Universidad advierte que la falta de recursos limita el trabajo del SINAC y debilita la capacidad de control, vigilancia y respuesta ante amenazas ambientales

El déficit presupuestario y la reducción de personal en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) están afectando de forma significativa la capacidad operativa para proteger los ecosistemas del país, según un análisis de la Cátedra de Políticas de Conservación de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

El encargado de la cátedra, Allan Josué Fernández Hernández, explicó que la disminución de recursos se traduce en una menor presencia de funcionarios en el campo, lo que provoca un “fuerte debilitamiento en las acciones de control, vigilancia y respuesta ante amenazas como la cacería, la tala ilegal, la contaminación o las ocupaciones no autorizadas”.

Fernández señaló que el recorte presupuestario también limita la investigación, el monitoreo y el mantenimiento de infraestructura, afectando la seguridad tanto del personal como de los visitantes. “Cuando las estaciones de guardaparques, senderos o servicios básicos no reciben mantenimiento adecuado, la efectividad de manejo de las áreas protegidas se ve comprometida”, agregó.

Turismo y presión ecológica

El académico advirtió que la masificación turística en parques nacionales está generando presiones directas sobre la integridad ecológica y los servicios ecosistémicos. El incremento desmedido de visitantes provoca erosión de suelos, pérdida de cobertura vegetal y altera el comportamiento de especies como el mono carablanca (Cebus imitator) y el mapache (Procyon lotor), que se han habituado al contacto con personas y a recibir alimentos.

Fernández subrayó la necesidad de respetar los estudios de capacidad de carga y aplicar los planes de manejo basados en criterios científicos, con zonificaciones claras que definan los espacios destinados al turismo y aquellos que deben mantenerse bajo protección estricta.

El estudio de la UNED también advierte que el cambio climático agrava las amenazas a la integridad de las áreas silvestres protegidas. En zonas costeras, el aumento del nivel del mar, la erosión y los cambios en la temperatura del agua reducen los hábitats disponibles; mientras que en ecosistemas terrestres, los deslizamientos, la pérdida de cobertura vegetal y las variaciones en la precipitación alteran la dinámica de las especies.

“Los impactos climáticos no se limitan a los límites geográficos de cada parque. La resiliencia ecológica depende de la conectividad con las zonas aledañas”, recordó Fernández.

Financiamiento y coordinación

Para garantizar la sostenibilidad del SINAC, el académico planteó reforzar el financiamiento público y complementarlo con mecanismos como los pagos por servicios ambientales, fideicomisos ambientales y alianzas público-privadas. “El financiamiento estatal debe ser la base sobre la cual se construyan estrategias complementarias”, afirmó.

Fernández destacó además la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional y la relación con las comunidades locales. “La gestión de las áreas protegidas trasciende las capacidades de una sola institución. Involucrar a las comunidades en procesos de educación ambiental genera sentido de pertenencia y las convierte en aliadas clave para prevenir amenazas como la deforestación, la cacería o la minería ilegal”, concluyó.