Hablar de violencia obstétrica es hablar de una herida silenciosa y normalizada en nuestra sociedad. Es hablar de mujeres que llegan a un hospital para dar vida y terminan siendo despojadas de su dignidad y de su integridad. En pleno 2025, este sigue siendo un tema ausente en la agenda pública de derechos humanos, pese a las múltiples denuncias y testimonios que lo evidencian.

La violencia obstétrica no es un hecho aislado ni una “mala experiencia” individual; es una manifestación estructural de desigualdad y poder. Duele reconocerlo, pero en muchos servicios de salud persisten prácticas que vulneran los derechos más básicos tales como las episiotomías sin consentimiento; técnicas prohibidas como es el caso de la maniobra de Kristeller; comentarios humillantes, violentos y groseros; y la indiferencia ante las necesidades de las mujeres y sus infantes. Todo ello deja graves huellas físicas y emocionales que trascienden el momento del parto.

En mi reciente libro Violencia Obstétrica desde la perspectiva de los Derechos Humanos y testimonios de mujeres sobrevivientes, quise documentar esa realidad que tantas veces se ignora. Las voces de las mujeres que participaron en el libro no solo relatan dolor, sino también esperanza: la esperanza de que contar lo vivido sirva para transformar la forma en que se atienden los nacimientos, así como la atención antes y después del parto.

Sin embargo, la pregunta sigue en pie: ¿Cómo puede un Estado que se dice garante de derechos humanos permitir que tantas mujeres sigan siendo violentadas al parir? El silencio institucional y la falta de políticas públicas con enfoque de género perpetúan la impunidad.

Erradicar la violencia obstétrica requiere voluntad política, educación humanizada y, sobre todo, empatía. No se trata de pedir privilegios, sino de exigir respeto. Parir sin miedo, ser escuchadas y acompañadas son derechos, no favores ni tampoco lujos.

El nacimiento debería ser un acto de amor y respeto. Mientras eso no sea una realidad para todas, la violencia obstétrica seguirá siendo una deuda pendiente en materia de derechos humanos.

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