La Sala IV admitió una acción contra las ayudas económicas por catástrofes, las becas para hijos de funcionarios y el pago de cesantía por renuncia voluntaria, beneficio por el cual el municipio desembolsó ₡435,8 millones desde el 2020.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio curso a una acción de inconstitucionalidad presentada por la Contraloría General de la República (CGR) contra tres disposiciones de la convención colectiva de trabajo de la Municipalidad de Desamparados, al considerar el órgano contralor que establecen beneficios injustificados financiados con recursos públicos.
La acción, tramitada bajo el expediente 26-039508-0007-CO, fue interpuesta por el subcontralor general de la República, Bernal Aragón Barquero, y admitida para estudio mediante una resolución del pasado 4 de noviembre, cuyo contenido fue divulgado mediante un aviso en el Boletín Judicial.
Concretamente, la Contraloría solicita declarar inconstitucionales los artículos 41 y 49 de la convención colectiva, que establecen ayudas económicas ante situaciones de catástrofe y becas para los hijos de funcionarios municipales, respectivamente, así como el artículo 103, únicamente en lo relativo al reconocimiento del auxilio de cesantía cuando un trabajador renuncia voluntariamente a su puesto.
El órgano contralor sostiene que esas disposiciones vulneran los principios constitucionales de igualdad, razonabilidad, proporcionalidad, eficiencia y buen uso de los fondos públicos, al establecer beneficios exclusivos para determinados funcionarios y sus familiares sin que exista una justificación objetiva para diferenciarlos del resto de los trabajadores del sector público o de los habitantes del cantón.
En su acción, la Contraloría aclaró que no pretende cuestionar el derecho a la negociación colectiva ni desconocer la evolución y progresividad de los derechos laborales reconocidos por la jurisprudencia constitucional. Sin embargo, sostuvo que las obligaciones económicas asumidas por las instituciones públicas mediante esos instrumentos están sujetas al control de constitucionalidad y deben responder a los principios que rigen la administración de los recursos públicos.
Municipalidad pagó ₡435,8 millones en cesantía por renuncias voluntarias
Uno de los principales cuestionamientos de la Contraloría se dirige contra el artículo 103 de la convención colectiva, que garantiza el reconocimiento del auxilio de cesantía a los trabajadores municipales que deciden renunciar voluntariamente a sus puestos.
El pasado 2 de octubre, mediante el oficio 13387 (DFOE-DEC-3579), el órgano contralor solicitó a la Municipalidad de Desamparados información sobre los desembolsos efectuados por ese concepto entre el 1.º de mayo del 2020 y el 31 de agosto del 2026.
En respuesta, mediante el oficio AM-TH-1151-2026, del 7 de octubre, el gobierno local informó que durante ese periodo pagó ₡435.860.709,19 por concepto de auxilio de cesantía a funcionarios que renunciaron voluntariamente, en aplicación de lo dispuesto en la convención colectiva vigente.
La Municipalidad también informó que entre junio y agosto del 2026 tramitó otras renuncias cuyos extremos laborales todavía no habían sido cancelados por falta de contenido presupuestario, por lo que los desembolsos correspondientes quedaron sujetos a la aprobación de una modificación al presupuesto municipal.
La Contraloría considera que reconocer esta prestación en casos de renuncia voluntaria desvirtúa la naturaleza del auxilio de cesantía contemplado en el artículo 63 de la Constitución Política, cuya finalidad es indemnizar a los trabajadores cuando la relación laboral termina por decisión unilateral del patrono, sin justa causa.
Para respaldar su posición, el órgano contralor citó seis sentencias emitidas por la Sala Constitucional entre el 2018 y el 2024 en las que, según expuso, el tribunal declaró inconstitucionales disposiciones que extendían el reconocimiento de la cesantía a trabajadores públicos cuya relación laboral finalizaba por decisión propia.
La impugnación del artículo 103 se limita al reconocimiento de la cesantía por renuncia voluntaria, por lo que la Contraloría no solicita eliminar el auxilio de cesantía en los demás supuestos contemplados en esa disposición.
Ayudas económicas por catástrofes
El artículo 41 de la convención colectiva permite destinar recursos municipales al otorgamiento de ayudas económicas ante situaciones de catástrofe, tales como inundaciones, terremotos, incendios o derrumbes.
La Contraloría sostiene que ese beneficio implica utilizar recursos de la Hacienda Pública en favor de particulares por circunstancias ajenas a la relación laboral y sin que exista una contraprestación en beneficio de la Municipalidad de Desamparados.
El órgano contralor invocó como antecedente la sentencia 2024-017869, del 26 de junio del 2024, mediante la cual, según señaló, la Sala Constitucional anuló un beneficio semejante por considerar que implicaba la erogación de fondos públicos en favor de particulares por situaciones desvinculadas de la prestación del servicio público.
Becas para hijos de funcionarios municipales
La tercera disposición cuestionada es el artículo 49 de la convención colectiva, que establece el otorgamiento de becas educativas a los hijos de los trabajadores municipales.
Según la Contraloría, ese beneficio establece un trato privilegiado para personas que no mantienen una relación laboral con el gobierno local y que pueden acceder a recursos públicos sin someterse a los concursos, requisitos o procedimientos exigibles a otros habitantes del cantón interesados en obtener ayudas educativas.
El órgano contralor reconoció que las municipalidades pueden desarrollar programas de capacitación y profesionalización para sus funcionarios, siempre que respondan a condiciones objetivas. No obstante, considera que extender esos beneficios a sus familiares excede los fines propios de la capacitación del personal y beneficia a una población que puede recurrir a otros programas educativos.
Entre los antecedentes invocados figura la sentencia 2019-009226, del 22 de mayo del 2019, mediante la cual la Sala Constitucional declaró inconstitucionales disposiciones de la convención colectiva de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) que establecían un programa de becas para los hijos de sus trabajadores.
La Contraloría también citó la sentencia 2019-021859, del 6 de noviembre del 2019, en la que, según expuso, el tribunal determinó que el otorgamiento de becas a hijos de trabajadores municipales excedía los fines de la capacitación institucional, al beneficiar a personas sin vínculo laboral o de servicio con el gobierno local.
Contraloría alega afectación al presupuesto municipal
Además de los cuestionamientos específicos contra cada beneficio, la Contraloría sostiene que las tres disposiciones afectan negativamente las finanzas de la Municipalidad de Desamparados al establecer obligaciones económicas que, a su juicio, priorizan intereses particulares sobre los intereses colectivos que deben atenderse con el presupuesto municipal.
El órgano contralor argumentó que las administraciones públicas no disponen de una facultad ilimitada para crear nuevas fuentes de gasto mediante la negociación colectiva, particularmente cuando estas pueden comprometer la sostenibilidad financiera institucional y limitar los recursos disponibles para atender necesidades de la población.
En respaldo de esa posición, citó la sentencia 2018-019511, del 23 de noviembre del 2018, en la que la Sala Constitucional señaló que "la facultad de negociación está sujeta a los controles de legalidad y constitucionalidad, en atención a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y buen uso y manejo de los fondos públicos".
Beneficios continuarán vigentes mientras la Sala estudia la acción
La Sala Constitucional concedió una audiencia de 15 días a la Procuraduría General de la República, al alcalde de Desamparados y al secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Desamparados, para que se pronuncien sobre los argumentos planteados por la Contraloría.
El tribunal también ordenó publicar tres avisos consecutivos en el Boletín Judicial para comunicar la existencia de la acción y permitir que las personas con interés legítimo comparezcan ante la Sala para respaldar u oponerse a la solicitud del órgano contralor, o ampliar los argumentos de inconstitucionalidad.
Sin embargo, la Sala aclaró expresamente que, debido a que la Contraloría presentó la acción mediante el mecanismo de legitimación directa y en defensa de intereses difusos, su admisión no suspende la vigencia ni la aplicación de las disposiciones cuestionadas, ni tampoco ningún procedimiento administrativo o proceso judicial.
Por tanto, los tres beneficios establecidos en la convención colectiva continuarán vigentes y podrán seguir aplicándose mientras el tribunal estudia los argumentos de las partes y determina si las disposiciones se ajustan a la Constitución Política.







