El día de ayer la Rectoría UCR insistió en no cobrar salarios pagados de más al personal de la institución.

El exrector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Gustavo Gutiérrez Espeleta, emitió este miércoles un comunicado en el que desmiente a la actual Rectoría, tras el pronunciamiento divulgado ayer en el que se atribuyó a su gestión el incumplimiento de una disposición de la Contraloría General de la República (CGR) sobre los cobros por pagos de más en el régimen de dedicación exclusiva.

En el comunicado, Gutiérrez, quien asumió la Rectoría de la UCR en 2021, recordó que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas entró a regir el 4 de diciembre de 2018, y desde entonces se obligaba a la Universidad de Costa Rica y a todo el sector público, a acatar sus reformas en materia de empleo público, y añade:

Esta ley debió aplicarse desde diciembre de 2018 en todos sus extremos, pero la administración del Dr. Henning Jensen y la de transición del Dr. Carlos Araya no lo hicieron en varios componentes salariales”.

Dato D+: Carlos Araya Leandro fue vicerrector de Administración de la UCR de 2012 a 2020, y fue rector interino del 4 de mayo al 31 de diciembre del 2020, y asumió como rector el 1 de enero de 2025.

Gutiérrez recordó que en noviembre de 2023, la Contraloría emitió un informe de auditoría sobre el cumplimiento de la UCR a las disposiciones contenidas en el Título III de la Ley 9635, en el cual encontró que en la institución no se había cumplido con lo establecido en la ley desde el 2018, en tanto los contratos de dedicación exclusiva no fueron ajustados al plazo de vigencia de 5 años, ni tampoco al porcentaje de compensación por ese rubro del 25%. Además, el informe concluyó que no se había aplicado el tope salarial de 5.740.000 y que varios incentivos salariales no fueron nominalizados.

El exrector añadió:

Si algo demuestra el informe de la CGR, es que fue mi administración la que heredó las consecuencias de los ajustes que no se hicieron en 2019 ni 2020, en las administraciones del Dr. Henning Jensen y del Dr. Carlos Araya”.

Gutiérrez explicó que desde su administración se tomaron las medidas requeridas para cumplir la disposición 4.4 del informe DFOE-CAP-IAD-00009-2023 de la Contraloría, entre ellas:

  • El análisis realizado por la Oficina de Recursos Humanos de aquellos casos en los que se reconocieron pagos por conceptos de incentivos no nominalizados y remuneraciones superiores al tope de ley (oficio R-5204-2024).
  • La hoja de ruta legal a seguir, sobre los casos en los que se reconocieron pagos por conceptos de incentivos no nominalizados y remuneraciones superiores al tope de ley (oficio R-6153-2024).
  • El ajuste de todos aquellos salarios que, en el momento, superaban el tope de ley (R-7210-2024).

En su comunicado, el exrector aclaró que, a finales del 2024, a solicitud de la Oficina de Recursos Humanos se pidió un plazo adicional para terminar de cumplir con la disposición 4.4, el cual fue extendido hasta julio de este año, plazo que según la Contraloría Araya Leandro incumplió.

Además, Gutiérrez pidió al actual rector "que también publique en los medios institucionales, de forma transparente, el contenido íntegro del oficio DFOE-SEM-1565 de la Contraloría General de la República, donde se detallan las razones por la que se le responsabiliza a usted, en su carácter personal, del incumplimiento de la disposición 4.4".

Dato D+: El oficio DFOE-SEM-1565 de la Contraloría General de la República puede accederse en este enlace.

Adicionalmente, el exrector cuestionó que el comunicado de la Rectoría atribuya a la actual administración el cumplimiento de la disposición 4.5 del mismo informe, cuando más bien la Contraloría dio por cumplida esa disposición gracias los informes presentados durante el 2024, durante su administración como rector:

La actual rectoría procura inducir a error a la comunidad universitaria, acreditándose el cumplimiento de esta disposición. No es más que un intento bofo, debido a que el propio oficio del órgano contralor evidencia que fue mi administración la que cumplió lo determinado por la Contraloría General de la República”.

Gutiérrez sentenció:

Lo que sí heredamos, a la Administración del Dr. Araya Leandro, fue el cumplimiento de la disposición 4.5 y la ruta legal para cumplir con la disposición 4.4".

Gutiérrez finalizó su comunicado señalando "ocupar el cargo de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica demanda honrarlo lucem auspicio, con responsabilidad y procurando la verdad, sin alterarla. Requiere también decisiones que, aunque no sean populares, se adecuen al marco legal y constitucional, para no comprometer ni exponer a la institución".