datos que presentó, las exportaciones hacia Israel se duplicaron durante los últimos cinco años y registraron un crecimiento promedio anual cercano al 21%.
La gerente indicó que las ventas costarricenses a Israel rondaron los $25 millones durante el último año mencionado en la comparecencia y reconoció que todavía se trata de un mercado pequeño dentro del comercio exterior nacional, aunque destacó que algunos productos obtienen allí precios superiores a los de destinos tradicionales.
En el caso de la piña, segundo producto costarricense de exportación hacia Israel según la funcionaria, ese mercado paga 58% más por tonelada que Estados Unidos y 50% más que Europa. Para jugos y concentrados, tercer producto de exportación hacia ese destino, señaló que el precio resulta cercano a un 20% superior al de otros mercados tradicionales.
López también destacó posibilidades para el café de especialidad, pese a que la participación costarricense todavía resulta reducida. Según indicó, Costa Rica tiene menos del 1% del mercado israelí de café y Procomer busca aumentar la presencia del producto nacional en Medio Oriente.
Procomer ve oportunidades en manufactura y agricultura
La Promotora identificó además oportunidades para los sectores eléctrico y electrónico, circuitos integrados, dispositivos médicos, plásticos y metalmecánica, además de productos agrícolas como piña, café, jugos, banano y tubérculos.
López resaltó particularmente el potencial israelí en tecnología agrícola, sistemas de riego, investigación e innovación y afirmó que Costa Rica podría aprovechar esa experiencia para transferir conocimiento y atraer inversiones relacionadas con la agroindustria.
La gerente informó que actualmente existen siete empresas de capital israelí en Costa Rica: cuatro vinculadas con el sector agrícola y tres con servicios, incluidos tecnología y software. Aclaró que se trata de empresas medianas y se comprometió a remitir posteriormente a la comisión la lista correspondiente.
Procomer también mantiene un grupo de empresas costarricenses interesadas en ese mercado. López habló inicialmente de un "semillero" de 45 empresas, algunas de las cuales ya exportan a Israel y otras que buscan comenzar o ampliar sus ventas.
Sin una proyección concreta del efecto del TLC
Pese a defender el potencial del mercado israelí, López afirmó que Procomer no puede calcular cuánto crecerán las exportaciones específicamente como consecuencia del TLC antes de que el acuerdo entre en vigor.
La gerente dijo que la promotora espera mantener un crecimiento de doble dígito en las exportaciones hacia ese mercado, pero aclaró que esa evolución no dependería únicamente del acuerdo comercial, sino también de las acciones de promoción que la institución desarrolla desde hace años en Medio Oriente.
Según López, Procomer solo podría evaluar posteriormente si el tratado produjo beneficios adicionales y señaló que los mercados requieren años para desarrollarse. Al responder otra consulta, explicó que la institución suele valorar los resultados de tratados comerciales después de períodos prolongados de implementación.
Procomer enviará análisis sobre la desgravación
El diputado Rafael Vargas Brenes, del Partido Liberación Nacional, pidió a López que Procomer determine si los plazos de desgravación arancelaria negociados para los diferentes productos (incluidos períodos de cinco, diez y quince años) protegen adecuadamente al sector productivo costarricense o si las condiciones pudieron resultar más favorables para el país.
López aceptó remitir posteriormente un análisis de las partidas negociadas y señaló que las cámaras empresariales participaron durante el proceso mediante consultas sobre los productos que consideraban sensibles.
La promotora también quedó de entregar información solicitada por varias diputaciones sobre las empresas israelíes instaladas en Costa Rica, las empresas costarricenses interesadas en ese mercado, la participación de pymes, los productos que actualmente exportan y los jugos que podrían recibir preferencias arancelarias.
Créditos: Asamblea Legislativa