Relator de la ONU y Defensoría de los Habitantes hicieron llamado tras darse a conocer que la Fiscalía solicitará el archivo del caso.
El Relator Especial sobre Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, José Francisco Calí Tzay, lamentó que la impunidad siga vigente en el caso del asesinato del líder indígena Bribri de Salitre, Sergio Rojas Ortíz.
En sus redes sociales el relator expresó su solidaridad y condolencias a la familia de Rojas Ortíz, en la misma semana en la que se dio a conocer que la Fiscalía solicitará el sobreseimiento definitivo del caso el próximo 7 y 8 de diciembre en una audiencia oral que se llevará a cabo en los Tribunales de Justicia de Buenos Aires y en la que no se permitirá la entrada del público al ser privada.
El líder indígena fue asesinado de siete balazos la noche del 18 de marzo del 2019 en el territorio indígena bribri de Salitre, en medio del conflicto originado por el proceso de recuperación de territorios que iniciaron personas indígenas en 2011.
"Es particularmente preocupante que hasta la fecha el Estado de Costa Rica no haya contextualizado su asesinato dentro del conflicto por la restitución de tierras indígenas y no se haya condenado a ninguno de los culpables", recordó Calí Tzay. Además, agregó que la impunidad favorece un clima de violencia e inseguridad para los Pueblos Indígenas.
En una visita realizada en diciembre de 2021, el relator de la ONU recomendó que el Estado de Costa Rica debe proporcionar medidas adecuadas de reparación individual y colectiva al Pueblo Indígena Bribri de Salitre por el asesinato de su líder Sergio Rojas.
En estas se incluye la ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú. Además de aspectos como:
- Garantías de no repetición mediante esquemas preventivos y alerta temprana con participación de la Defensoría de los Habitantes.
- Medidas de satisfacción como la disculpa pública.
Defensoría pide justicia
En un comunicado a la prensa, la Defensoría de los Habitantes indicó que ha seguido el desarrollo del caso y pidió justicia por ante el homicidio de Rojas Ortíz.
El ente defensor recordó que en 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había emitido la Medida Cautelar mediante la cual acogió la solicitud de medidas en favor del “pueblo indígena de Teribe y del pueblo indígena Bribri de Salitre” al valorar que los antecedentes y prueba ofrecida en relación con el hostigamiento y amenazas contra el pueblo y contra líderes indígenas, reunían las condiciones de gravedad, urgencia e irreparabilidad.
La CIDH pidió al Estado costarricense adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los miembros de ambos pueblos e informar sobre las acciones adoptadas con el fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de dicha medida cautelar y así evitar su repetición.
La Defensoría lamenta que han sido escasos e infructuosos los esfuerzos y acciones adoptadas por parte del Estado costarricense para proteger a las dirigencias indígenas a las cuales pretendía tutelar esta medida cautelar; ejemplo de ello son las muertes del propio Sergio Rojas como la de Jerhy Rivera, líder indígena Teribe de Térraba".
Asimismo, expresaron preocupación por el escalamiento de episodios de violencia en diferentes territorios indígenas del país, del cual no escapan Salitre y Térraba, aún después del dictado de la medida cautelar.
En el “III Informe de Agresiones y Violaciones a los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios de la Zona Sur (enero-diciembre 2022)”, que es construido por la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS), con la participación de personas de los Territorios Bribris de Salitre, de Yabamï Dï Katá, Cabécar de China Kichá y Brörán de Térraba, se señaló que, desde el 2019 a la fecha, las amenazas de muerte a personas indígenas o que participan en defensa del territorio para los pueblos originarios llegaron a 33.
En su Informe Anual 2019-2020, la Defensoría de los Habitantes había alertado que “en algunos medios de comunicación y en las redes sociales se han exacerbado los discursos de odio de índole racista, y se han criminalizado las reivindicaciones indígenas de derechos. A la fecha, no se ha detenido a ninguna persona ni se ha sancionado a nadie por todos estos hechos.”
En setiembre de 2020 el Ministerio Público ya había solicitado el archivo del caso al justificar que "el entorno, la forma de vida de la zona y la imposibilidad de localizar a los testigos fueron factores que jugaron en contra de la investigación". En ese momento, el Sistema de las Naciones Unidas (ONU), había pedido al Estado costarricense continuar la investigación penal.
La petición de archivo fue rechazada por el Juzgado Penal de Buenos Aires en enero de 2021 y se ordenó continuar los actos investigativos.
