CODIAW afirma que cuatro familias bribris serían desalojadas de Kapliña, una recuperación territorial iniciada en 2019 dentro del Territorio Indígena Bribri de Salitre.
La organización propia Ditsö̀ Irìria Ajkö́nu̱k Wakpa (CODIAW) denunció que el Juzgado Civil, Trabajo y Agrario de Buenos Aires, a cargo de la jueza Nancy Patricia León Ulate, ordenó el desalojo judicial de cuatro familias bribris de los clanes Kolkiwák y Bubulwak que habitan la recuperación de tierra-territorio conocida como Kapliña, ubicada en la comunidad de Puente, dentro del Territorio Indígena Bribri de Salitre.
Según el comunicado público emitido por la organización (que también fue difundido por la Mesa Nacional Indígena De Costa Rica) la orden judicial fue dictada en el marco del expediente agrario 19-000045-1555-AG y beneficiaría a Edwin Guevara Mora, a quien CODIAW señala como ocupante no indígena y como una persona vinculada históricamente a agresiones contra el Pueblo Bribri de Salitre.
La organización sostiene que la resolución desconoce la Ley Indígena N.° 6172, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el derecho consuetudinario indígena y las obligaciones internacionales asumidas por Costa Rica en materia de protección de territorios indígenas.
Para la jueza León Ulate, las familias Bribris deben ser desalojadas de su propio Territorio pues, Kapliña se encuentra dentro del Territorio Bribri de Salitre y de acuerdo a la Ley Indígena 6172 de 1977 ninguna persona no indígena tiene derecho sobre ella”.
El antecedente de Kapliña
La nueva denuncia corresponde al mismo conflicto territorial sobre el cual Delfino.CR informó en julio de 2022, cuando el Juzgado Civil, de Trabajo y Familia de Buenos Aires ordenó el desalojo de personas indígenas recuperadoras en la finca entonces referida como Kapleña.
En esa publicación, este medio consignó que la finca, de aproximadamente 55 hectáreas, fue recuperada el 2 de noviembre de 2019 por familias bribris del clan Kölkiwak. También se informó que el terreno estaba ocupado por Guevara Mora, señalado entonces en denuncias públicas y judiciales por agresiones contra integrantes del Pueblo Bribri de Salitre.
De acuerdo con el comunicado divulgado ahora por CODIAW, la recuperación de Kapliña permitió que la comunidad de Puente se convirtiera en la primera comunidad del Territorio Bribri de Salitre en quedar completamente en manos del Pueblo Bribri. La organización agregó que, desde entonces, las familias recuperadoras han sembrado maíz, banano, yuca y frijoles, además de criar animales para su subsistencia.
Señalamientos contra el beneficiario del desalojo
CODIAW afirma que Guevara Mora es una persona “profundamente conocida por sus agresiones contra el Pueblo Bribri de Salitre” y menciona, entre otros señalamientos, amenazas de muerte, el rocío de agroquímicos contra una mujer mayor bribri y su vinculación con el expediente que investigó el asesinato del líder indígena Sergio Rojas Ortiz.
En diciembre de 2023, Delfino.CR informó que la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos solicitó el archivo de la causa por el asesinato de Rojas Ortiz, expediente en el que figuraban como imputados Víctor Zúñiga Fallas y Edwin Guevara Mora.
Posteriormente, en marzo de 2024, este medio reportó que el caso llegó a su quinto aniversario con archivo definitivo y sobreseimiento, decisión que fue cuestionada por organizaciones indígenas y de derechos humanos.
Rojas Ortiz fue asesinado el 18 de marzo de 2019 en Salitre. Al momento de su asesinato era beneficiario de las medidas cautelares MC-321/12, emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de los pueblos Teribe y Bribri de Salitre.
Organización pide cancelar el desalojo
CODIAW sostiene que la eventual ejecución del desalojo aumentaría el riesgo para las familias recuperadoras y para el Pueblo Bribri de Salitre, al permitir el retorno de una persona no indígena a un territorio cubierto por normativa especial y medidas cautelares internacionales.
El desalojo de Kapliña no solo vulnera a las 4 familias afectadas sino a todo el Pueblo Bribri pues un ocupante ilegal peligroso continuaría al Territorio con el beneplácito judicial”.
La organización exigió la cancelación del desalojo, una investigación sobre el accionar de la jueza León Ulate y acciones judiciales contra Guevara Mora por las agresiones que le atribuye.
Las recuperaciones de tierra-territorio han sido el único mecanismo efectivo y contundente para que el Pueblo Bribri de Salitre acceda a la tierra-territorio. El Estado costarricense, en cambio, lleva 50 años en deuda con los Pueblos Originarios y lo establecido en la Ley Indígena 6172”.
Conflicto territorial de larga data
El conflicto en Salitre forma parte de una disputa histórica por la recuperación de territorios indígenas reconocidos por ley, pero ocupados durante décadas por personas no indígenas. La Ley Indígena, vigente desde 1977, establece que los territorios indígenas son inalienables, imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas.
El Estado costarricense creó en 2020 el Plan Nacional para la Recuperación de Territorios Indígenas (PLAN-RTI), orientado a atender el saneamiento de territorios indígenas. Sin embargo, organizaciones indígenas han señalado reiteradamente que la lentitud estatal ha obligado a las comunidades a impulsar procesos de recuperación directa de tierra-territorio.
En marzo de 2019, tras el asesinato de Sergio Rojas Ortiz, Delfino.CR publicó un contexto sobre la situación de Salitre y las advertencias de organizaciones de derechos humanos sobre el riesgo que enfrentaban personas recuperadoras en la zona. La nueva denuncia de CODIAW reactiva uno de los expedientes territoriales ya documentados por este medio y vuelve a colocar bajo observación el papel del Poder Judicial y del Estado costarricense frente a los conflictos de posesión dentro de territorios indígenas.