El órgano contralor alega que la Asamblea aprobó en segundo debate un texto distinto al votado en primer debate
La Sala Constitucional dio curso a una acción de inconstitucionalidad presentada por la Contraloría General de la República contra la Ley n.° 10.881, denominada “Ley para fortalecer la naturaleza de las auditorías internas y su relación con la administración activa”.
La acción la presentó la contralora general, Marta Eugenia Acosta Zúñiga, quien pidió anular la ley en su totalidad por presuntos vicios esenciales en el procedimiento legislativo y por posibles afectaciones al modelo constitucional de control de la Hacienda Pública.
Según la gestión, el problema central radica en que la Comisión con Potestad Legislativa Plena Primera habría aprobado en primer debate un texto sustitutivo incorporado mediante la moción de fondo n.° 70-9, pero en segundo debate votó un texto distinto: el dictaminado el 13 de marzo de 2025.
La Contraloría sostiene que esa diferencia no constituye un error formal, tipográfico o de simple transcripción, sino una incongruencia de fondo entre el texto aprobado en primer debate y el que finalmente la Asamblea Legislativa sancionó y La Gaceta publicó como ley de la República.
La institución alegó que esa situación afectó la voluntad del legislador, pues, según su tesis, el texto promulgado no coincidió con el que la comisión legislativa discutió y aprobó en la etapa previa.
La acción también señala presuntas violaciones a los principios de publicidad, transparencia y congruencia. La Contraloría indicó que la comisión acordó publicar el texto sustitutivo en La Gaceta y consultarlo a distintas instituciones, incluida la propia Contraloría, pero esa consulta no llegó a realizarse.
Asimismo, la acción agrega que la Asamblea Legislativa reconoció, en una revisión administrativa interna, que el texto sustitutivo quedó incorporado únicamente en el apartado de “Textos Sustitutivos” del Sistema de Información Legislativa, sin actualizar el apartado de “Control de Dictámenes e Informes”.
La Contraloría también cuestionó el contenido de la ley. En su criterio, varias reformas a la Ley General de Control Interno, a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y al Código Municipal debilitan funciones de control interno y fiscalización sobre la Hacienda Pública.
Entre los puntos señalados, la acción advierte que la ley permite sustituir auditorías internas por mecanismos alternativos de control sin definir parámetros equivalentes de independencia funcional, permanencia, especialización técnica, continuidad operativa o conocimiento institucional.
La Sala Constitucional confirió audiencia por 15 días al procurador general de la República y a la presidenta del directorio de la Asamblea Legislativa. Además, ordenó publicar por tres veces consecutivas un aviso en el Boletín Judicial sobre la interposición de la acción.
La resolución aclaró que la acción no suspende la vigencia de la ley ni ningún procedimiento administrativo o proceso judicial, aunque la Contraloría solicitó como medida cautelar la suspensión provisional de la eficacia y los efectos de la norma mientras la Sala resuelve el fondo del caso.
El expediente de la acción de inconstitucionalidad es el 26-021686-0007-CO.