En Costa Rica trabajan 2.23 millones de personas en 92 mil empresas, de las cuales el 84% tiene menos de 10 trabajadores y la mayoría se concentra en el área metropolitana de San José. Existe una marcada diferencia entre la participación laboral de los hombres (61%) y las mujeres (39%). Además, persiste una alta informalidad laboral (38% en hombres y 37% en mujeres). En cuanto a la cobertura frente a riesgos del trabajo, en 2024 había 1.500.263 personas aseguradas, lo que significa que casi 3 de cada 10 ocupados no cuentan con esta protección social.
Entre quienes sí están cubiertos, en 2023 casi 9 de cada 100 padecieron una lesión por accidente de trabajo, que les obligó a ausentarse y recibir atención médica (en los informales no sabemos lo que ocurre). La buena noticia es que la incidencia de lesiones por accidentes de trabajo ha descendido alrededor de un 7% en los últimos 10 años (de 8,4%, en 2017, a 7.8% en 2023); la mala es que, en promedio, casi una persona muere cada día en Costa Rica por lesiones derivadas del trabajo, ya sea en el propio centro laboral o en el trayecto.
Las condiciones de trabajo relacionadas con estas lesiones y enfermedades son relativamente conocidas, pues en el país se han realizado encuestas de condiciones de trabajo en 2011 y 2018, lo que ha permitido monitorear el impacto de las políticas públicas de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, es urgente llevar a cabo una tercera encuesta que actualice la información sobre lo que sucede en los lugares de trabajo y permita analizar la evolución de la exposición a factores de riesgo laborales, ya sean higiénicos (ruido, inhalación de productos tóxicos, contacto con material infectado, etc.), ergonómicos (posturas forzadas, manipulación de cargas, etc.) o psicosociales (largas jornadas de trabajo, ritmo elevado, etc).
Estos datos se recogen en el informe de Estadísticas de Salud Ocupacional 2024, impulsado por el Consejo de Salud Ocupacional de Costa Rica. Asimismo, en 2021 se elaboró el Perfil Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en un trabajo colaborativo entre la Universidad Nacional (UNA) y el Centro de Investigación de la Universidad Pompeu Fabra (España); ambos son de gran valor, pues permite comparar con otros países de la región, pero ahora requieren actualización.
De acuerdo con el Índice ECoTES, que mide el desempeño de los países de la región iberoamericana en materia de seguridad y salud en el trabajo, y que se presentó el 1 de octubre en la Universidad Nacional, Costa Rica obtiene una puntuación de 0.44 (en una escala de 0 a 1), valor que la sitúa por debajo del promedio regional. Esto muestra que existe un amplio margen de mejora en distintos aspectos evaluados por el índice en su informe 2025, y que volverán a medirse en 2026.
En resumen, no debemos olvidar que la prevención para eliminar o controlar la exposición a los riesgos laborales debe realizarse en los lugares de trabajo. Son las empresas las que deben actuar sobre el origen de esos riesgos y, en la medida de lo posible, eliminarlos y capacitar a las y los trabajadores para adoptar conductas seguras. Por supuesto, con el acompañamiento de las instituciones públicas competentes. Para ello, resulta esencial contar con información confiable; en este sentido, los registros administrativos y las encuestas de condiciones de trabajo, empleo y salud periódicas son herramientas fundamentales porque permiten conocer la situación de quienes no están cubiertos por el seguro de riesgos del trabajo.
Disponer de esta información es clave para afrontar los retos que Costa Rica encara en materia de salud ocupacional, y esta es una dimensión esencial para la economía y la cohesión social del país, en concordancia con el Objetivo 8 de la Agenda de Desarrollo Sostenible.
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