Cerca de 300 mujeres entregaron un informe que señala limitaciones en la capacidad del Inamu para garantizar políticas efectivas de igualdad y atención a la violencia de género.

Alrededor de 300 mujeres de todo el país presentaron al Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) el Informe Nacional de Auditoría Social, resultado de un proceso de vigilancia ciudadana desarrollado entre mayo de 2024 y mayo de 2025. La iniciativa reunió las voces y propuestas de mujeres indígenas, afrodescendientes, rurales, costeras, migrantes, con discapacidad, trans, jóvenes y adultas mayores.

La auditoría, impulsada por mujeres organizadas, busca fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la defensa de los derechos de las mujeres en Costa Rica.

Entre los hallazgos del informe destacan:

  • Debilitamiento institucional: el Inamu enfrenta "limitaciones políticas, presupuestarias y de coordinación" que afectan su rol rector en materia de igualdad de género.
  • Servicios desiguales y centralizados: la auditoría subrayó que los programas no llegan a todas las regiones, lo que profundiza brechas territoriales y sociales.
  • Violencia en aumento: entre 2007 y 2024 se registraron 505 femicidios. La auditoría denuncia además la falta de datos específicos sobre "violencias y muertes en territorios indígenas, lo que invisibiliza sus realidades".
  • Diversidad poco atendida: mujeres indígenas, afrodescendientes, rurales, migrantes, con discapacidad y LBTIQ+ siguen encontrando barreras para acceder a servicios y políticas públicas.
  • Auditoría social como herramienta permanente: la organización de las mujeres se evidenció como un mecanismo clave de fiscalización que debería consolidarse de manera estable.

Uno de los señalamientos más fuertes realizados por este grupo de mujeres corresponde a que:

Aunque la violencia y los femicidios golpean con crudeza, lo más grave está en la reorganización y regionalización institucional: la reorganización ha significado trasladar la rectoría hacia la gestión de servicios y no hacia la conducción de políticas públicas, debilitando el liderazgo del Inamu en la defensa de los derechos de las mujeres".

El informe concluye con un llamado a dotar al Inamu de mayor jerarquía, recursos y poder vinculante, para asegurar políticas públicas coherentes, articuladas y con enfoque de derechos humanos e interseccionalidad.

Finalmente, desde el esfuerzo ciudadano enviaron un mensaje:

Las mujeres no aceptamos retrocesos en nuestros derechos. Queremos un Inamu fuerte, servicios permanentes y políticas que protejan nuestra vida y dignidad”.