Existe en estos momentos en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley (expediente 24.738) que, al mejor estilo de los combos que caracterizan a muchos proyectos de ley, pretende darle financiamiento a las redes de monitoreo sísmico, volcánico, tectónico, y meteorológico del país, utilizando los méritos de una institución, para “meter en un mismo saco” a otras instituciones, sin revisar antecedentes.
Por casi 20 años, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, de la Universidad Nacional (OVSICORI-UNA), la Red Sismológica Nacional y el Laboratorio de Ingeniería Sísmica, de la Universidad de Costa Rica (UCR), y el Instituto Meteorológico Nacional, del Ministerio de Ambiente y Energía, recibieron miles de millones de colones, cada una, del superávit de las instituciones públicas. Fue como un reconocimiento a la labor de monitoreo e información que venía haciendo el OVSICORI-UNA que la Asamblea Legislativa aprobó el financiamiento al Observatorio, en un artículo transitorio en la Ley de Emergencias.
Luego, las otras instituciones se aprovecharon de esa situación y se les fueron incluyendo en ese transitorio. Ahora, vencido el plazo del Transitorio, se quiere, sin ninguna evaluación, ni auditoría sobre la forma en que se invirtieron esos miles de millones de colones, recibidos por las instituciones de monitoreo, aprobar una ley en la que se financiaría, con fondos de los contribuyentes, a esas instituciones, en mi opinión, aprovechándose nuevamente del prestigio ganado por el OVSICORI-UNA.
Lo correcto, también en mi opinión, es que se analice para cada institución, los aportes que han dado al país, cómo han invertido los recursos recibidos, si realmente han utilizado esos recursos para las redes o sí por incapacidad de ejecución, los han guardado, acumulando suficiente dinero para operar, como lo han hecho, por muchos años más.
El espíritu del financiamiento a las redes fue aportar recursos para cubrir los costos de la parte instrumental y de materiales para renovar y construir esas redes; a cambio las instituciones aportarían, como contrapartida, los salarios del personal necesario para dar el servicio. Es así como la Universidad Nacional, con fondos del FEES ha contribuido con los salarios de una veintena de personas funcionarias, con lo cual pudo invertir todo el dinero en la construcción de las redes de monitoreo sísmico, volcánico y tectónico. Contar con todo ese personal le permitió al OVSICORI-UNA utilizar todo el dinero recibido.
Por la construcción de esas redes densas de observación y la contrapartida de la UNA, es que el OVSICORI-UNA tiene capacidad de, por ejemplo, ubicar alrededor de 1300 sismos que ocurren en el país por mes y brindar informes diarios del estado de los volcanes activos de Costa Rica. Es así como se convirtió en el referente en asuntos de actividad sísmica. Esta ha sido no solo una excelente inversión, sino que se ha dado respetando toda la normativa y existen registros claros que pueden ser auditados en cualquier momento.
De nuevo, antes de aprobar el combo de financiamiento para las redes de monitoreo, las personas diputadas deberían pedir cuentas sobre cómo se invirtieron los miles de millones recibidos y sí vale la pena que los contribuyentes financiemos a dos instituciones para hacer lo mismo, aunque la RNS, con los mismos recursos, no produce ni el 25% de lo que produce el OVSICORI-UNA y no aporta ni el 25 % de contrapartida que aporta la UNA.
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