Hace tres semanas, más de 220 profesionales de 16 países se reunieron en el Paraninfo Daniel Oduber de la UNED para compartir experiencias sobre implementación del Convenio MARPOL. Costa Rica lideró la participación con 70 asistentes. El mensaje fue claro: existen modelos probados, hay redes de cooperación disponibles, y la implementación gradual es viable.

Sin embargo, desde la aprobación legislativa en agosto, el proceso se ha detenido. Falta el paso final: la firma del Poder Ejecutivo y el depósito formal del instrumento de ratificación ante la Organización Marítima Internacional. Mientras esto no ocurra, Costa Rica permanece en un limbo que genera incertidumbre tanto para las autoridades portuarias como para los gobiernos locales que deben prepararse.

El foro del 4 de noviembre demostró que Costa Rica no está sola. Venezuela, Colombia, Chile y Panamá compartieron experiencias concretas. COCATRAM ofrece capacitación regional. La OMI tiene programas de asistencia técnica. La alianza UNED-CONSEMAR está lista para formar técnicos especializados. Las herramientas existen; solo falta activarlas.

Mientras tanto, la licitación de Puerto Caldera avanza. Esta es una oportunidad única para incorporar obligaciones ambientales en los nuevos contratos de concesión. Pero sin ratificación formal, ¿con qué marco normativo se negocian estas condiciones?

Los gobiernos locales de Puntarenas, Limón y otras comunidades portuarias también necesitan claridad para planificar. La gestión de residuos de buques no es solo tema de autoridades marítimas; involucra infraestructura municipal, servicios de recolección especializada y desarrollo económico local.

El foro cumplió su objetivo: poner el tema en la agenda y demostrar que la implementación es posible. Corresponde ahora al Poder Ejecutivo completar el proceso que la Asamblea Legislativa inició. La ratificación formal ante la OMI no es un trámite burocrático; es la señal que instituciones, gobiernos locales y sector privado esperan para comenzar a prepararse.

Las herramientas están sobre la mesa. La comunidad internacional observa. Costa Rica tiene ahora la oportunidad de transformar 25 años de espera en un compromiso concreto con sus océanos.

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