Sergio Rojas fue asesinado la noche del 18 de marzo de 2019.
El abogado Oscar Retana Montenegro, defensor de la familia del líder indígena asesinado, Sergio Rojas Ortiz informó que la Fiscalía solicitará el sobreseimiento definitivo del caso el próximo 7 y 8 de diciembre en una audiencia oral que se llevará a cabo en los Tribunales de Justicia de Buenos Aires y en la que no se permitirá la entrada del público al ser privada.
Además, señaló que también se solicitará el archivo de la querella presentada por los hijos de Rojas. El líder indígena fue asesinado con siete balazos la noche del 18 de marzo del 2019 en el territorio indígena bribri de Salitre, en medio del conflicto originado por el proceso de de recuperación de territorios que iniciaron personas indígenas en 2011.
Rojas Ortiz ya había sido víctima de varios intentos de homicidio y era sujeto de medidas cautelares de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en abril del 2015.
Dichas medidas cautelares ordenaban al Estado garantizar la protección, vida e integridad personal de los miembros del Pueblo Indígena Teribe y Bribri de Salitre, sin embargo el país no logró cumplir con las disposiciones ordenadas.
Este caso no tuvo testigos presenciales del homicidio, sin embargo, Retana señaló que fue tramitado sin que se tomaran en cuenta las características sociales y culturales, "como lo es la discriminación estructural hacia la población indígena; las fundadas y demostradas violaciones al acceso a la justicia de los Pueblos Indígenas; y el conflicto subyacente por la recuperación de las tierras indígenas que ha tenido a 33 personas indígenas amenazadas de muerte en el periodo 2020 a 2022 en los cantones de Buenos Aires y Pérez Zeledón, además del homicidio de Jehry Rivera el 23 de febrero del 2020".
El abogado exhortó al Estado a que cese la impunidad y se encuentren a los culpables del crimen.
Que se tomen las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad física de las personas indígenas amenazadas de muerte y que se cumpla, mediante mecanismos céleres y eficientes, la recuperación de tierras indígenas en manos de usurpadores terratenientes".
De ser aprobada la solicitud, los imputados y otros responsables serían absueltos de toda pena y responsabilidad. En principio, uno de los imputados del caso falleció por causas naturales y otro es el hijo del fallecido.
En setiembre de 2020 el Ministerio Público ya había solicitado el archivo del caso al justificar que "el entorno, la forma de vida de la zona y la imposibilidad de localizar a los testigos fueron factores que jugaron en contra de la investigación". En ese momento, el Sistema de las Naciones Unidas (ONU), había pedido al Estado costarricense continuar la investigación penal.
La petición de archivo fue rechazada por el Juzgado Penal de Buenos Aires en enero de 2021 y se ordenó continuar los actos investigativos.
