El presidente de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público presentó una moción para investigar el uso de los recursos del FEES que hacen las universidades públicas.
El presidente de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, Gonzalo Ramírez Zamora, presentó una moción para que ese órgano legislativo investigue el uso de los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) por parte de las universidades públicas.
El diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO) presentó la iniciativa con la firma de sus compañeros de bancada Kathia Calvo Cruz y Stephan Brunner Neibig. La propuesta podrá ser conocida en una próxima sesión de la comisión.
Para justificar la investigación, Ramírez señaló:
Los recursos públicos no pueden ser usados como una piñata, y menos en nuestras universidades. Durante las últimas semanas, los costarricenses conocimos una serie de reportajes que revelaron gastos realizados por autoridades universitarias en alimentación, restaurantes y actividades de representación con recursos públicos. Esas publicaciones generaron una pregunta legítima, que hoy miles de ciudadanos se hacen: ¿Se están utilizando correctamente los recursos que todos aportamos para financiar la educación superior?”.
La moción propone que la investigación se extienda por un plazo de hasta dos años y se enfoque en la “administración, ejecución, control, fiscalización y transparencia en el uso de los recursos públicos administrados por las universidades estatales, particularmente aquellos provenientes del FEES, con especial énfasis en los gastos administrativos, de representación, alimentación, actividades protocolarias, viáticos, viajes oficiales, cooperación internacional, capacitaciones y demás erogaciones vinculadas con la gestión superior universitaria”.
La propuesta plantea determinar:
- La composición del gasto administrativo y del gasto sustantivo de cada universidad estatal.
- La ejecución de los recursos provenientes del FEES.
- Los mecanismos de control interno utilizados para autorizar, supervisar y fiscalizar el uso de los recursos públicos.
- La razonabilidad, necesidad, proporcionalidad y finalidad pública de los gastos de representación, alimentación, protocolo, viajes oficiales, cooperación internacional y demás erogaciones de naturaleza administrativa.
- La suficiencia de la normativa interna que regula dichos gastos.
- El grado de cumplimiento de los principios de legalidad, eficiencia, economía, transparencia, austeridad y rendición de cuentas.
- La eventual necesidad de formular recomendaciones de carácter legal, reglamentario o administrativo que fortalezcan el uso responsable de los recursos públicos destinados a la educación superior estatal.
Adicionalmente, la moción propone convocar a las cinco personas rectoras de las universidades estatales, así como a las auditorías internas y direcciones financieras de cada casa de enseñanza superior, además de la contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga.
Conare defiende controles existentes y pide diálogo basado en evidencia
Tras conocerse la iniciativa legislativa, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) manifestó este viernes que respeta las competencias constitucionales de la Asamblea Legislativa y el ejercicio del control político, pero recordó que este debe realizarse con pleno respeto a la autonomía universitaria establecida en la Constitución Política.
El presidente de Conare y rector de la UNA, Jorge Herrera Murillo, manifestó:
El compromiso de las universidades públicas es con la legalidad, la transparencia, la eficiencia en el uso de los recursos públicos y la rendición de cuentas ante la ciudadanía”.
Conare afirmó que las universidades estatales atienden de forma permanente los procesos de fiscalización de los órganos competentes, incluyendo la Contraloría General de la República y las auditorías internas, e hizo un llamado a que el análisis sobre el FEES se desarrolle mediante un diálogo "serio, responsable y sustentado en evidencia", reconociendo los mecanismos de control y rendición de cuentas que ya contempla el ordenamiento jurídico.