La diputada María Marta Carballo Arce del Partido Unidad Social Cristiana, presentó un proyecto de ley que pretende incorporar al Código de Familia una nueva causal de divorcio vinculada al incumplimiento del deber alimentario, es decir, situaciones en las que uno de los cónyuges desaparece de la vida familiar y deja de aportar para el sustento del hogar y de los hijos menores de edad o con discapacidad.

La iniciativa señala que el ordenamiento vigente reconoce al matrimonio como base de la vida en común y de la cooperación mutua, de acuerdo con el artículo 11 del Código de Familia. Sin embargo, expone que estos fines se ven afectados cuando uno de los contrayentes evita sus responsabilidades y resulta imposible localizarlo durante largos periodos. El proyecto afirma que, en tales casos, el vínculo conyugal deja de responder al espíritu de la norma, especialmente cuando están involucradas personas menores de edad.

La legisladora recordó que el deber alimentario es irrenunciable, personalísimo e imprescriptible, y que la legislación establece que la deuda por alimentos tiene prioridad frente a cualquier otra. También sostuvo que el Código Procesal de Familia contempla sanciones penales para quienes incumplan sus obligaciones de cuido o provoquen abandono material.

Según el texto, una de las dificultades actuales radica en la imposibilidad de avanzar en un proceso de divorcio cuando la parte demandada no puede ser localizada. El proyecto menciona que los mecanismos de notificación previstos en la Ley de Notificaciones Judiciales y en el Código Procesal de Familia no cubren situaciones en las que no existe un domicilio habitual actualizado o en las que se desconoce el paradero del cónyuge ausente.

El proyecto plantea agregar un inciso 9 al artículo 48 del Código de Familia, de forma que el incumplimiento alimentario entre los cónyuges o del padre o madre respecto a sus hijos menores de edad o con discapacidad, por un plazo no menor a un año, se convierta en causal de divorcio.

Además, propone incluir un inciso 4 en el artículo 87 del Código Procesal de Familia. Ese cambio permitiría notificar por edicto, una sola vez en un medio de comunicación nacional, cuando la persona demandante haya intentado sin éxito localizar al cónyuge durante un periodo de al menos un año y no existan bienes gananciales en disputa. Tras un mes desde la publicación del edicto, el juez podría declarar disuelto el matrimonio.

Carballo señaló en la exposición de motivos que la reforma busca ofrecer una salida legal a quienes permanecen “atados” a un vínculo matrimonial inviable debido a la ausencia prolongada del otro contrayente.

Oposición acusa al Gobierno de excluir a radios locales en subasta de frecuencias

Varios diputados de oposición criticaron en el Plenario Legislativo la subasta de frecuencias del espectro radioeléctrico convocada por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), al advertir que los costos del concurso impedirán la participación de emisoras locales y podrían forzar su cierre. Según afirmaron, la medida afecta la libertad de expresión y refleja una relación tensa del Gobierno con medios críticos.

A solicitud de la diputada independiente Kattia Cambronero Aguiluz, el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez abrió un espacio de 30 minutos de discusión sobre el tema, en el que intervinieron tanto congresistas del oficialismo como de oposición.

La diputada independiente Johana Obando Bonilla alertó que "acallar a medios de comunicación locales y a la oposición son los principios de una dictadura", mientras que la legisladora del PLN, Dinorah Barquero, señaló que a través de una subasta se estaba violentando la libertad de prensa y la libertad de expresión.

Aquí hay un interés de ponerle un bozal a la democracia costarricense. Con esto lo que se quiere hacer es silenciar al pueblo de Costa Rica".

Diputados oficialistas como Daniel Vargas Quirós y Manuel Morales Díaz defendieron el proceso y dijeron en el Plenario que se trata de un ejercicio democrático que promueve la libertad de expresión, postura que generó cuestionamientos entre otras bancadas.

La vicepresidenta del Congreso y diputada del PUSC, Vanessa Castro Mora, afirmó:

Tenemos que tener muy claro que la radio y la televisión de la que estamos hablando es de acceso gratuito, que llega a todos los rincones (…) La radio y la televisión son herramientas democráticas".

La diputada Daniela Rojas Salas, del PUSC, agregó que no es ningún secreto que el actual gobierno ha tenido una actitud absolutamente hostil con los medios de comunicación y hacia periodistas.

Y no vengan a confundir a la población sobre el canon que debe pagarse anualmente, que, dicho sea de paso, fue la Asamblea Legislativa la que lo puso sobre la mesa".

El legislador verdiblanco Danny Vargas afirmó que actores internacionales ya observan con atención las repercusiones del proceso en la libertad de expresión.

Durante el debate legislativo, la jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, calificó de ladrones y desvergonzados a responsables de radioemisoras y televisoras que, según dijo, dejarían de operar por no poder asumir los costos de la subasta.

Cisneros afirmó que estas industrias se acostumbraron a 70 años de prórrogas automáticas.

A robar, desvergonzados. ¿Sabe cuánto pagan, por 70 años, una radio AM? 10 colones por día. ¿Una FM? 16 colones al día. ¿Y las televisoras nacionales, que hacen platales? 350 colones al día. Ladrones, desvergonzados".

La diputada añadió que empresarios de radio y televisión les doblaron los brazos a legisladores del PLN, PUSC y PAC en el pasado, "que nunca se atrevieron a poner orden en 70 años", y señaló a Sutel —y no al Ejecutivo— por la fijación de los costos del concurso, los cuales, indicó, corresponden a permisos por 25 años de operación.

La recepción de ofertas para participar en la subasta cerró el 21 de noviembre, según el pliego de condiciones. El cartel fija un precio base de 1,6 millones de dólares para canales de televisión con cobertura nacional. En el caso de la frecuencia modulada (FM), la base es de 193.051 dólares para 200 kHz y de 386.102 dólares para 400 kHz.

En medio del debate originado por la subasta, el presidente Rodrigo Chaves convocó a un encuentro con emisoras, aunque únicamente invitó a medios católicos y evangélicos.

Breves

Este lunes no se votaron proyectos de ley.

Proyectos dictaminados

Este lunes no se reportaron proyectos dictaminados en las comisiones.

Leyes publicadas

Este lunes no se publicaron nuevas leyes en La Gaceta.