El Sistema de las Naciones Unidas pidió este viernes al Estado costarricense que continúe y por tanto no desestime y archive, la investigación penal del homicidio del líder indígena, Sergio Rojas Ortíz.
El mensaje de la ONU llega un día después de que el Ministerio Público costarricense ordenara la desestimación y el archivo de la causa penal que se sigue sobre este crimen, ocurrido en marzo de 2019 en el Territorio Indígena de Salitre (Buenos Aires, Puntarenas).
El mensaje de Naciones Unidas insta a evitar que este crimen quede en la impunidad.
El día de ayer, la Fiscalía General, la Fiscalía contra el Crimen Organizado y la Fiscalía Adjunta de Asuntos Indígenas, además de la fiscalía encargada de la investigación del homicidio, se reunieron con la familia de Rojas Ortiz en Pérez Zeledón para comunicarles la decisión y ahí señalaron que "el entorno, la forma de vida de la zona y la imposibilidad de localizar a los testigos fueron factores que jugaron en contra de la investigación".
En el comunicado enviado por la ONU, la organización señaló que:
Naciones Unidas recordó el llamado que hicieron los expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU Michel Forst, en su momento Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, en el que urgieron a las autoridades costarricenses a 'identificar a los autores materiales e intelectuales de este grave delito y los lleven ante la justicia, de acuerdo con la ley'.
Naciones Unidas además indicó que ha dado seguimiento a la medida cautelar 321-12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pesa sobre el país respecto a la protección de los territorios indígenas de Térraba y Salitre y que Costa Rica no ha logrado cumplir, y respecto a ello también puso la mira a la crisis de Chiná Kichá que se vive en la zona sur en este momento.
En este marco, y en procura de prevenir la violencia en más territorios, Naciones Unidas instó al Estado a procurar que, en el desalojo anunciado para los próximos días en el territorio indígena de China Kichá, tenga en cuenta las recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos sobre los derechos de los pueblos indígenas y los estándares internacionales en materia del derecho a la vivienda y desalojos forzosos, conforme a los compromisos adquiridos por el Estado en los distintos tratados internacionales ratificados en la materia".
La organización finalizó haciendo un llamado a sus Estados miembros para que impulsen las acciones que sean necesarias para erradicar toda forma de violencia y discriminación contra los pueblos indígenas, garantizando también el derecho a la posesión de sus tierras.
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