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— La semana pasada fue asesinado el líder indígena Sergio Rojas, a pesar de que desde el 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ordenó al Estado costarricense tomar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los pobladores indígenas de la zona. Es decir: este crimen pudo haberse evitado.

— El Programa Pueblos Indígenas, Agroecología y Buen Vivir de la Universidad Nacional (UNA) así lo recordó en un comunicado que nos motivó a conversar con coordinador de este espacio, Víctor Madrigal, para que nos aclarase qué está sucediendo en la zona.

— Madrigal nos señaló que la tensión en la zona no ha hecho más que subir desde que empezó a ser noticia en el 2014 (ojo que la problemática viene desde mucho antes). Así lo señaló también el más reciente informe del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena (ODHAIN), que Madrigal también representa, y que fue publicado solo unas horas antes de que Rojas fuese asesinado...

— Este documento señala que “el desamparo y la desatención de las Instituciones del Estado es evidente, frente a la situación que viven las comunidades y familias recuperantes visitadas” y por eso es que levanta una alerta sobre la escalada de violencia que desde hace meses se vive en los territorios indígenas Brörán (Térraba), Rey Curré y en Salitre.

— Para entenderlo mejor, devolvámonos un segundo y entremos en contexto. En 1977 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Indígena que señala que todos los terrenos de las reservas indígenas reconocidas por el Estado son "inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígena", es decir, que sus territorios no se pueden ni vender, ni transferir ni heredar a personas que no sean indígenas.

— El tema con Salitre, es que se calcula que el 15% del territorio está en manos de los sikuas, como les llaman ellos a las etnias no indígenas. ¿Por qué? Por dos razones, una con dolo y una sin él. De un lado están quienes habitan esos territorios desde antes de que exista la ley, por lo que según estableció el propio documento, debieron ser indemnizados por el Estado para poder reubicarse. También en ese bando se encuentran quienes compraron los terrenos sin saber, genuinamente, que estaban comprando tierras dentro de territorio protegido.

— De otro lado están quienes sí adquirieron las tierras con conciencia de la ilegalidad de la acción y como procede sacarlos sin derecho a nada pues...no han reaccionado de la mejor manera. A estas tres situaciones recién descritas hay que sumar, naturalmente, el reclamo de los pueblos indígenas históricamente excluidos que luchan por las tierras que por derecho les corresponden.

— Pero la cosa se complica más y ya lo habíamos advertido desde el 2016 cuando tras una serie de hechos violentos nuestro director escribió: “Recurro entonces a las autoridades... Sé que este Gobierno le ha entrado con todo a la Consulta Indígena - Costa Rica y que la viceministra Ana Gabriel Zúñiga Aponte ha trabajado fuerte en el tema. ¿Puede alguien en Gobierno CR darnos luz en este caso e informarnos qué fue lo que pasó a finales de setiembre así como cuál es la situación actual? Somos nosotros, los ciudadanos, los que pedimos se nos informe”.

— Naturalmente nadie nos dio luz y las versiones que hemos recibido desde entonces de distintos locales siguen siendo siempre encontradas. El propio Sergio Rojas no escapa a las polémicas pues algunos vecinos decían no sentirse representados por él e incluso algunos de sus opositores aseguran que si el Estado hubiera manejado con diligencia su caso estaría con vida (pero preso).

— Lo que agudiza el tema, nos dice Madrigal, es que aunque el Estado tiene la obligación de encargarse de sacar pacíficamente a las personas no indígenas que adquirieron las tierras sin dolo y de garantizar los derechos de la población indígena, en Salitre... parece que no hay Estado. Madrigal asegura que:

Es lamentable que no haya una claridad en cuanto a que esos territorios tienen medidas cautelares y que ni siquiera tengan un protocolo de qué hacer en caso de agresiones o cómo garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares que deben garantizar la vida y la integridad de las personas en esos territorios. Todo eso falta y es parte de la problemática de esos territorios y en parte esto ha propiciado la violencia puesto que los usurpadores se envalentonan cuando no son demandados en los tribunales, cuando no son sentenciados y esa sensación de impunidad ocasiona más acoso y más tensión en los territorios.

— Según señala el informe de ODHAIN “existe una ausencia de mecanismos específicos y especiales para manejo de conflictos en territorios indígenas que asuma una visión integral de la realidad y del derecho de estos pueblos” y “el Estado no ha cumplido el Protocolo que implementa las Medidas Cautelares Establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH ) número 321-12, del 30 de abril de 2015, con lo cual se podrían prevenir los actos de violencia que han producido y pueden seguir produciendo hechos lamentables”.

— Víctor nos detalla: “Nosotros estuvimos en el campamento de Térraba en Crun Shurín donde hay 17 familias acampadas y en la región de Salitre en otra recuperación que se llama Kapliña, donde se comprobó mucha tensión y ausencia de policías e incluso se oyen disparos en la noche, en Salitre especialmente. Hay inseguridad, detectamos un clima de mucha inseguridad y falta de confianza en la presencia policial”.

— El informe es indignante, en tanto agrega que “a pesar de las denuncias, después de 15 misiones del ODAHIN a las comunidades indígenas en conflictividad por tierra y territorio, no se perciben avances significativos para eliminar las raíces de la violencia, ni en el Saneamiento Territorial”.

— Según explica Madrigal ODHAIN comprobó que la única patrulla policial de la zona desconoce siquiera que exista un protocolo para atención de casos de violencia en territorio indígena, lo que contradice directamente las declaraciones oficiales del Gobierno después de la muerte de Sergio Rojas.

— Madrigal es enfático en que diferentes órganos académicos y de derechos humanos ya han señalado durante años que no ha habido castigo para las diferentes agresiones que han recibido los indígenas en la última década, por lo que la impunidad y la violencia han sido sistemáticas. De aquí que señale que el primer paso ahora es devolverle la confianza a los habitantes de la zona, que el Gobierno empiece a mandar señales claras de que el tema le importa:

En primer lugar habría que dar muestras efectivas de credibilidad de que al Estado, al Gobierno, efectivamente le ha dolido que se haya derramado sangre y que den entonces muestras fehacientes de que va a haber un cambio en la política, lamentablemente a este precio. Tendría que haber muestras efectivas de implementación de la ley y que se ejecuten los desalojos que están pendientes de ejecución.

— Lo que hace falta, dice el representante de ODAHIN y coordinador del programa de la UNA, es voluntad política:

Ha faltado voluntad política para hacer cumplir la ley. Los gobiernos, pero no solamente el actual, todos los anteriores no han hecho cumplir la ley porque no basta con integrar comisiones de diálogo, es necesario sanear el territorio y reubicar a estos señores, hacer el estudio que corresponda hacer para que, como dice la ley, un poseedor de buena fe que estuvo ahí antes de que se aprobara la ley o que no sabía de qué era el territorio, sea indenminzado; pero en realidad hay muchísimos de estos poseedores que no se ampararían en el principio de buena fe, pero el Estado costarricense a través del Poder Judicial, del Ejecutivo, del Legislativo, no se ha interesado por hacer cumplir la ley.

— La violencia en Salitre viene agudizándose desde el 2014 y todos lo sabemos. El problema es que además de saberlo el Estado no ha hecho mayor cosa... por eso es que ahora, con un muerto encima y la CIDH pisándonos los talones por incumplir (otra vez) sus disposiciones, es que al tema no se le puede perder ojo. Nosotros seguiremos atentos y les seguiremos informando.

Bonus track: Cindy Vargas Ortiz en Teclado Abierto: El asesinato de Sergio Rojas, más allá del tema de tierras.

Hidden track: En El País: El asesinato de un dirigente ambiental muestra la precariedad de la minoría indígena en Costa Rica.

Remix: Nos alegra que a pesar de todo esto también tengamos buenas noticias que nos recuerdan que cuando Coata Rica quiere, puede.

Esta nota es parte del Reporte: Salitre y Limón: los rostros de la falta de voluntad política.