Costa Rica llega a 2025 con una foto fiscal menos asfixiante que en la pospandemia, pero con un dilema de fondo: ¿cómo sostener la inversión social -educación y salud (CCSS)- mientras honramos la deuda y preservamos la credibilidad externa? La respuesta no es binaria. Es “sí, invertir”, y “sí, ordenar las finanzas”, al mismo tiempo.

El dato frío primero: la relación deuda/PIB bajó a 57,7% a mayo de 2025, 2,1 puntos menos que al cierre de 2024; además, el país registró superávit primario y moderó el costo de intereses respecto al año pasado. Son señales de disciplina que el propio FMI reconoce al ubicar la deuda por debajo del 60% del PIB tras una reducción de 8 puntos desde 2021.

Pero esa mejora convive con dos realidades que no admiten maquillaje. La primera: el pago de intereses sigue siendo oneroso (₡1,11 billones al 2.º trimestre, cerca de 2,2% del PIB en el período), recursos que no van a aulas ni a EBAIS. La segunda: el gasto social como proporción del PIB cayó a 8,5%, su nivel más bajo de la década. Es decir, mientras ajustamos, invertimos menos en la gente.

A eso se suma una deuda histórica del Estado con la CCSS que supera ₡4,4 billones (solo con el SEM pasó de 1,1% del PIB en 2008 a 7% en 2024). Una CCSS desfinanciada no es una abstracción contable: significa listas de espera más largas, infraestructura envejecida y presión sobre el personal sanitario.

El Programa Estado de la Nación lleva años advirtiendo que el desarrollo humano se estanca si se desinvierte en capital humano. En 2025, el Estado de la Educación alerta que, sin acciones inmediatas, la brecha con la OCDE se amplía y compromete la próxima década. Es imposible defender la sostenibilidad democracia con escuelas y colegios debilitadas.

De esta evidencia se desprende una agenda mínima y realista:

  1. Regla de oro social: proteger (y gradualmente elevar) el gasto en educación y salud como porcentaje del PIB, con metas plurianuales ancladas en productividad y resultados (deserción cero en secundaria inferior; tiempos máximos de espera en cirugías y consulta especializada).
  2. Saneamiento de la CCSS: acordar un plan verificable de pago de la deuda del Estado con hitos semestrales y candados presupuestarios. Sin CCSS sólida no hay crecimiento sostenible ni paz social.
  3. Crédito con propósito: cada dólar del BM/BID o emisiones externas debe atarse a proyectos bancables con tableros públicos de ejecución (escuelas seguras y conectadas, EBAIS ampliados, digitalización clínica, compra estratégica de medicamentos). La buena gestión del crédito es tan importante como su costo.
  4. Eficiencia y crecimiento: persistir en la consolidación ordenada (que ya rindió frutos en deuda/PIB), pero cuidando el motor de la inversión pública que eleva productividad y empleo. La OCDE prevé crecimiento, pero lo condiciona a inversión y reformas pro-competencia.

En síntesis: un país sin salud y con mala educación no solo fracasa; se vuelve vulnerable a la antipolítica. La sostenibilidad fiscal no es el fin, es el medio para sostener derechos. Nuestro contrato republicano exige pagar lo que debemos, invertir en la gente y ejecutar con excelencia. La aritmética cierra si la política prioriza.

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