La reforma eleva a 1% del padrón las adhesiones para inscribir partidos, y fija causales de cancelación si no alcanzan 2% de votos.

El diputado del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Daniel Vargas Quirós, presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 25.229) que propone endurecer los requisitos de inscripción y permanencia de los partidos políticos mediante reformas a los artículos 55, 60 y 68 del Código Electoral (Ley 8765).

Actualmente, el artículo 60 del Código Electoral exige 3.000 adhesiones para inscribir un partido nacional, 1.000 para uno provincial y 500 para un partido cantonal. La propuesta sube ese requisito a un 1% del padrón, según el ámbito territorial de inscripción (nacional, provincial o cantonal).

Dato D+: el 1% del padrón electoral nacional en 2024 correspondía, aproximadamente, a 35.000 personas. El padrón para las elecciones de 2026 cerró el pasado 1 de octubre, pero el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) todavía no ha informado la cantidad final de votantes inscritos.

Adicionalmente, el proyecto propone modificar el artículo 68 del Código Electoral, que actualmente establece que los partidos inscritos pierden esa condición cuando "no obtengan, en la elección respectiva, un número de votos válidos igual o superior al número de adhesiones exigidas en este Código".

La iniciativa introduce como causales para cancelar la inscripción de un partido político si este no participa en las elecciones correspondientes, o no renueva su estructura interna en cinco años, además, según su ámbito territorial, se cancelaría su inscripción si no llega a un mínimo de votación establecida de la siguiente manera:

  • Partidos nacionales: no alcanza 2% de votos válidos para Presidencia, no obtiene al menos una diputación y no llega a un 2% del total nacional de votos válidos para diputaciones.
  • Partidos provinciales: no obtiene al menos una diputación y no alcanza el 2% de votos válidos para diputaciones en su provincia.
  • Partidos cantonales: se cancelará si no llega a 2% de votos válidos para alcaldía, no logra al menos una regiduría o una sindicatura, y no supera el 2% de votos válidos para regidurías y para sindicaturas en el cantón.

Dato D+: en las elecciones nacionales de 2022 19 de los 25 partidos políticos que inscribieron candidaturas presidenciales no alcanzaron el 1% de los votos válidos, y de los 36 partidos que presentaron candidaturas a la Asamblea Legislativa, solo seis lograron tener representación legislativa.

Adicionalmente, para los partidos nacionales y provinciales, la iniciativa establece que si se les debe cancelar la inscripción, pero tienen autoridades electas a nivel municipal, la cancelación regirá cuando las personas nombradas concluyan su periodo.

La exposición de motivos justifica la modificación, señalando:

El limitar el número de partidos políticos que tengan la posibilidad de participar en la elección, a partir de su grado de representatividad para la población, significa contar con una oferta electoral más atinente a la realidad del país. Esto no imposibilita una pluralidad de representación, pero sí filtra aquellas agrupaciones que no obtienen un mínimo de apoyo y que se posicionan muy lejos de obtener una representación en cargos públicos”.

El texto añade:

La cancelación de partidos políticos con un muy reducido apoyo electoral y la ampliación de adhesiones para crear partidos nuevos, incentiva a las agrupaciones a consolidar su base de apoyo y a fusionarse o reorganizarse si no logran el respaldo necesario. Ello es una forma de asegurar que los partidos con una mínima vitalidad política perduren como entidades representativas y canalizadoras”.

El texto también establece que, una vez que un partido político sea cancelado, ninguna otra agrupación podrá inscribir por 16 años un nombre, divisa o el lema que sea igual o similar al del partido fenecido.

El proyecto ahora deberá ser asignado a una comisión legislativa para iniciar su trámite ordinario. Por tratarse de materia electoral, si el TSE objeta el expediente, este no podrá convertirse en ley hasta cuatro meses después de que finalice la próxima elección nacional.