El órgano concluyó que la Asamblea aprobó en segundo debate un texto distinto al avalado en primero y omitió una consulta acordada a la Contraloría.
La Procuraduría General de la República (PGR) recomendó a la Sala Constitucional declarar con lugar una acción presentada contra la Ley 10.881, Ley para fortalecer la naturaleza de las auditorías internas y su relación con la administración activa, debido a graves errores cometidos durante su trámite en la Asamblea Legislativa.
El procurador general, Iván Vincenti Rojas, presentó el criterio dentro del expediente 26-021686-0007-CO, que corresponde a la acción impulsada por la contralora general, Marta Acosta Zúñiga.
La principal irregularidad consiste en que la Comisión con Potestad Legislativa Plena Primera aprobó en primer debate, el 18 de febrero de 2026, un texto sustitutivo que había acogido como base de discusión desde octubre de 2025. Sin embargo, el texto que llegó a la Comisión de Redacción y posteriormente al segundo debate correspondía a la versión original del proyecto.
La Comisión Plena aprobó esa versión distinta en segundo debate el 25 de febrero de 2026, tras lo cual la Asamblea la remitió a Casa Presidencial para su sanción. La ley terminó publicada el 20 de abril en el diario oficial La Gaceta.
Según la Procuraduría, el error provocó que la ley vigente no reflejara la voluntad que las diputaciones expresaron durante el primer debate.
Lo aprobado en segundo debate correspondía a un texto erróneo (por ser el proyecto original, y no el texto sustitutivo aprobado por la Comisión con Potestad Legislativa Plena Primera)”.
Un informe interno elaborado por tres dependencias de la Asamblea Legislativa atribuyó lo ocurrido a un error administrativo en el Sistema de Información Legislativa. Aunque el sistema incorporó el texto sustitutivo en el apartado correspondiente, un funcionario no lo cargó como versión actualizada dentro del control de dictámenes e informes.
Esa omisión causó que el personal legislativo remitiera el texto original a la Comisión de Redacción, que efectuó correcciones filológicas sin conocer la equivocación. La Procuraduría sostuvo que la Comisión de Redacción actuó dentro de sus competencias, pero trabajó con un documento incorrecto.
El órgano recordó que el Reglamento de la Asamblea exige que el texto sometido a segundo debate coincida con el aprobado en primero. Cualquier modificación de fondo o subsanación de un vicio requiere una moción para retrotraer el proyecto a primer debate, procedimiento que las diputaciones no utilizaron en este caso.
La PGR también señaló una segunda irregularidad: la Comisión Plena aprobó una moción para consultar el texto sustitutivo a la Contraloría General de la República (CGR), pero la administración legislativa nunca remitió la consulta. El proyecto modificaba la Ley Orgánica de la Contraloría y normas relacionadas con el sistema de control interno de las instituciones públicas.
La Procuraduría consideró que esa omisión puede constituir otro vicio sustancial, debido a que las reformas incidían directamente sobre las competencias constitucionales de la Contraloría en materia de vigilancia de la Hacienda Pública. También indicó que la Asamblea debía publicar el texto sustitutivo para garantizar los principios de publicidad, transparencia y participación democrática.
La Contraloría cuestionó además el contenido de la ley porque, a su criterio, las reformas debilitan la independencia de las auditorías internas, desnaturalizan sus servicios preventivos de asesoría y advertencia, e introducen mecanismos alternativos de control en las municipalidades sin garantías equivalentes de independencia, continuidad y especialización técnica.
No obstante, la Procuraduría decidió no pronunciarse sobre esos argumentos de fondo, al considerar que las pruebas sobre los errores legislativos resultan suficientemente contundentes para que la Sala Constitucional pueda anular toda la ley únicamente por razones de procedimiento.
El criterio mencionó también que el diputado Horacio Alvarado Bogantes presentó el proyecto de ley 25.569 para corregir las inconsistencias. La exposición de motivos de esa iniciativa reconoce que la Asamblea sancionó y publicó una norma cuyo contenido no coincidía con el aprobado en primer debate.
Iván Vinicio Vincenti Rojas, procurador general de la república. Foto: Asamblea Legislativa.