Familia de Sergio Rojas presentó querella para el envío a juicio de la causa penal.
El día 7 de diciembre se realizó audiencia preliminar en los Tribunales Justicia de Buenos Aires para conocer la solicitud de sobreseimiento definitivo por parte de la Fiscalía en el caso del asesinato del líder indígena, Sergio Rojas Ortíz.
La información fue dada a conocer por el abogado Oscar Retana Montenegro, defensor de la familia del líder indígena asesinado, y señaló que los hijos e hijas de Rojas solicitaron que se ordene el envío a juicio de la causa penal.
El líder indígena fue asesinado de siete balazos la noche del 18 de marzo del 2019 en el territorio indígena bribri de Salitre, en medio del conflicto originado por el proceso de recuperación de territorios que iniciaron personas indígenas en 2011.
Retana Montenegro indicó que el juez penal dispuso que se emitiría la resolución por escrito. El plazo para esto no se puede determinar pero la espera promedio es de al menos un mes, adelantó.
El abogado comentó que los posibles resultados son dos:
- Aceptar el archivo definitivo contra las personas imputadas.
- Ordenar realizar la etapa de juicio.
"Cualquier resultado implica que las partes puedan presentar recurso de apelación", detalló.
Esperamos un resultado que permita castigar a los responsables de la muerte de Sergio Rojas, quien fue líder indígena y recuperador de tierras del pueblo Indígena Bribri de Salitre".
Como imputados figuran Victor Zuñiga Fallas y Edwin Guevara Mora. Ambos finqueros no indígenas con posesiones de mala fe en Salitre, compartió el abogado defensor a este medio de comunicación.
Luego de que se diera a conocer que la Fiscalía pediría el archivo del caso, el Relator Especial sobre Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, José Francisco Calí Tzay, lamentó que la impunidad siga vigente en el caso del asesinato del líder indígena Bribri de Salitre, Sergio Rojas Ortíz.
"Es particularmente preocupante que hasta la fecha el Estado de Costa Rica no haya contextualizado su asesinato dentro del conflicto por la restitución de tierras indígenas y no se haya condenado a ninguno de los culpables", recordó Calí Tzay. Agregó que la impunidad favorece un clima de violencia e inseguridad para los Pueblos Indígenas.
En una visita realizada en diciembre de 2021, el relator de la ONU recomendó que el Estado de Costa Rica debe proporcionar medidas adecuadas de reparación individual y colectiva al Pueblo Indígena Bribri de Salitre por el asesinato de su líder Sergio Rojas.
Adicionalmente, la Defensoría de los Habitantes indicó que ha seguido el desarrollo del caso y pidió justicia por ante el homicidio de Rojas Ortíz.
El ente defensor recordó que en 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había emitido la Medida Cautelar mediante la cual acogió la solicitud de medidas en favor del pueblo indígena de Teribe y del pueblo indígena Bribri de Salitre al valorar que los antecedentes y prueba ofrecida en relación con el hostigamiento y amenazas contra el pueblo y contra líderes indígenas, reunían las condiciones de gravedad, urgencia e irreparabilidad.
La CIDH pidió al Estado costarricense adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los miembros de ambos pueblos e informar sobre las acciones adoptadas con el fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de dicha medida cautelar y así evitar su repetición.
La Defensoría lamenta que han sido escasos e infructuosos los esfuerzos y acciones adoptadas por parte del Estado costarricense para proteger a las dirigencias indígenas a las cuales pretendía tutelar esta medida cautelar; ejemplo de ello son las muertes del propio Sergio Rojas como la de Jerhy Rivera, líder indígena Teribe de Térraba".
Además, el Frente Nacional de Pueblos indígenas (Frenapi) se sumó al llamado al recordar que Sergio "recibió reiteradas amenazas, intentos de asesinato y la injusta cárcel contra los DDHH, con participación del Estado, que ha sido el principal gestor de la violencia sistemática y estructural"
Exigimos al Estado, asumir su responsabilidad en la garantía y protección de los derechos, la vida e integridad de los pueblos y sus miembros y una justicia, pronto y cumplida”
En setiembre de 2020 el Ministerio Público ya había solicitado el archivo del caso al justificar que "el entorno, la forma de vida de la zona y la imposibilidad de localizar a los testigos fueron factores que jugaron en contra de la investigación". En ese momento, el Sistema de las Naciones Unidas (ONU), había pedido al Estado costarricense continuar la investigación penal.
La petición de archivo fue rechazada por el Juzgado Penal de Buenos Aires en enero de 2021 y se ordenó continuar los actos investigativos.
