El texto propuesto fue originalmente presentado ante el Departamento de Participación Ciudadana por el periodista de Delfino.cr Luis Manuel Madrigal.

El diputado oficialista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Jorge Antonio Rojas López, presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 25.252) denominado Ley para la Protección de la Función Legislativa y Sanción de la Obstrucción y la Falsedad ante la Asamblea Legislativa, propuesta que nació de una iniciativa presentada por el periodista de Delfino.cr, Luis Manuel Madrigal ante el Departamento de Participación Ciudadana.

El proyecto pretende dotar al ordenamiento jurídico costarricense de herramientas penales eficaces para proteger el correcto funcionamiento de la Asamblea Legislativa, en especial frente a conductas que obstruyen sus labores o menoscaban su potestad legisladora, fiscalizadora y de control político.

Según la exposición de motivos, las modificaciones propuestas se justifican porque "se ha observado con creciente preocupación cómo testigos, funcionarios públicos y particulares (algunos en posición de poder) comparecen ante la Asamblea Legislativa o sus comisiones investigadoras sin el debido respeto al principio de veracidad, ocultando información, negándose a colaborar, presentando documentos incompletos o incluso incurriendo en falsedades".

El texto detalla que el ordenamiento jurídico vigente no contempla tipos penales específicos para sancionar la obstrucción o el falseamiento deliberado de la verdad ante la Asamblea Legislativa. A pesar de que el Código Penal sanciona el falso testimonio, no extiende de manera expresa esa protección a los procedimientos legislativos, y añade:

Este vacío legal no solo debilita la función parlamentaria, sino que desincentiva la transparencia y permite márgenes de impunidad incompatibles con los principios republicanos".

La iniciativa añade un párrafo final a los artículos del Código Penal que tipifican los delitos de coacción; amenazas agravadas; desobediencia; perjurio; falso testimonio; amenaza al denunciante o testigo; ofrecimiento de testigos falsos; favorecimiento personal; falsificación de documentos públicos y auténticos; supresión, ocultación y destrucción de documentos; y falsedad ideológica en certificados médicos, que diría:

Igual pena se impondrá a quien cometa el hecho punible para compeler a una persona a alterar la verdad de un testimonio, declaración, manifestación o colaboración ante la Asamblea Legislativa o sus comisiones".

Los delitos incluidos tienen penas de prisión que van desde los 6 meses y hasta los 5 años, dependiendo del delito, y la iniciativa introduce un agravante que aumentaría la pena en un tercio si la persona que comete el delito es funcionaria pública, o si la conducta obstruye investigaciones relacionadas con delitos de corrupción, crimen organizado o violaciones graves a derechos humanos.

El proyecto obliga a recibir juramento o promesa de decir la verdad en las interpelaciones que realice el plenario legislativo, así como en las comparecencias que realicen las comisiones legislativas en el trámite de expedientes de investigación, y establece que si la persona se niega a jurar o prometer, se configuraría el delito de desobediencia.

La iniciativa fue presentada con la firma de respaldo de los diputados independientes Luis Diego Vargas Rodríguez, electo por el Partido Liberal Progresista (PLP) y Gilberth Jiménez Siles, electo por el Partido Liberación Nacional (PLN), así como de Rocio Alfaro Molina, Antonio Ortega Gutiérrez, Jonathan Acuña Soto y Priscilla Vindas Salazar del Frente Amplio (FA) y David Segura Gamboa de Nueva República (NR). 

El expediente ahora deberá ser asignado a una comisión legislativa para iniciar su trámite ordinario.